Una publicación de The Colorado Trust
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A Mireya Marquez la desalojaron de su apartamento en Denver a finales de mayo. Marquez, quien pinta casas como profesión, solo ha logrado encontrar trabajo esporádico durante la pandemia; por ahora se está quedando en el apartamento de una amiga mientras se recupera de COVID-19. Fotografía de Joe Mahoney / enviado especial de The Colorado Trust

COVID-19

Seis meses después del desalojo, una mujer en Denver se pregunta si logrará encontrar otra vez una vivienda estable

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A pesar de tener tos molesta y sentirse adolorida y muy mal durante dos semanas por estar enferma de COVID-19, al igual que con dificultades para respirar semanas después, haberse enfermado del coronavirus a finales de octubre no es lo peor que le ha pasado a Mireya Marquez este año.

A Marquez, de 39 años y una mujer transgénero que vive en Denver, la desalojaron de su apartamento a finales de mayo. La profesión de Marquez es pintar casas, pero ha sido más difícil encontrar ese tipo de trabajo después de su transición hace varios años, y aún más debido a que los proyectos para pintar casas han disminuido durante la pandemia.

En marzo, Marquez estaba trabajando en una fábrica de alimentos, pero dejó el trabajo porque sintió que los empleados no se estaban distanciando lo suficiente mientras que los casos de COVID-19 empezaban a aumentar en Denver. Con pocos ingresos, Marquez llegó a un acuerdo con el propietario de su vivienda para salirse a finales de mayo. Pero no tenía suficiente dinero para poner un depósito en un lugar nuevo.

“La vivienda es tan costosa”, Marquez dice en español, a través de una intérprete. “¿Cómo es posible que alguien ganando el salario mínimo pueda pagarla? ¿Y qué haces cuando el trabajo desaparece?”

Marquez se fue a vivir con conocidos y paga $600 al mes en alquiler. Mientras intenta recuperarse totalmente de COVID-19, Marquez se está quedando gratis en el apartamento de otra amiga. No sabe bien cómo se contagió del virus; quizás fue en octubre cuando estuvo trabajando en un restaurante como mesera los fines de semana, o durante un viaje rápido que hizo a El Paso, Texas, para visitar a su mamá. Por ahora continúa pagando su parte del alquiler en el otro lugar.

Marquez dice que perder su propio apartamento sin suficiente tiempo para estabilizar sus finanzas significó que sus perros (“mis bebés”, como les dice) ahora están viviendo con su madre en El Paso, porque sus amigos no permiten mascotas. La mamá de Marquez también la está ayudando con dinero para pagar el alquiler.

“Me da vergüenza”, Marquez dice. “Nunca me había pasado algo como esto. Nunca me atrasé con el pago del alquiler, y nunca tuve deudas”.

No se sabe bien a cuántas personas han desplazado de su vivienda en Colorado, o cuántas corren riesgo de que las desalojen. Un informe publicado en octubre por un grupo especial de trabajo que el gobernador Jared Polis estableció para enfocarse en los desplazamientos reportó datos de propietarios diciendo que el 95 por ciento de los inquilinos estaban pagando a tiempo su alquiler mensual. Los alquileres atrasados solo habían aumentado en un 2 por ciento en comparación con el porcentaje de demoras antes de la pandemia.

Pero el informe reconoció que no tenían datos sobre desalojos de propietarios pequeños, quienes quizás dependan mucho de los ingresos que obtienen alquilando sus propiedades para pagar la hipoteca, y quienes quizás tengan que iniciar el proceso de desalojo antes que los dueños de propiedades más grandes. Y siguen habiendo dudas de si a los inquilinos que alquilan mes a mes, quienes constituyen los más vulnerables frente a la pandemia, tampoco los están incluyendo correctamente ni contándolos totalmente.

La cantidad de hogares financieramente inestables desde que la pandemia empezó es difícil de calcular, según dicen defensores comunitarios. Muchas personas, incluida Mireya Marquez, dejaron sus apartamentos cuando empezó a acumularse el alquiler atrasado, y se fueron a vivir con amigos o parientes; obtuvieron ayuda temporal a través de cheques del estímulo federal y dinero semanal adicional por desempleo, el cual dejó de distribuirse en julio; o, están enfrentando la acumulación de sus deudas durante las moratorias de desalojos a nivel estatal y federal.

Natriece Bryant es subdirectora del Departamento de Asuntos Locales de la Oficina del Director Ejecutivo de Colorado, con jurisdicción sobre la asistencia con la vivienda. Bryant dice que su oficina ha ofrecido fondos para ayudar con el costo de la vivienda a través de organizaciones no lucrativas a cerca de 10,000 hogares desde que la pandemia empezó.

El Proyecto de Defensa contra el Desalojo por COVID-19, con sede en Denver, recientemente calculó que entre 345,000 y 436,000 personas en Colorado corren riesgo de que las desalojen. La definición incluye a aquellas personas que actualmente no pueden pagar su alquiler.

En septiembre, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) implementaron una moratoria de desplazamientos a nivel nacional para aquellos individuos que estuvieran ganando menos de $99,000 al año y parejas con ingresos menores a $198,000. Sin embargo, la orden no incluyó asistencia financiera, y requiere que las personas firmen una declaración de que seguirán intentando pagar su alquiler.

Una moratoria de desalojos en el estado de Colorado dejó de imponerse en julio. En octubre, el gobernador Polis emitió una serie de mandatos ejecutivos que impusieron muchas de las recomendaciones del grupo de trabajo estatal, entre ellas:

  • Una orden que usa como base la moratoria de los CDC, de la cual muchos inquilinos no sabían (según dicen defensores comunitarios como Patrick Noonan, quien dirige la línea telefónica de emergencia Colorado Housing Connects para personas que necesitan ayuda con el alquiler), que obliga a los propietarios a publicar un aviso de desalojo con detalles en español e inglés y a hablar con sus inquilinos sobre la posibilidad del desalojo antes de iniciar el proceso legal. El estado también publicó preguntas frecuentes para inquilinos y propietarios.
  • Una suspensión de cargos tardíos e intereses hasta el 31 de diciembre de 2020.
  • Un período más largo de 30 días para resolver el alquiler atrasado, en comparación con los 10 días que se otorgaban antes de la pandemia, tanto para el proceso de desalojo comercial como residencial.

“La nueva moratoria de desplazamientos que el gobernador Polis implementó va más allá de lo que los CDC y otros estados han hecho, y ha ayudado a miles de personas que enfrentan el desalojo”, dice Zach Neumann, un abogado que fundó y dirige el Proyecto de Defensa contra el Desalojo por COVID-19. “Esto marcará una gran diferencia y mantendrá a familias en sus hogares durante la temporada de fiestas”.

Sin embargo, Neumann señala, “este tipo de protecciones no corresponden en los casos de personas a quienes las desalojaron [entre una moratoria y otra]”.

Este es el caso de Marquez. Está muy decepcionada de que las protecciones federales y estatales que podrían haberla ayudado a evitar el desalojo la primavera pasada solo se hayan empezado a imponer hace unas semanas. Sin suficientes fondos para pagar el alquiler de abril cuando perdió su trabajo, le pidió al propietario pagarle más tarde ese mes, pero el propietario desconectó el agua y empezó a mandarle mensajes de texto amenazantes.

Marquez al principio se mudó a un motel, preocupada por su seguridad y la de sus perros, y llamó a la oficina de Colorado de 9to5 (una beneficiaria de The Colorado Trust), una asociación nacional que representa a mujeres trabajadoras. 9to5 Colorado la conectó con un abogado, Jason Legg, que trabaja con la organización. A Legg le pagan por parte de su trabajo legal en 9to5 mediante subsidios que la organización recibe, pero a las clientas, incluida Marquez, no les cobran.

Con la ayuda de Legg, se negoció el acuerdo de Marquez con el propietario de su vivienda, pero antes que el Gobernador emitiera su primera moratoria a mediados de abril. Por lo tanto, el acuerdo de Marquez permitió que se quedara en un motel, pagado por el propietario hasta finales de mayo, pero tuvo que dejar su apartamento, y su contrato de arrendamiento se dio por terminado.

Al principio del acuerdo, “estaba segura de que ganaría suficiente dinero para encontrar mi propia vivienda, pero no logré encontrar trabajo”, Marquez dice, “así que tuve que irme a vivir con amigos”.

Noonan, el gerente de programas en Colorado Housing Connects, la línea telefónica financiada por el estado para personas que necesitan ayuda evitando el desalojo, dice que entre el 1º de enero y el 15 de marzo, la línea recibió un promedio de 300 llamadas al mes. A partir del 15 de marzo, cuando el estado empezó a cerrarse debido a la pandemia, y hasta finales de octubre, la línea recibió un promedio de más de 1,100 llamadas mensuales específicamente sobre ayuda con el alquiler.

Noonan y los otros operadores de la línea telefónica dirigen a las personas para que se comuniquen con organizaciones locales no lucrativas que han recibido fondos del estado para ayudar con el pago del alquiler.

“Hasta hace poco, las [personas que llamaban] en su mayoría preguntaban dónde encontrar ayuda para pagar el alquiler. Pero en las últimas semanas, con la moratoria de los CDC y las órdenes ejecutivas del Gobernador, [la situación] se ha hecho tan confusa que las personas llaman a preguntar sobre eso”, Noonan dice. “Si ha sido difícil para nosotros mantenernos al tanto de los cambios, ni que hablar para la persona común”.

Noonan dice que muchos de los grupos trabajan con clientes para “curar” el alquiler atrasado y luego los ayudan mes a mes, dependiendo de los fondos disponibles. Los abogados del Proyecto de Defensa contra el Desalojo por COVID-19 también tratan de negociar que se reduzca el alquiler atrasado y en el futuro.

“Vemos a una mezcla de clientes antiguos y nuevos, algunas personas que solo necesitan ayuda una vez para entender lo que deben hacer en relación con la moratoria, otras que necesitan fondos”, Noonan dice. Mientras que la mayoría de sus clientes están enfrentando el desplazamiento, Noonan dice que ocasionalmente ha escuchado de personas a quienes ya las desalojaron y ahora están buscando un lugar donde vivir.

“Tratamos de resolver su problema”, Noonan dice. “Por ejemplo, le decimos a una persona que tiene un desalojo en sus antecedentes financieros que quizás sea mejor que alquile de un propietario pequeño que no tiene normas estrictas específicas sobre quién reúne requisitos para alquilar un apartamento”.

Con el invierno que se aproxima y casos de COVID-19 en aumento, inquilinos con alquiler atrasado y defensores comunitarios agradecen la moratoria de desplazamientos, pero dicen que no es para nada suficiente.

“La lucha más importante entre ahora y el final del virus será un enorme esfuerzo para proporcionarles ayuda financiera a tantas personas como sea posible”, Noonan dice. “Si puedes pagar el alquiler de alguien y estabilizar [su situación], ya no tendrá un problema legal ni financiero, y es una victoria tanto para el inquilino como para el propietario. La asistencia financiera es la solución duradera”.

“Creo que si el estado tiene fondos que puede usar de forma flexible, debería priorizar más [de ellos] para pagar por la vivienda y usarlos en personas que corren riesgo de quedarse sin hogar”, dice Jack Regenbogen, abogado principal del Centro de Colorado sobre Leyes y Políticas (CCLP, por sus siglas en inglés), también una organización beneficiaria de The Colorado Trust. “Esta crisis es de dimensiones nunca antes vistas y va más allá de lo que los grupos no lucrativos pueden hacer para ayudar a la gente necesitada”.

El problema, dice Neumann, quien está “generalmente contento” con los recientes mandatos ejecutivos, es que los fondos se quedan cortos por decenas de millones. Al momento de publicarse esta historia, la aprobación de nuevos fondos federales seguía estancada en el Congreso.

La oficina del Gobernador concuerda. “El Congreso también necesita hacerse cargo, razón por la cual el Gobernador sigue urgiendo a Washington D.C. para que actúe y apruebe un paquete de asistencia real”, dice Conor Cahill, secretario de prensa del Gobernador. También señala que recientemente se aprobó un pago único de asistencia valuado en $375 para enviarlo a principios de diciembre a personas que actualmente reciben beneficios de desempleo. Además, el Gobernador organizó una sesión especial de la legislatura estatal para reunirse el 30 de noviembre, específicamente con el objetivo de abordar las necesidades de ayuda financiera relacionadas con la pandemia.

Sam Gilman, uno de los cofundadores junto con Neumann del Proyecto de Defensa contra el Desalojo por COVID-19, sigue preocupado por lo que se aproxima, hasta que una vacuna esté disponible ampliamente y los trabajos regresen en su totalidad.

“El invierno se aproxima, los casos están aumentado”, Gilman dice. “También urgiría al Gobernador para que extienda la moratoria de desplazamientos después del 31 de diciembre y los inquilinos tengan más tiempo hasta que haya una solución sistémica, la cual es asistencia federal con el alquiler”.

Legg, el abogado de Marquez, dice que a pesar de la moratoria, todavía está gestionando casos de desalojos por varias razones: “La gente no sabe que la moratoria existe, y no es una protección en todos los casos. Necesitas usarla contra la amenaza del desalojo, lo cual requiere que sepas algo sobre la orden ejecutiva, al igual que la habilidad de [hablar el idioma]”.

Legg dice que también ha visto “mal comportamiento entre los propietarios, algunos de los cuales se han aprovechado de que no toda persona que está alquilando un apartamento y enfrenta el desalojo sabe sobre la moratoria o la ha usado”.

A veces, los primeros pasos del desplazamiento son suficientes para que las personas se asusten y dejen su apartamento”, Legg agrega: “Hablo con gente que, después del primer aviso, se van a dormir al sofá de un amigo”.

Marquez recientemente empezó trabajar una vez por semana en el restaurante donde trabajaba antes de enfermarse del virus, aunque nuevas restricciones para comer dentro de restaurantes que se anunciaron el 17 de noviembre en Denver y otros condados podrían causar que deje de hacerlo. Marquez también trabaja ocasionalmente para compañías que pintan casas, cuando encuentra esos proyectos en Facebook, y le pagan por hora. Ya no acepta proyectos independientes para pintar casas porque no le han pagado por ese tipo de trabajo.

“Mi sueño es obtener mi licencia de cosmetología, pero primero tengo que trabajar en [mejorar] mi inglés”, dice Marquez, quien es originaria de México, tiene un permiso de trabajo, y planea solicitar su residencia en 2021.

Pero aunque Marquez consiga un trabajo estable, no tiene mucha esperanza de encontrar pronto su propio apartamento.

“Los propietarios ponen tantos requisitos, y tienes que ganar el triple de lo que cuesta el alquiler cada mes”, Marquez dice. “Para alguien como yo, es imposible ganar ese dinero ahora.

“Todos los días, sueño con comprar mi propia casa, para que así nadie pueda desalojarme”.

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Fran Kritz

Escritora independiente
Washington, D.C.

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