Jocelyn Barrios, derecha, abraza a su bebé mientras el contratista Arnold Drennen le explica cómo funciona un monitor de radón gaseoso durante la instalación de un sistema de mitigación que su compañía hizo en el hogar de Barrios en Fort Collins. Fotografías de Joe Mahoney / enviado especial de The Colorado Trust
Cuando Jocelyn Barrios y su esposo finalmente reunieron suficientes recursos en 2015 para poner un enganche y comprar una casa en Fort Collins, los resultados inquietantes de una prueba de radón terminó en último lugar en su lista de pendientes.
Barrios estaba reestableciendo su carrera como maestra en Estados Unidos después de trabajar en Alemania y su esposo estaba buscando un trabajo de tiempo completo. Con el enganche y la mudanza y la lista de reparaciones, el costo de más de $1,000 por el trabajo para mitigar los efectos del radón estaba fuera de su alcance.
Pero el embarazo tiene una forma de centrar la mente y fortalecer el nido. “Quería que se resolviera”, dijo Barrios, quien la primavera pasada estuvo preparándose para recibir a su primer hijo. “Escuchas que el radón puede causar cáncer y la habitación del bebé tiene acceso al semisótano, así que a mí me parecía que era el cuarto que tendría los niveles más altos [de radón]”.
Barrios empezó a buscar por internet préstamos con intereses bajos o subsidios. Encontró a LIRMA (por sus siglas en inglés), el programa de Asistencia con la mitigación del radón para personas con bajos ingresos en Colorado. Cada año, el programa cubre el costo total del trabajo de mitigación para hasta 100 familias que cumplan con los requisitos federales de bajos ingresos.
Barrios llegó al hospital con contracciones el último día que el programa de LIRMA hubiera aceptado el comprobante de sus ingresos. Pero el estado le envió recordatorios por correo electrónico y extendió su fecha límite; a principios de julio, un equipo de contratistas privados estuvo ocupado trabajando en el semisótano y las paredes exteriores de la casa de Barrios para instalar barreras contra el aire y ventiladores de succión que disipan las emisiones leves de radón a un conducto de ventilación inofensivo. Los contratistas llegaron a las 9 de la mañana y se fueron a la 1 de la tarde.
“Si puedo prevenir que nuestro pequeño esté expuesto, eso quiero hacer”, Barrios dijo.
El programa de LIRMA es un pequeño pero tangible paso hacia la equidad en salud medioambiental que disminuye la brecha causada por las realidades geográficas específicas de Colorado y las económicas en general.
La tierra en Colorado contiene un nivel natural más alto de materiales radioactivos que la de muchos otros estados; las partículas de uranio emiten niveles insalubres de radón gaseoso en hogares ubicados desde la Ladera Occidental hasta la Cadena Frontal. Aunque el uranio en descomposición es invisible y no tiene olor, la amenaza que representa para las familias es totalmente real. La Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de EE. UU. identifica al radón como la segunda causa principal del cáncer pulmonar, después de fumar cigarrillos. La combinación del humo de segunda mano con el radón gaseoso aumenta enormemente el peligro. El radón causa alrededor de 21,000 muertes al año en EE. UU.; cerca de 2,900 de esas muertes suceden entre personas que nunca fumaron, según dice la EPA.
“La exposición al radón causa más muertes al año que los incendios, el cáncer relacionado con el asbesto y el envenenamiento con monóxido de carbono, [pero] no es tan reconocida como esos otros peligros residenciales”, investigadores de la Universidad de Indiana escribieron en un informe sobre el radón y la economía.
Los niveles de radón que alcanzan más allá de 4 picocuries por litro (pCi/l) de aire dentro del hogar pueden, a lo largo del tiempo, causar tasas más altas de cáncer pulmonar y otras enfermedades en los habitantes, según la EPA. (La Organización Mundial de la Salud establece un límite aún más bajo y dice que los niveles por encima de 2.7 pCi/l son demasiado altos.)
Para las familias, los costos necesarios para evaluar los niveles de radón y mitigar su impacto representan una preocupación más que requiere informarse ampliamente y agotar recursos financieros. (El trabajo de mitigación para reducir los niveles de radón a 2.0 pCi/l o menos cuesta entre $495 y $3,500; las reparaciones comunes cuestan entre $1,000 y $1,200 y los arreglos usualmente duran décadas.) Estudios en Colorado y a nivel nacional muestran grandes diferencias relacionadas con cuán informados están y el nivel de ingresos de los propietarios que hacen una prueba y las reparaciones necesarias y aquellos que no pueden hacer ninguna de las dos cosas.
Se considera que todos los condados de Colorado forman parte de la Zona 1, es decir, son condados con altos niveles de radón según la EPA. Además, Colorado figura entre un puñado de estados con los niveles promedio más altos de radón. Según el Departamento de Salud Pública y Medioambiente de Colorado (CDPHE, por sus siglas en inglés), casi el 45 por ciento de las pruebas de radón en más de 80,000 viviendas de Colorado entre 2008 y 2012 tuvieron resultados por encima de los límites que recomienda la EPA para tomar medidas.
Diferencias raciales y de ingresos en Colorado pueden amplificar los riesgos para diferentes grupos y crear problemas de equidad que CDPHE y otros están tratando de abordar con el programa gratis de mitigación y esfuerzos informativos.
En relación con los ingresos, por ejemplo, encuestas residenciales muestran que aunque el 48 por ciento de las personas en Colorado con ingresos de $50,000 o más ya hicieron una prueba de radón, solo el 21 por ciento de aquellas con ingresos menores a $15,000 lo han hecho. (El límite federal de la pobreza en 2019 es $25,750 para una familia de cuatro integrantes.) Es mucho más probable que los hogares con menores ingresos estén expuestos a humo de tabaco de segunda mano directo o “a la deriva”, el agravante principal de los efectos del radón gaseoso, que los hogares con más ingresos, ya que con frecuencia viven en unidades de vivienda multifamiliar. “Estas disparidades están contribuyendo a la desigualdad en salud y a la injusticia ambiental, en particular debido a la salud de la vivienda en todas las comunidades de Colorado”, de acuerdo con un informe sobre el radón que escribió una investigadora de CDPHE en 2014.
Las disparidades raciales relacionadas con el humo de segunda mano son aún más contrastantes, según el CDPHE. Más del 53 por ciento de las personas afroamericanas en Colorado están expuestas al humo de segunda mano directo o a la deriva en sus hogares; entre los hispanos, es el 50 por ciento. Por su lado, el 38 por ciento de los habitantes blancos en Colorado están expuestos al humo de segunda mano.
Chrystine Kelley, de CDPHE, ha trabajado por 15 años supervisando el programa estatal de pruebas de radón y enviando por correo kits gratuitos para hacer pruebas (financiados con subsidios de la EPA) a quienes los soliciten. Ese programa tenía un propósito, pero nunca fue suficiente, Kelley dijo.
“Conseguíamos que personas con menores ingresos hicieran la prueba pero no había manera de ayudarlas a mitigar [el problema]”, Kelley dijo. “Era mi constante frustración que no tuviéramos ninguna forma de ayudarlas a reparar sus hogares”.
CDPHE formó parte de una coalición que en 2016 se presentó ante la legislatura estatal para solicitar fondos de mitigación contra el radón. El estado cobra cargos en plantas de desperdicios peligrosos y por supervisar respuestas de emergencia debido a materiales peligrosos. La propuesta de ley 16-1141 de la Cámara de Representantes de Colorado solicitó usar los intereses generados por esos cargos para invertir cada año en tantos proyectos de mitigación contra el radón como fuera posible. La ley también amplió el programa estatal de información y alcance.
“No tuvimos que solicitar nuevos fondos”, Kelley dijo, lo cual siempre es una ventaja en un sistema legislativo que obliga a presentar notas fiscales con detalles sobre cualquier gasto potencial nuevo que surja en cada propuesta de ley.
Después de meses de escribir normas para evaluar contratistas y solicitantes, el nuevo programa empezó a aceptar solicitudes en febrero de 2018. Para participar, los propietarios deben residir en Colorado y vivir en la propiedad, reunir requisitos como un hogar con bajos ingresos según los estándares federales y tener resultados de 4.0 pCi/l o más en la prueba de radón. El interés que generan los cargos representa alrededor de $100,000 a $150,000 anuales, lo cual significa que CDPHE puede financiar proyectos de mitigación en 100 a 150 hogares.
“La gente está tan agradecida”, Kelley dijo. “Imagínate estar hablando con una paciente de 80 años de edad con cáncer pulmonar que acaba de tener cirugía y que con trabajo puede comprar comida; nosotros mitigamos [los efectos del radón] en su hogar”.
El programa continuo de información y alcance de CDPHE utiliza ferias de salud, anuncios públicos y subsidios a 20 departamentos locales de salud para ofrecer kits de pruebas a personas en Colorado. Empleados del estado intentan estudiar los patrones de cómo la gente solicita los kits y quiénes los devuelven para así mejorar sus iniciativas de alcance en áreas marginadas. Grupos de personas que se reúnen a costurar colchas (quilting bees, en inglés), PrideFest, Telemundo y Univision, centros para veteranos de guerras y celebraciones de Juneteenth son solo algunos de los medios por los cuales se distribuyen formularios y anima a la gente para que solicite un kit por internet.
El programa de asistencia eléctrica para personas con bajos ingresos (LEAP, por sus siglas en inglés), el cual ayuda a las personas a pagar sus facturas de calefacción, también ayuda a publicitar el programa de radón. Impermeabilizar una vivienda para disminuir sus costos eléctricos también pueden aumentar los riesgos del radón gaseoso al sellarlo aún más. Por lo tanto, la información de su mitigación sirve como suplemento de los materiales publicitarios sobre LEAP.
Las solicitudes por internet son convenientes para los participantes, pero existe evidencia de que los kits de prueba que se solicitan por escrito usando un formulario o cupón se devuelven con mayor frecuencia porque los residentes se han comprometido un poco más para hacer la prueba.
“Si nunca se devuelve [un kit de prueba], es un desperdicio de nuestros impuestos, así que estamos tratando de aumentar el porcentaje de devoluciones de los kits solicitados por internet”, Kelley dijo.
Después de que una prueba de radón registra un resultado alto, el propietario que necesita ayuda para cubrir el costo de la mitigación completa la solicitud de una página y media y proporciona comprobantes de sus ingresos. Hay traductores disponibles para guiar por el proceso a personas que hablan otro idioma; además, el estado está trabajando para que todos los documentos estén disponibles tanto en español como en inglés. (Uno de los pasos para revisar solicitudes verifica si la casa está a la venta porque muchos propietarios nuevos buscan hacer la prueba del radón como parte de la inspección. Sin embargo, CDPHE no quiere pagar por el trabajo de mitigación solo para ahorrarle esos costos a la persona que está vendiendo la propiedad.)
Representantes del programa dicen que hacen todo lo posible por asegurar que los residentes estén cómodos, como con una mujer de edad avanzada en el Condado de Garfield que no tenía computadora para llenar la solicitud y tampoco quería reunirse con el contratista. Un empleado del departamento de salud fue a su casa durante el trabajo de mitigación para acompañarla.
El estado quiere atraer a más contratistas, especialmente en lugares lejanos en Colorado. El proceso para satisfacer los requisitos es abrumador para algunos, ya que necesitan tener una certificación nacional y estar asegurados, además de declarar cuál de los varios estándares de mitigación cumplirán.
“Acabamos de conseguir a un contratista en Durango; nos emocionamos mucho. Recibimos muchas pruebas de ahí”, Kelley dijo. Sin contratistas locales, el estado enfrenta costos más altos ya que tiene que pagar cargos por día a los contratistas de la Cadena Frontal que deben trasladarse; los empleados tratan de programar varios trabajos de mitigación durante un solo fin de semana en lugares distantes.
El personal de CDPHE también se enfrenta a un desafío continuo tratando de encontrar a contratistas que hablen español, lo cual no es fácil.
Cuando el proyecto en una vivienda se termina, el estado pide que se evalúe otra vez el nivel de radón. El contratista puede hacer reparaciones adicionales para mitigar su impacto, las cuales el programa de LIMAR igual paga, si los resultados siguen siendo demasiado altos. Los niveles de radón en el hogar de Barrios tenían mucho por recorrer: las pruebas iniciales dieron como resultado entre 13 y 14 pCi/l, niveles no inauditos pero ciertamente muy por arriba del límite de 4.
El día de la entrevista, Jocelyn Barrios tenía su hogar (sin aire acondicionado) totalmente cerrado un día de extremo calor para que la prueba después de la mitigación diera un resultado exacto. Pero no le importaba sudar un poco con su nuevo y sano bebé en brazos. Ni siquiera escuchaba el nuevo sistema de tuberías y ventiladores funcionando a un costado de su casa para extraer todo el aire contaminado de su sótano.
Su puso aún más feliz cuando recibió los resultados de la prueba de radón a mediados de julio y el hogar de su familia indicó 2 pCi/l.
“Descubrí que el proceso es realmente fácil”, Barrios dijo. “Estamos sumamente agradecidos”.
