Pruebas por automóvil para detectar el coronavirus en el Centro de Salud Comunitaria STRIDE en Aurora, Colorado, el 24 de marzo de 2020. Fotografía de Joe Mahoney / enviado especial para The Colorado Trust
Pruebas por automóvil para detectar el coronavirus en el Centro de Salud Comunitaria STRIDE en Aurora, Colorado, el 24 de marzo de 2020. Fotografía de Joe Mahoney / enviado especial para The Colorado Trust
Durante las primeras semanas de la pandemia de COVID-19, los funcionarios del departamento estatal de salud no reunieron activamente datos sobre hospitalizaciones y muertes según grupos raciales o étnicos. Por lo tanto, perdieron una oportunidad vital de catalogar y abordar las posibles inequidades en el acceso, el tratamiento y los resultados de las comunidades marginadas. Mientras tanto, otros estados ya notaron que estas comunidades están sufriendo un daño excesivo debido al virus.
El 8 de abril, ya se habían reportado 190 muertes debido a COVID-19 en Colorado y el número de casos continúa aumentando. Pero solo ahora los funcionarios estatales están empezando a solicitar información demográfica específica de departamentos de salud y hospitales locales, según el Departamento de Salud Pública y Medioambiente de Colorado (CDPHE, por sus siglas en inglés). Actualmente, las entidades están reportando datos raciales y étnicos de solo aproximadamente el 30 por ciento de los casos comprobados, según dijeron los funcionarios estatales.
La falta de datos es desconcertante para las personas que trabajan a favor de los cuidados de salud, quienes señalan la clara evidencia de discriminación e inequidad que ha existido en emergencias anteriores de salud pública, al igual que en los casos de COVID-19 en otros estados con comunidades de color más numerosas. La ausencia de estos datos significa perder la oportunidad de distribuir recursos adicionales entre comunidades más afectadas, modificar pautas para ofrecer tratamiento en donde surjan inequidades y diseñar estrategias de control y prevención para futuros brotes de COVID-19, dijeron.
“Sabemos que se necesita esa información para diseñar buenas políticas. Debemos tener datos en tiempo real para tomar decisiones en tiempo real, especialmente en momentos como este cuando existe una verdadera crisis”, dijo Maggie Gómez, subdirectora del Centro para el Progreso de la Salud (Center for Health Progress, en inglés) en Denver. (La organización es beneficiaria de The Colorado Trust.)
Si no lo hacemos “podría costar vidas”, agregó. “Aquí, en el Siglo XXI, tenemos las herramientas a la mano, solo tenemos que usarlas”.
“Sí creo que es importante publicar la información demográfica. Es importante diseñar la respuesta de varias maneras”, dijo Jeff Bontrager, director de evaluaciones y estudios para el Instituto de Salud de Colorado (Colorado Health Institute o CHI, en inglés) una organización no lucrativa que también recibe subsidios de The Colorado Trust.
Los funcionarios estatales de salud reconocieron eso durante una entrevista el miércoles, 8 de abril, y dijeron que están ejerciendo mayor presión en los laboratorios de pruebas y proveedores para obtener datos raciales y étnicos. También dijeron que los protocolos epidemiológicos requieren entrevistar y confirmar a los pacientes, para lo cual se necesita invertir mucho tiempo.
“Obviamente, es muy importante entender la población más afectada por esta epidemia”, dijo Rachel Herlihy, doctora en medicina y MPH, la epidemióloga del estado.
El Comité de Abogados a favor de Derechos Civiles según la Ley (Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, en inglés), un reconocido grupo especializado en derechos civiles, se unió esta semana a cientos de médicos y activistas para demandar que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) publiquen a nivel nacional datos demográficos raciales y otra información demográfica sobre pacientes con COVID-19. La carta citó artículos de publicaciones como The Atlantic y ProPublica que demuestran que, aunque los análisis por estado están bastante fragmentados en el mejor de los casos, los datos de estados que sí están publicándolos muestran enormes desigualdades.
The Washington Post reportó que en Illinois, las personas afroamericanas constituyen el 41 por ciento de las muertes por COVID-19, a pesar de que representan el 14 por ciento de la población en general. En Luisiana, el 70 por ciento de las muertes han sido entre personas afroamericanas, aunque este grupo solo representa el 33 por ciento de la población.
Las personas afroamericanas y latinas que viven en Estados Unidos y Colorado sufren de asma, diabetes y enfermedades cardíacas en mayores proporciones que la gente blanca; esas condiciones pueden intensificar la gravedad de los pacientes con COVID-19.
Cuando les pedimos datos demográficos específicos sobre sus pacientes con COVID-19, varios hospitales y sistemas médicos importantes en Colorado, específicamente Denver Health, UCHealth, SCL Health y Centura Health, no respondieron o dijeron que solo comparten esa información con el estado y no pueden compartirla con el público en general.
El Departamento de Salud de Tres Condados (Tri-County Health Department o TCHD, en inglés), que abarca a los condados de Adams, Arapahoe y Douglas, publicó más datos demográficos específicos sobre sus casos de COVID-19 hasta ahora, incluida información racial y étnica. De los 1,347 casos positivos en estos condados que se reportaron hasta el miércoles, 534 fueron en personas blancas, 329 latinas, 123 afroamericanas, 70 asiaticoamericanas y 13 indoamericanas o de las Islas del Pacifico.
John Douglas, Jr., doctor en medicina y director ejecutivo de TCHD, dijo en una declaración: “Compartimos [estos datos] porque creemos que es un componente importante para caracterizar un problema importante de salud como COVID… Actualmente, estamos examinando si la enfermedad es más grave entre personas afroamericanas como se ha reportado en otros lugares, [aunque ese análisis] todavía no se completa”.
El estado actualmente publica información demográfica sobre casos de COVID-19 que incluye el país de origen y edad aproximada, como en casos de muertes entre personas de 60 a 69 años de edad. Los datos del estado muestra una gran concentración de casos graves y muertes en personas mayores de 70. El total acumulado de las 190 muertes por COVID-19 el 8 de abril incluyó, por ejemplo, más de 140 personas de 70 años en adelante. Este número puede ser un reflejo de la gran cantidad de brotes detectados en centros de ancianos con enfermería especializada y, según advierten los CDC, el riesgo mayor que enfrentan las personas en edad avanzada.
Las vulnerabilidades que los investigadores deberían estudiar, Gómez dijo, incluyen el alto índice de condiciones de salud relacionadas con el medioambiente en comunidades donde principalmente viven personas de color, especialmente en vecindarios donde históricamente ha habido más contaminación industrial y vehicular. Por ejemplo, en el Condado de Pueblo, con una población latina relativamente alta, altos índices de asma se han asociado anteriormente con las centrales eléctricas cercanas alimentadas con carbón, Gómez señaló.
“No podemos resolver las disparidades en salud si no tenemos los datos adecuados”, dijo. “Sabemos que las disparidades han existido durante siglos”.
Bontrager, del CHI, dijo que obtener en tiempo real datos demográficos específicos contribuye a informar iniciativas de salud pública de las siguientes formas:
Sin embargo, tanto Bontrager como Gómez mencionaron que es importante no usar la información demográfica para estigmatizar o invadir la privacidad de ningún segmento de la comunidad.
“Es importante reconocer que a veces cuando hablamos sobre estas disparidades según el grupo racial o étnico, quizás la audiencia piense que ese grupo de personas es la causa del problema”, Bontrager dijo. “No es algo inherente en el grupo que hace que se vea desproporcionadamente afectado. Quizás sean su ubicación geográfica, su nivel de ingresos, muchos otros factores de riesgo”.
