David Aldana, agente del Departamento Correccional de Colorado, camina en el Centro Correccional de Fremont durante un conteo formal en la prisión de Cañon City. Fotografía de Andy Cross/The Denver Post vía Getty Images
David Aldana, agente del Departamento Correccional de Colorado, camina en el Centro Correccional de Fremont durante un conteo formal en la prisión de Cañon City. Fotografía de Andy Cross/The Denver Post vía Getty Images
Por Daliah Singer
Hay casi 20,000 adultos prisioneros en Colorado (cerca de un quinto de ellos son mayores de 60 años) y miles más en cárceles de condados. Personas que trabajan en todos los niveles del sistema de justicia penal temen que si COVID-19 (la enfermedad causada por el coronavirus) se detecta dentro de las prisiones y cárceles, no se podrá hacer mucho para detener su propagación.
El 27 de marzo, tres empleados del Departamento Correccional de Colorado obtuvieron resultados positivos del coronavirus, incluido un empleado de las Instalaciones Correccionales de Sterling, un agente encargado de casos en libertad condicional que trabaja en el Centro de Admisión y Diagnóstico de Denver. Un empleado del Departamento del Alguacil de Denver que trabaja en la cárcel del condado también obtuvo un resultado positivo, al igual que un ayudante del Alguacil en el Condado de Arapahoe.
Aunque todavía no se sabe de ningún prisionero en el estado que haya obtenido un resultado positivo en la prueba de COVID-19, este grupo es especialmente vulnerable. [Nota del editor: Aproximadamente 8 horas después de la publicación de esta historia, se reveló que una persona encarcelada en Denver obtuvo un resultado positivo.]
“La introducción de COVID-19 en el sistema penal podría tener resultados devastadores…” dijo Dean Williams, director ejecutivo del Departamento Correccional de Colorado (CDOC, por sus siglas en inglés), en un comunicado de prensa la semana pasada.
En otros lugares donde ya se detectaron muchos casos de COVID-19 alrededor del país, la enfermedad demostró que puede propagarse rápidamente en cárceles y prisiones, en donde hay poca distancia entre un prisionero y otro y escaso acceso a productos de limpieza. En el sistema carcelario de Rikers Island en la Ciudad de Nueva York, el cual alberga a más de 5,000 prisioneros, una oleada de casos obligó a funcionarios de la ciudad a liberar antes a prisioneros no violentos y de edad avanzada.
“Será un problema muy grande”, dijo Becky Trammell, PhD, subdecana de la facultad de estudios profesionales en la Universidad Estatal Metropolitana. Trammell ha pasado gran parte de su carrera profesional estudiando la cultura y violencia en las prisiones. “No creo que ni poner a [los prisioneros] en cuarentena en un área de la prisión sea eficaz a largo plazo. El problema es que realmente no pueden distanciarse socialmente. Si piensas en todo lo que hacen en [sus] rutinas diarias: ir a la cafetería a desayunar, almorzar y cenar, ducharse, ir al gimnasio, hacer trabajos que todos desempeñan. Existen demasiadas variables.
“Si [el virus] entra en los sistemas penitenciarios, no sé cómo lo contralarán”.
La población general de Estados Unidos está enfrentando escasez de respiradores y equipo de protección. Una encuesta publicada el 27 de marzo por la Conferencia de Alcaldes de EE. UU. encontró que más del 85 por ciento de las 213 ciudades que se evaluaron, incluidas Denver y Lakewood, no tienen suficientes mascarillas, equipo de protección personal, kits para hacer pruebas ni respiradores. La escasez probablemente sea peor en centros penitenciarios.
“Todos nos enfrentamos a un sistema de salud que está funcionando a su máxima capacidad. Estamos teniendo que tomar decisiones muy difíciles sobre cuándo llamar al médico o no”, dice Wanda Bertram, estratega de comunicaciones para la Iniciativa de Políticas en la Prisión (PPI, por sus siglas en inglés), una organización no lucrativa de investigación y defensa con sede en Massachusetts. Sin embargo, “sigue habiendo obstáculos singulares para las personas encarceladas y su acceso a la atención médica. … La atención médica se considera un riesgo de seguridad”.
El 27 de marzo, 27 prisioneros albergados en el Centro de Detención de Denver o la Cárcel del Condado de Denver ya habían recibido la prueba para detectar COVID-19. Todos obtuvieron resultados negativos, según dijo el portavoz del Centro de Información Conjunta (JIC, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Manejo de Emergencias.
En el Condado de Jefferson, 36 prisioneros están en aislamiento porque tienen síntomas de COVID-19. Dos personas en la cárcel del Condado de Garfield tuvieron fiebre y las aislaron; les hicieron una prueba para detectar gripe y resultó negativa. Un hombre de cuarenta y tantos años en el programa Correccional Comunitario del Condado de Larimer (una iniciativa de tratamiento diurno y residencial para delincuentes con delitos menores que no es igual a una cárcel) obtuvo un resultado positivo de COVID-19 y está aislado y recibiendo atención médica ahí mismo.
El 17 de marzo, la Coalición para Reformar la Justicia Penal, la Oficina de Defensores Públicos del Estado de Colorado y otras organizaciones presentaron una carta ante el gobernador Jared Polis y líderes penitenciarios estatales instándolos a establecer una “respuesta estatal y cohesiva” ante la pandemia. (Empleados de cuatro oficinas diferentes de defensores públicos en el estado recibieron resultados positivos del virus, según Colorado Public Radio.) Esa respuesta no se ha concretado, aunque muchos condados y distritos implementaron políticas comparables, pero en diferentes momentos.
CDOC no liberará antes a sus prisioneros
El sistema de justicia penal en Colorado ha respondido a la pandemia del coronavirus con una estrategia fragmentada. Una orden de la Suprema Corte de Colorado emitida a mediados de marzo dejó la mayoría de las decisiones a discreción de los 22 distritos judiciales del estado. Esto significa que las audiencias que se están realizando, en dónde se están llevando a cabo y a quién sí y a quién no se está liberando después de ser detenido no concuerdan a lo largo y ancho del estado.
“Realmente no existe un solo sistema de justicia penal en EE. UU.”, Bertram dice. “Hay miles de sistemas de justicia penal y 50 diferentes sistemas de prisión y todos eligen funcionar como se les da la gana. El tipo de discrepancia que estamos observando en las respuestas a esta crisis de salud pública en estos momentos es el mismo tipo que observamos en muchas otras áreas del castigo penal”.
La Agencia Federal de Prisiones ha resistido las insistencias de algunos senadores y defensores comunitarios para empezar a liberar a “los prisioneros más vulnerables”. Y CDCO, el cual incluye 20 prisiones públicas y tres privadas, al igual que lugares donde residen personas en libertad condicional alrededor del estado, no planea liberar antes a ningún prisionero. (Otros estados, entre ellos Dakota del Norte, Iowa e Illinois, ya dieron pasos para reducir la cantidad de prisioneros como respuesta a la pandemia.)
“El gobierno federal podría publicar pautas para los departamentos correccionales estatales”, Bertram dice. Sin embargo admite que “siempre se corre un riesgo político al liberar a personas”.
Las cárceles suelen ser menos polémicas, Trammell dice, porque a muchas de las personas encarceladas todavía no las declaran culpables de un crimen. Por lo tanto, es menos probable sufrir un daño político se si pone a alguien en libertad bajo fianza o, como Denver lo está haciendo, la citan en lugar de meterla a la cárcel.
(El centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Aurora puso en libertad condicional a 10 mujeres el 26 de marzo, Denverite informó. Un empleado administrativo obtuvo un resultado positivo en su prueba de COVID-19, aunque para el viernes por la mañana ninguno de los detenidos había obtenido un resultado positivo.)
El 25 de marzo, el gobernador Polis firmó una orden ejecutiva para ayudar a CDOC a administrar mejor su población encarcelada. Con base en las nuevas pautas, CDOC dijo en un mensaje electrónico que está implementando una “moratoria temporal en aceptar nuevos prisioneros de las cárceles de condados”. En práctica, eso significa un proceso de dos a cuatro semanas de duración para modificar todas las entradas iniciales de prisioneros varones al Centro Correccional Centennial Sur de Cañon City, en donde hay espacio para aislar médicamente a nuevos prisiones por hasta dos semanas y asegurar que no tengan síntomas de COVID-19 antes que entren en el sistema.
CDOC también dijo que seguirá “trabajando con los condados, caso por caso, para aceptar a personas de cárceles que estén superpobladas o tengan problemas de seguridad pública”. Además, según las pautas del Gobernador, ahora tiene más flexibilidad para asignar créditos por tiempo cumplido y así reducir el número de prisioneros y personas en libertad condicional según “se considere necesario y apropiado”. [Nota del editor: El 8 de abril, CDOC dijo que hasta ahora ya había liberado a 25 prisioneros asignándoles una categoría de “libertad condicional con supervisión intensiva”.]
Antes de la orden ejecutiva, CDOC ya estaba trabajando para reducir el número de personas que ingresan en centros correccionales al “suspender temporalmente los arrestos de personas en libertad condicional debido a violaciones técnicas de bajo nivel”. También estaba evaluando a personas detenidas en la cárcel actualmente por este tipo de violaciones para decidir si las puede liberar y recomendar que participen en intervenciones alternativas, como el monitoreo electrónico.
A todas las personas que llegan a CDOC, al igual que aquellas que se van y regresan (para una cita médica, por ejemplo) las están evaluando para ver si presentan síntomas de COVID-19; también están evaluando a empleados y proveedores. Además, el departamento no está cobrando copagos a personas con síntomas de COVID-19.
Casi todas las visitas en persona se suspendieron en centros correccionales del estado, al igual que los servicios de voluntarios. CDOC también implementó procedimientos para facilitar la comunicación entre los prisioneros y sus familias: la compañía de teléfonos GTL está ofreciendo a los prisioneros una llamada gratis de 10 minutos por semana, dijo Annie Skinner, directora de información pública. (Las llamadas desde cárceles y prisiones son notoriamente costosas.) Las opciones de hacer visitas por video están programadas para empezar el 30 de marzo.
También se están limpiando y desinfectando más todos los centros y carros patrulla. Y, para proteger al personal, el número de empleados que trabaja actualmente se redujo para cumplir con el llamado del gobernador Polis pidiendo que se redujera el personal en un 50 por ciento. (CDOC emplea a más de 3,000 custodios.)
Las cárceles están respondiendo con mayor rapidez
Las cárceles tienen a más personas que entran y salen durante el día, incluidos prisioneros, abogados y policías. En promedio, el 50 por ciento de la población encarcelada cambia entre una semana y otra, Bertram dice. (No hay cálculos recientes de la población total encarcelada en Colorado.) Reducir estos cambios es una de las prioridades principales en el estado, tanto para proteger a las personas encarceladas como al personal y las comunidades a las que regresan.
La Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson liberó antes de tiempo a 36 prisioneros (un proceso que inició antes de la pandemia debido a recortes presupuestarios). Además, siete personas bajo libertad condicional laboral cambiaron a la detención en su hogar, dice Mike Taplin, director de información pública para la agencia.
Uno de los pisos en la cárcel, anteriormente clausurado debido a limitaciones presupuestarias, se abrió nuevamente para aislar a prisioneros con síntomas, aunque todavía ningún prisionero ni empleado ha recibido una prueba positiva de coronavirus. Le hicieron la prueba a un prisionero a quien iban a liberar y los resultados están pendientes; se avisará a la oficina del alguacil si el resultado es positivo.
El Condado de Denver implementó esfuerzos para reducir su número de prisioneros al liberar a algunos en peligro de sufrir complicaciones por COVID-19 o a quienes les falta muy poco tiempo para cumplir sus condenas.
El 23 de marzo, la Cárcel del Condado de Denver y el Centro de Detenciones en el centro de la ciudad contaron 1,543 personas encarceladas, un número menor a la población promedio de 2,000, según el JIC. Una semana antes, el jefe de la policía de Denver, Paul Pazen, le dijo al diario The Denver Post que los policías darán citaciones en lugar de arrestar a sospechosos por haber cometido crímenes no violentos de bajo nivel. Michael A. Martinez, el juez principal del segundo distrito judicial (Condado de Denver), aconsejó que los acusados con menos de 30 días para cumplir sus condenas, que corrían riesgo por razones de salud o que estaban actualmente cumpliendo condenas de libertad condicional laboral, deberían presentar sus casos ante la corte para su examinación y posible liberación.
Esfuerzos similares se están implementando en el Condado de Boulder. El fiscal de distrito Michael Dougherty dijo en una entrevista telefónica que se han examinado a cada uno de los acusados encarceladas, empezando por los que tienen condiciones médicas preexistentes, y dado pasos para liberar a aquellos “que no demuestren ser un peligro inmediato para la seguridad de la comunidad”. También están considerando liberar a aquellos en custodia bajo obligación de comparecer ante el juzgado (es decir, que no tienen que poner una garantía financiera). Hasta ahora, ya se liberaron a más de 100 personas, dijo Jeff Goetz, jefe de división en la Cárcel del Condado de Boulder.
Michelle Bird, directora de asuntos públicos para el Condado de Larimer, dijo en una entrevista que todas las 142 personas cumpliendo condenas en el Departamento de Sentencias Alternativas del Condado de Larimer, el cual administra las condenas sin privación de libertad como el servicio comunitario y los programas de trabajo, se pusieron en libertad temporal el viernes y regresarán para terminar sus condenas en una fecha próxima. El espacio que ahora está disponible, y desinfectado, se usará para aislar y poner en cuarentena a quien lo necesite dentro del programa comunitario correccional.
El Condado de Routt está implementando procedimientos similares a los de otros lugares. Las llamadas a la policía donde no es necesario responder en persona se están resolviendo por teléfono. Los oficiales de policía aparentemente están trabajando desde casa, pero patrullan normalmente y envían sus reportes de forma digital.
“Todavía estamos patrullando activamente y respondiendo a llamadas, mientras tratamos de reducir las interacciones en persona”, dice Garrett Wiggins, alguacil del Condado de Routt. “Eso incluye, por ejemplo, no detener a las personas que cometan una violación vehicular menor, sino usar las luces intermitentes para indicarles que necesitan disminuir su velocidad”.
El Condado de Eagle, con la tercera cantidad más alta de casos de COVID-19 por condado en el estado el 29 de marzo, empezó a implementar un plan hace tres semanas más o menos, dice Greg Van Wyk, administrador de la cárcel para el departamento del Alguacil. El centro de detención está tomando la temperatura de toda persona arrestada antes que ingrese en el centro; las interacciones están sucediendo más seguido a través de puertas de celdas en lugar de cara a cara; y, las comparecencias iniciales ante la corte se están haciendo por video (las comparecencias normales se retrasaron hasta mayo y junio).
“Estamos asumiendo que todos han estado expuestos y podrían obtener resultados positivos; estamos tomando esas precauciones”, Van Wyk dice. “No atendemos y les damos a los prisioneros sus propias celdas por bondadosos… pero tenemos espacios donde pueden aislarse”.
Van Wyk dice que, en promedio, hay 20 personas menos en la cárcel al día y que el personal también está identificando a personas con menos de 30 días restantes en sus condenas y animándolas para que se comuniquen con sus abogados y jueces y soliciten la liberación anticipada. Aunque el programa de liberación condicional laboral se puso temporalmente en pausa, el departamento está tratando de ampliar su programa laboral interno; las personas encarceladas pueden acumular hasta 13 días de crédito laboral si ayudan con ciertas tareas, como pintar el interior del centro.
Estrategias como estas probablemente ayuden a que no se encarcele a personas por más tiempo mientras las cortes están cerradas y se retrasan las audiencias y juicios. Para garantizar los derechos a un juicio rápido y abordar asuntos criminales urgentes, las cortes en el estado están usando principalmente videoconferencias.
También hay diferencias potencialmente cruciales en la infraestructura de los centros. Por ejemplo, las cárceles de los condados de Routt e Eagle tienen celdas con corriente reversa de aire o presión negativa en donde pueden aislar a los prisioneros sin contaminar el resto de las instalaciones. Sin embargo, no todas las prisiones y cárceles tienen estas opciones.
“Las instalaciones que corren mayores riesgos probablemente no tienen suficiente [apoyo] médico”, dice Van Wyk, cuyo centro en el Condado de Eagle contrató a personal médico, incluida una enfermera que pasa ocho horas en el centro y otros que ofrecen cobertura nocturna. En comparación, el cercano Condado de Park depende de una sola enfermera que usualmente trabaja en un hospital, Van Wyk dice.
A diferencia de quienes viven afuera, el acceso a jabón y pañuelos es escaso para las personas encarceladas y en muchos centros correccionales el gel desinfectante se considera contrabando debido a su alto contenido de alcohol. (Los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades recomiendan usar un gel desinfectante con por lo menos 60 por ciento alcohol.)
“Se olvidan de cuidar a los prisioneros en situaciones como estas”, dice Trammell. “La gente tienen una actitud negativa contra las prisiones en general. A la hora de la verdad, las cosas se pondrán muy difíciles para los prisioneros, simplemente por eso”.
