En 2018, Rachel Frey quedó paralizada de la cintura para abajo en un accidente automovilístico. Frey vive con un compañero de vivienda en Calhan, Colorado, uno de los únicos lugares en donde logró encontrar una vivienda asequible cerca de Colorado Springs y que se pudo adaptar con una rampa para su silla de ruedas. Fotografía de Joe Mahoney / enviado especial para The Colorado Trust
Rachel Frey con frecuencia recuerda que ha llegado al final del camino (literalmente) en su búsqueda de una vivienda asequible.
Sucede cada vez que su silla de ruedas tritura el polvo de la calle de tierra cerca de Calhan, millas afuera de Colorado Springs donde preferiría vivir. Un apartamento de $1,000 al mes en Calhan es lo único que puede pagar con sus ingresos por discapacidad. Aun así, Fry necesita un compañero de vivienda que pague por alquilar el segundo dormitorio, donde debería dormir su hijo de 12 años, ya que solo recibe $771 al mes para suplementar sus ingresos.
Por lo tanto, Frey, una madre soltera de 34 años cuyo vehículo fue destrozado por un camión de basura en la autopista interestatal 25 el año pasado, duerme en la misma habitación con su hijo. Y cuando su otro hijo de 16 años los visita los fines de semana, es una gran piyamada por necesidad.
“Es triste”, dijo Frey, una persona llena de energía que siempre trata de seguir avanzando, pero realista sobre las realidades abrumantes de obtener una vivienda asequible y accesible para personas con discapacidades. “¿Qué se puede hacer? Espero participar en las audiciones para Señorita Colorado en Silla de Ruedas, pero con trabajo me alcanza para pagar el teléfono y el alquiler”.
Los desafíos que enfrentan personas como Frey para conseguir una vivienda asequible se detallan metódicamente a nivel estatal por primera vez en un nuevo informe del Instituto de Salud de Colorado (CHI, por sus siglas en inglés). Un grupo de 18 organizaciones no lucrativas que están trabajando juntas para promover políticas y prácticas más equitativas en el estado comisionó el informe. El grupo de organizaciones no lucrativas recibe fondos a través de la estrategia de Promoción de la equidad en salud de The Colorado Trust.
Con más y más frecuencia, las personas que viven en Colorado se están enfocando en la vivienda segura como un determinante social clave de la salud. Esto está sucediendo al mismo tiempo que el problema de la asequibilidad, desde la zona montañosa hasta las llanuras y de la cima hasta la base de la Ladera Frontal, se ha disparado al puesto número entre los temas de debates políticos. Las organizaciones que integran el grupo tenían suficiente evidencia anecdótica sobre la crisis de asequibilidad que existe en Colorado, pero contrataron al CHI para que examinara los sistemas que podrían impulsar cambios normativos a nivel local y estatal.
“La conexión que el informe hace entre la vivienda y la salud es algo que las personas entienden instintivamente, pero sin tener los datos o la terminología para expresarla”, dijo Stephanie Perez-Carillo, una analista de políticas con Colorado Children’s Campaign, una de las organizaciones no lucrativas integrantes del grupo.
Muchos de los datos resultantes son alarmantes: menos del 1 por ciento de los hogares en el país son accesibles con una silla de ruedas. El 60 por ciento de las personas en Colorado sienten que sus comunidades están pasando por un crisis de vivienda. Casi la mitad de los inquilinos en Colorado están abrumados por el costo, es decir, gastan más del 30 por ciento de sus ingresos en la vivienda y a veces tienen que elegir entre pagar el alquiler, los servicios públicos, la comida u otros productos esenciales. Y el porcentaje de familias abrumadas por el costo en las comunidades de color en Colorado es mucho mayor que en las comunidades de habitantes blancos.
Entre los estados sin acceso al mar, Colorado ocupa el segundo lugar solo después de Nevada por su porcentaje de habitantes abrumados por el costo de la vivienda. Los precios medios de la vivienda en Colorado aumentaron el 77 por ciento entre 2008 y 2018; en el mismo periodo de 10 años, el salario medio aumentó menos del 5 por ciento.
El grupo de organizaciones no lucrativas le pidió al CHI que se enfocara en siete poblaciones específicas como parte de su estudio. Muchas de estas poblaciones enfrentan una combinación de factores de riesgo mayores y desventajas históricas integradas en su búsqueda de una vivienda asequible:
Rachel Frey ya enfrenta por lo menos dos de los desafíos descritos en las categorías centrales del estudio de CHI: vive con una discapacidad y tiene bajos ingresos. Por lo tanto, su familia ha estado a punto de enfrentar otra: la falta de hogar.
La búsqueda de una vivienda accesible para personas con discapacidades y asequible (económicamente) se convierte en una tarea absorbente para inquilinos que usan sillas de ruedas, Frey dijo. Durante su larga recuperación del daño físico que sufrió debido al accidente en la autopista, las puertas se le cerraron por todos lados. Aprendió que, a su edad, no había trabajado suficientes trimestres fiscales para cumplir los requisitos de una discapacidad completa, lo cual limitó su cheque a $771 mensuales.
Exploró la opción de obtener vales federales de vivienda para la Sección 8, los cuales pueden pagar la mayor parte del alquiler si la persona reúne requisitos. Sin embargo, en Colorado Springs, las solicitudes anuales de los vales están disponibles solo un día en julio; aunque hubiera ganado la lotería, la lista de espera es de alrededor de 1,700 solicitantes y los administradores calculan que la espera es de tres años.
Nada de eso resuelve la condición física de los apartamentos y casas que Frey visitó. Con menos del uno por ciento de las viviendas privadas accesibles para personas en sillas de ruedas, Frey tuvo que encontrar una vivienda que pudiera adaptarse rápidamente con rampas temporales. Empezó a enviar a amistades con sin discapacidades para que inspeccionaran los lugares en alquiler y grabaran videos para mostrárselos a ella más tarde, después de darse cuenta de que los propietarios usualmente se asustan al ver su silla de ruedas.
Un sinnúmero de veces, Frey descubrió violaciones a las leyes de accesibilidad e intenciones obvias de excluir a solicitantes con discapacidades a quienes se perciben como personas que traen consigo costos altos para adaptar viviendas y otros problemas. Pero Frey estaba demasiado ocupada con otras cosas para dedicarse a protestar formalmente: necesitaba atención personal para una herida y le habían dicho que quizás tendría que separarse de su hijo para recibir atención médica en su hogar.
Por ahora, con trabajo puede pagar por el lugar en Calhan, pero les da acceso a las asistentes médicas que todavía la visitan con frecuencia. “[Vivo] en un lugar con calles de tierra, así que no puedo llevar mi silla de ruedas a ningún lugar”, Frey dijo. Cuando sus hijos están con ella, pueden ayudarla empujando su silla en las calles de tierra o llevarla en automóvil a senderos accesibles donde todavía le encanta pasear.
Le frustra que haya tan pocas oportunidades de vivienda para personas con discapacidades significativas y está decidida a convertirse en una defensora más pública notoria en el tema. Nadie que tenga una discapacidad “debería escuchar que su doctor le diga: ‘ve a vivir a una casa hogar ya que no hay otro lugar para que vayas’”, Frey dijo.
Para otras áreas más remotas como Leadville, el informe del CHI documenta múltiples desafíos con la vivienda, desde aquellos relacionados con la vivienda rural y para personas con bajos ingresos, hasta problemas raciales y de documentos.
Noah Sosin y Eudelia Contreras trabajan abordando problemas de accesibilidad en la vivienda para Lake County Build a Generation, una organización no lucrativa que forma parte del grupo. Figuraron entre las organizaciones integrantes que pidieron la implementación del estudio debido a lo que enfrentan día a día.
Una coalición anterior en el Condado de Lake que evaluó las necesidades de vivienda encontró que muchas opciones de vivienda están, literalmente, fuera del alcance de la mayoría de los residentes. Sosin dijo. En cualquier momento dado en el Condado de Lake, aproximadamente el 29 por ciento de las viviendas no están ocupadas (un aumento en comparación con el 24 por ciento en el año 2000) porque son las casas para vacacionar de alguna persona o porque se alquilan por periodos cortos.
La organización también encontró una sorprendente reducción entre las personas de 25 a 35 años de edad, el grupo más preparado para empezar a tener hijos y establecer un futuro en el condado, con muchos participantes que mencionaron los costos de la vivienda. El número de viviendas disponibles no creció y tampoco cubrió las necesidades, con el 72 por ciento de viviendas unifamiliares, 16 por ciento de casas prefabricadas y muy pocos apartamentos o dúplexes.
Cuando se llevó a cabo la evaluación en el Condado de Lake, solo se pudieron identificar tres unidades disponibles entre los complejos de viviendas en alquiler en Leadville.
Las casas prefabricadas, es decir, las casas móviles o unidades sencillas que pueden ponerse en terrenos alquilados, son unas de las pocas opciones confiables en el Condado de Lake, pero vienen conllevan su propia volatilidad, Contreras dijo, Su propio terreno en una comunidad de casas prefabricadas solía alquilarse por $250 al mes hace 15 años; ahora se alquila por $530.
“Y no hay control sobre lo que los propietarios hacen con [los terrenos] a largo plazo”, Contreras agregó. “Está zonificado como un terreno comercial, así que ni necesitarían una audiencia pública para cambiar la zonificación” y construir algo diferente.
El grupo de organizaciones no lucrativas quería que los investigadores del CHI conectaran la desigualdad actual en la vivienda con decisiones políticas sistemas e y prácticas institucionales históricas que crearon o empeoraron los problemas. Por ejemplo, investigaciones exhaustivas han comprobado que la segregación urbana, las tasas más bajas de personas de color que son dueñas de una vivienda y las escuelas con peor desempeño están conectadas a prácticas gubernamentales y bancarias históricas que emplean el “redlining”, es decir, que se rehúsan a dar préstamos hipotecarios más allá de los límites de vecindarios favorecidos y con habitantes más blancos.
En la actualidad, el “redlinining al revés” prevalece, dijo Emily Johnson, directora de políticas y análisis del CHI, cuando las instituciones financieras ofrecen préstamos hipotecarios más costosos y riesgosos y préstamos personales abusivos o de crédito fácil (payday loans, en inglés) con intereses altos. Era importante que el estudio del CHI “no solo culpara al pasado”, Johnson dijo.
Que se conectaran los desafíos actuales con las decisiones políticas del pasado también permitió que el informe recomendara futuros cambios políticas que redujeran los costos de la vivienda. El grupo de organizaciones no lucrativas se enfocó en la “fruta más baja” que diera lugar al cambio normativa en 11 áreas prácticas e implementables, Johnson dijo.
Quienes trabajan a favor de la vivienda asequible en Leadville quieren promover el crecimiento y la estabilidad de los propietarios de viviendas prefabricadas ya que dicen que esta opción con frecuencia se ignora y es asequible en condados rurales. Mientras tanto, las compañías de construcción y los arquitectos han estado perfeccionando nuevos diseños de casas prefabricadas que sean más atractivas para una variedad más amplia de compradores y que ofrezcan más comodidades para las familias.
En el Condado de Lake, la gente está interesada en comprar zonas para viviendas prefabricadas y para que las comunidades/lotes le pertenezcan a la comunidad. Ambas opciones ayudarían a disminuir la amenaza de que compañías constructoras nacionales compren comunidades de casas prefabricadas en el área de Leadville a fin de cerrarlas o subir el alquiler.
Aumentar la capacidad de los residentes para ese tipo de esfuerzo comunitario es el primer desafío, Sosin dijo. Por mucho tiempo, Leadville ha sido una comunidad residencial más barata para las personas que trabajan en los centros de esquí y que tienen que manejar a Aspen, Vail o el Condado de Summit para trabajar; casi el 75 por ciento de los residentes que trabajan lo hacen afuera del Condado de Lake, según la evaluación local de la vivienda. Algunos de esos residentes son inmigrantes mexicano-estadounidenses.
“Hay gente aquí sin un estatus legal documentado; en cualquier entorno es difícil pedirles a las personas que encuentren su voz y se arriesguen, pero más aún cuando no podemos garantizarles su seguridad ni protección”, Sosin dijo. “Los propietarios realmente tienen todo el poder; aunque existan protecciones de nombre contra las represalias, hay muy pocas protecciones prácticas”.
Las ideas normativas descritas en el informe sobre la vivienda que podrían aumentar el acceso para las personas con discapacidades incluyen: ampliar las colaboraciones médico-legales en las que abogados dedicados se unen a profesionales médicos para ayudar a los pacientes a guiarse por los complicados procesos de vivienda, beneficios y otras necesidades; y, permitir que los trabajadores de salud se certifiquen como inspectores de viviendas para garantizar su seguridad y calidad.
El grupo de promotores comunitarios creen que sus esfuerzos ya contribuyeron al éxito en los cambios normativos, incluso en una sesión legislativa de 2019 donde se aprobó una serie de políticas a favor del inquilino que hace mucho tiempo se buscaba aprobar. Creen que el informe estatal y específico del CHI, que incluye comentarios de regiones como el Condado de Lake, el noroeste de Colorado y el Valle de San Luis, fortalecerá aún más la coalición urbano-rural para uno de sus próximos objetivos políticos más importantes: aprobar las normas contra la discriminación en la vivienda en alquiler. El cambio legal prohibiría que los propietarios se rehúsen a aceptar vales de la Sección 8 que algunos propietarios consideran burocráticos e impredecibles.
“La coalición en 2020 será aún más fuerte”, Perez-Carillo dijo, “y también más representativa, no solo en Denver, sino también en las comunidades rurales que quizás no tengan tantas oportunidades para compartir su opinión”.
