Mickey San Miguel es uno de varios activistas en Colorado que creen que las comunidades de color con bajos ingresos se ven afectadas desproporcionadamente por el desarrollo de pozos para extraer petróleo y gas. Fotografía de Joe Mahoney / encargado especial para The Colorado Trust
Algunos años atrás en 2013, Mineral Resources, Inc., recibió un permiso para perforar y extraer hasta 67 pozos de gas a un par de cientos de pies de la escuela Frontier Academy en Greeley, Colorado. Como una escuela charter de alto desempeño fundada en 1997, Frontier atrae en su mayoría a familias blancas con un nivel socioeconómico medio a alto. Cuando escucharon que una plataforma de fracturación hidráulica (fracking) iba a instalarse junto a los salones y áreas de juego de sus hijos, un grupo de padres organizó un fuerte movimiento de oposición. Esto dio lugar a retrasos por más de un año.
Mientras tanto, Extraction Oil and Gas compró Mineral Resources. En lugar de continuar luchando por el terreno junto a Frontier Academy, Extraction lo abandonó y se enfocó en otro terreno prometedor a cerca de cuatro millas de distancia. El nuevo sitio también estaba ubicado a menos de mil pies de distancia de una academia: una escuela con una población estudiantil muy diferente a la de Frontier. Bella Romero Academy, un centro escolar de educación media en las afueras del este de Greeley, ofrece servicios a familias en su mayoría hispanas de clase trabajadora. Casi el 90 por ciento de sus estudiantes cumple con los requisitos para recibir almuerzos gratis o a precio reducido.
Es el tipo de comunidad que usualmente no puede oponer resistencia contra la poderosa industria del petróleo y gas; el tipo de comunidad que usualmente carga en relativo silencio con los riesgos de salud relacionados con la fracturación hidráulica.
“La extracción en comunidades con menos recursos y de minorías sucede muy silenciosamente”, dice Val Vigil, integrante del consejo de la ciudad de Thornton, Colorado. Vigil está promoviendo restricciones para la fracturación hidráulica en su municipalidad. “Es solo cuando quieren poner pozos cerca de casas de medio millón de dólares que todos se ponen como locos”.
“La gente con dinero y más estudios puede defenderse”, concuerda Mickey San Miguel, un activista nacido en el Condado de Weld (en donde está Greeley) dedicado a luchar contra la fracturación hidráulica “En las comunidades como en las que me crie, la gente no tiene recursos para enfrentarse a este tipo de batallas”.
Extraction recibió su permiso para establecer un pozo de extracción junto a la escuela Bella Romero, pero la compañía también obtuvo algo que quizás no estaba esperando: un enfrentamiento.
Aire y Agua de Weld (WAW, por sus siglas en inglés), un grupo local que ayudó a los padres de Frontier a organizarse, le siguió los pasos a Extraction y organizó un movimiento de resistencia que los padres de Bella Romero probablemente no hubieran podido establecer por sí solos. Junto con otras tres organizaciones no lucrativas, WAW puso una demanda judicial contra la Comisión de Colorado para la Conservación del Petróleo y Gas (COGCC, por sus siglas en inglés) con el objetivo de nulificar el permiso de Extraction.
Los demandantes presentan los riesgos explícitamente con respecto a la justicia medioambiental. Las operaciones de extracción hidráulica, la demanda argumenta, “generalmente se enfrentan a menos contrapresión cuando establecen pozos para extraer petróleo y gas en comunidades principalmente de minorías, ya que estas comunidades no tienen los mismos recursos que comunidades más pudientes”.
Los representantes de las compañías de extracción se negaron a dar sus comentarios para este artículo porque el permiso está sujeto a una demanda judicial pendiente.
Las consecuencias de la fracturación hidráulica en la equidad en salud no han atraído mucha atención en Colorado. Sin embargo, investigadores en otras regiones han empezado a crear mapas sobre la distribución de los riesgos de salud relacionados con este tipo de extracción de recursos. Un estudio sobre la fracturación hidráulica publicado en 2015 en Pennsylvania mostró que “las secciones censales potencialmente expuestas a la contaminación de pozos no convencionales [es decir, de fracturación hidráulica] contienen un porcentaje significativamente más alto de poblaciones pobres”. Investigadores en el sur de Texas encontraron que los depósitos de aguas residuales provenientes de la fracturación hidráulica “se permiten desproporcionadamente en áreas con más personas de color y habitantes que viven en la pobreza”.
A lo largo de la Cadena Frontal (Front Range), el crecimiento aparentemente inexorable de la industria del petróleo ha hecho que llegue, casi literalmente, a las puertas de hogares suburbanos y ex urbanos. Las personas que viven ahí y los funcionarios locales han respondido con preocupación justificable: varios estudios documentan la relación entre la fracturación hidráulica y la contaminación del aire, de las aguas subterráneas y acústica o auditiva, además de otros riesgos.
Pero el crecimiento de la industria en áreas residenciales solo parece generar titulares en los medios cuando afecta a los hogares blancos de clase media. El impacto de la fracturación hidráulica en las comunidades con menos ingresos y un porcentaje más alto de personas de color casi no ha atraído la atención de los activistas, y tampoco se ha estudiado bien.
“La gente blanca en vecindarios blancos ha liderado el movimiento contra la fracturación hidráulica en Colorado”, dice Elizabeth Murphy, una organizadora comunitaria para la Alianza de la Gente de Colorado, la cual se enfoca en temas de justicia económica y medioambiental. “La historia tiene que ver solo con ellos. Por eso nos enteramos de esos pozos, pero los pozos ubicados junto a comunidades de color ni siquiera forman parte de la conversación”.
Hasta este siglo, las compañías de gas natural tenían poca flexibilidad sobre el lugar donde podían instalar sus pozos: tenían que poner la plataforma directamente arriba de la zona de extracción. Pero con recientes avances en la perforación horizontal, ahora pueden sumergir un pozo a un par de millas de distancia de su objetivo, luego doblar 90 grados bajo tierra y perforar lateralmente para llegar a la roca que contiene el gas. Las compañías tienen un incentivo obvio de ubicar sus pozos en lugares con menos probabilidad de llamar la atención.
La plataforma del pozo de C Street Directional representa un caso típico. Ubicada justo afuera de los límites de la ciudad de Greeley en una zona demográficamente similar a la de Bella Romero, la plataforma de C Street alberga 17 pozos activos, con otros cuatro permitidos, según archivos de la COGCC. La casa más cercana está ubicada a menos de 400 pies de distancia, y cientos de hogares están situados dentro de los 1,000 pies. Muchos de estos hogares son casas rodantes o alquiladas, con valores que representan una fracción del valor medio en el estado, según archivos disponibles en el sitio web de la oficina del tasador del Condado de Weld.
El lugar es tan problemático que la compañía operadora (Extraction Oil and Gas, la misma compañía que tiene el permiso junto a Bella Romero) tuvo que solicitar múltiples exenciones para librarse de los requisitos normales de distanciamiento para extraer recursos cerca de hogares residenciales. La COGCC otorgó las exenciones y aprobó el permiso. Sin embargo, no hubo demandas judiciales ni cobertura en los medios de comunicación; la COGCC ni siquiera recibió una carta de queja.
“No hay oposición en sitios como C Street porque no hay conciencia”, dice Sara Barwinski, una activista de WAW actualmente luchando contra la industria del petróleo y gas debido a varias instalaciones en el Condado de Weld, incluida la de Frontier Academy. “Cuando las compañías solicitan un permiso, los avisos para los vecinos”, un requisito del proceso de solicitud, “solo se escriben en inglés. No se requiere que estén en dos idiomas. Y se escriben con palabras tan confusas que es difícil entenderlos, aunque hables inglés como lengua materna”.
Barwinski es una ex trabajadora social dedicada a trabajar con familias de color o aquellas que viven en la pobreza. Sabía muy poco sobre la fracturación hidráulica hasta que Synergy Resources solicitó un permiso cerca de su propio vecindario en Greeley en 2013.
“Teníamos ventajas que muchas comunidades no tienen”, dice. “Además de los recursos y estudios, contábamos con un sentido de empoderamiento, un sentido de que, si nos defendíamos, quizás nos tomarían en serio”. Pero igual puede ser difícil movilizar a la oposición, dice Barwinski, porque “mucha gente no quiere causar problemas”.
Esto es especialmente verdad en comunidades de gente trabajadora, Mickey San Miguel dice, en donde muchas personas dependen de la industria como fuente de trabajo.
“No es que las personas ignoren los problemas de salud”, explica. “Pero a veces no quieren causar problemas porque están trabajando para la compañía petrolera o de gas, o sus familias o amigos trabajan en la industria.
“Tengo amigos que trabajan para Halliburton soldando tuberías o manejando camiones para llevar agua a las plataformas de fracturación hidráulica. Ganan 15, 16, 20 dólares por hora. Ese salario es muy atractivo si te criaste con casi nada”.
Las compañías de petróleo y gas también tratan de aumentar la lealtad al ofrecer apoyo local. “Organizan conciertos o eventos con fuegos artificiales”, San Miguel dice. “Anadarko patrocinó la construcción de una calle. Este tipo de cosas cambian la perspectiva de una comunidad con bajos ingresos. La gente las aprecia y se siente agradecida”.
Pero las compañías extractoras no siempre usan tácticas agradables para tomar la delantera. En muchos casos, explotan sus ventajas intrínsecas.
“Las compañías dependen del hecho de que estas comunidades no cuentan con recursos o influencia”, dice Chris Canaly, director del Consejo del Ecosistema del Valle de San Luis (SLVEC, por sus siglas en inglés), quien ha estado colaborando por más de una década con propietarios hispanos para oponerse a la fracturación hidráulica. “Nuestro primer gran enfrentamiento contra la industria del petróleo y gas aquí fue en el Condado de Conejos en 2007 más o menos. Estaban planeando desarrollar Flat Top Mesa, y asumieron que ninguno de los propietarios vecinos… haría algo al respecto”.
Con el apoyo de SLVEC, cerca de dos docenas de propietarios se unieron para presionar a los comisionados del condado y a la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés) para que intervinieran. Eventualmente, los planes de construcción se descartaron, y las compañías extractoras no han regresado. “Saben que estamos poniendo atención”, Canaly dice.
Si la atención y concienciación del público son las mejores defensas contra la fracturación hidráulica: ¿está esto causando que se busque perforar en comunidades sin visibilidad ni recursos en Colorado?
“Con base en los datos que tenemos, no podemos decir que eso esté sucediendo”, dice Lisa McKenzie, PhD, MPH, profesora en la Facultad de Salud Pública de Colorado. “Pero eso no quiere decir que no esté pasando”.
McKenzie publicó, junto con otros, uno de los pocos estudios académicos sobre los patrones de equidad en salud de la fracturación hidráulica en Colorado. Su estudio encontró “injusticias económicas, rurales, participativas o distributivas que pueden contribuir a las vulnerabilidades de riesgos de salud en poblaciones cercanas a pozos [de petróleo y gas]”. Sin embargo, dice que es imposible saber por ahora si las comunidades de color o con menos ingresos están cargando de manera desproporcionada con los riesgos de salud de la fracturación hidráulica.
“Los datos actuales no están lo suficientemente definidos como para sacar conclusiones sólidas”, McKenzie dice. “Solo contamos con datos sobre grupos raciales y étnicos, ingresos y nivel de estudios por cuadra del censo, lo cual no ayuda en términos espaciales. Las cuadras del censo usualmente se miden en millas o fracciones de millas, mientras que las distancias que importan en el desarrollo de zonas para extraer petróleo y gas se miden en cientos de pies”.
Por ejemplo, la cuadra del censo que incluye a Bella Romero Academy dice tener un perfil demográfico mucho más balanceado (casi una división de 50/50 entre los habitantes hispanos y blancos no hispanos) que el de la población estudiantil de la escuela. Es decir, los datos del censo subestiman la cantidad desproporcionada de riesgos de salud que enfrentarían los niños hispanos debido a la zona de fracturación hidráulica cercana.
Otro factor que complica aún más el análisis de datos es que dos condados (Garfield y Weld) albergan más de la mitad de los más de 50,000 pozos de petróleo y gas en Colorado. Esto hace que ambas poblaciones influyan mucho en los resultados. Por todas estas razones, el impacto real de la fracturación hidráulica en la equidad en salud sigue siendo impreciso.
“Queda mucho por hacer desde la perspectiva de la justicia medioambiental”, McKenzie dice. “Necesitamos mejores datos y más vigilancia, para examinar [el tema] más detenidamente”.
El análisis preciso de datos es fundamental, dice Barwinski de WAW, pero es solo el primer paso. Al final del día, minimizar los impactos en la salud pública de la fracturación hidráulica requerirá que todas las comunidades de Colorado demanden más restricciones y acceso a información.
“Es agotador pelear estas batallas”, Barwinski dice. “Hasta cuando ganas, puedes sentir que perdiste. Pero nos hemos hecho un poco más inteligentes cada vez. Hemos establecido una base de conocimientos y una serie de relaciones, y hemos inventado varias soluciones creativas. Esto seguirá sucediendo junto con una mayor conciencia pública”.
Traducido por Alejandra X. Castañeda
Pozos petroleros y de gas: Historias de The Colorado Trust (con subtítulos en español)
