Lane Hicks, izq., con su hijo, Kingston, de 6 años, en su hogar en Colorado Springs el 2 de abril de 2020. A Hicks le preocupa que la desalojen de su dúplex, después de perder su trabajo y no poder pagar el alquiler. Fotografía de Joe Mahoney / enviado especial para
The Colorado Trust
Por Michael Booth
Es una larga lista de indignidades que llevaron a Lane Hicks y a su hijo de 6 años al borde del desalojo, así que ella intenta decirlas en orden:
Antes que COVID-19 pusiera a Colorado y al resto del mundo de cabeza, Hicks estaba recibiendo un salario bajo mano (en negro) trabajando en un dispensario de marihuana en Colorado Springs. Así, su jefe evitaba todo el papeleo.
A mediados de marzo, llevó a su hijo a una fiesta de cumpleaños con cerca de 40 invitados. Revisó el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) antes de ir; en ese entonces, los CDC aprobaban cualquier reunión de menos de 50 personas.
Dos días después, la persona que organizó la fiesta les dijo a sus invitados que quizás había estado expuesta al coronavirus. Hicks le dijo a su jefe, pues quería respetar el hecho de que tiene un sistema inmunológico frágil. Su jefe la despidió.
Ahora Hicks no puede solicitar seguro de desempleo porque le estaban pagando con dinero en efectivo. No puede tratar de encontrar o aceptar un trabajo porque su hijo está en casa, con su escuela clausurada. Su pareja no encuentra trabajo remodelando casas porque nadie quiere que desconocidos entren en sus hogares. Hicks tiene menos de un mes de alquiler en el banco.
Cuando Hicks le pidió a la propietaria de su vivienda que le redujera el alquiler de abril, con seis meses restantes en el contrato de alquiler, el esposo de la propietaria la llamó e insultó por teléfono. Aunque Hicks esté protegida por una moratoria de un mes en los desalojos, eso no la exime de pagar el alquiler atrasado ni de pagar los $6,000 que quedan en el contrato; tampoco la exime de los cargos legales ni de los daños y perjuicios que la propietaria quizás intente obtener.
“Literalmente, no puedo pagar mi alquiler”, Hicks dijo. “Hace tres semanas pude pagar el saldo de mi automóvil con dinero en efectivo, compré un coche nuevo con dinero en efectivo y, ahora, ya no tengo ahorros ni ingresos y comemos [lo que obtengo] en el bancos de alimentos.
“Tengo tantos amigos que están en la misma situación y, honestamente, con millones de personas literalmente perdiendo sus hogares, la única solución que le veo a esto es si congelan los alquileres. No sé cómo ninguno de nosotros nos recuperaremos de esto”.
Los cierres por COVID-19 están revelando desigualdades marcadas que se esconden detrás de la robusta economía de Colorado y la reciente tasa de desempleo más baja en la historia. Si casi 40 por ciento de personas en Estados Unidos no pueden cubrir un gasto de emergencia de $400, según mostró un estudio realizado por la Reserva Federal, ¿qué pasará cuando en un mes cientos de miles de personas en el estado pierdan su trabajo y no puedan pagar su alquiler?
“En estos momentos, la gente está usando otros recursos, como bancos de alimentos y ofertas para servicio gratis de internet”, dijo Elsa Oliva Rocha, directora ejecutiva de Padres & Jóvenes Unidos, una organización no lucrativa que trabaja promoviendo asuntos para y de la gente de color. (La organización es beneficiaria de The Colorado Trust.) “Pero no hay muchos recursos para pagar el alquiler, ni pagar por automóviles ni seguro, esas cosas básicas que muchos de nosotros subestimamos. Muchos de los integrantes de nuestras comunidad están viviendo al día; esa es la realidad de la comunidad”.
Además, un gran número de personas indocumentadas, Oliva Rocha dijo, no tiene acceso a ingresos por desempleo, ayuda con la vivienda, cheques del estímulo [federal], beneficios de Medicaid y del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y más.
Los inquilinos y defensores legales dicen que recortes masivos de personal y la falta de ahorros entre trabajadores con bajos ingresos en Colorado demuestran que las autoridades estatales necesitan extender las moratorias locales de desalojos durante el verano y condonar o “congelar” los alquileres. La alternativa sería: desalojos masivos, batallas legales, personas sin hogar y una economía más deteriorada.
“Se necesita una respuesta más general para este problema”, dijo Zach Neumann, un abogado de Denver que organiza un taller legal gratis y ayudó a un grupo de organizaciones no lucrativas para que formaran el Proyecto de Defensa contra el Desalojo por COVID-19 (COVID-19 Eviction Defense Project, en inglés). “No queremos que la comunidad entera se despierte en mayo o a principios de junio con una cantidad significativa de la población de Denver enfrentándose a la entrada forzosa o el desalojo”.
Con base en las llamadas que recibe y las estadísticas estatales de desempleo, Neumann cree que entre el 20 y 30 por ciento de la población de Denver enfrenta vulnerabilidades a este nuevo desastre con el alquiler.
Al momento de publicarse este artículo, todavía nadie del Centro de Información Conjunta estatal ni de la oficina del gobernador Jared Polis había respondido a nuestra solicitud de comentarios sobre posibles moratorias en los desalojos.
Muchos inquilinos no están esperando a que les condonen el alquiler. Activistas ya organizaron una página en Facebook llamada “Huelga del Alquiler y Defensa contra el Desalojo en Colorado” que rápidamente atrajo a más de 3,000 seguidores y una larga lista de tragedias recientes. Algunos integrantes del grupo piensan que lo más factible es convencer al Gobernador para que declare una condonación de alquileres y fuerce a los propietarios a dar concesiones en grupo. Los expertos legales no están seguros de que Polis tenga la autoridad para hacer esto.
Schuyler Trowbridge se unió al grupo de la huelga mientras iniciaba su propia batalla con el propietario de su vivienda cerca de la Universidad de Colorado en Boulder. A principios de marzo, Trowbridge estaba trabajando en un centro de llamadas para cubrir parte del costo de sus clases universitarias. Pensó que quizás estaría expuesto a una persona con COVID-19 y le preguntó a su empleador si podía trabajar desde casa. Aunque la tecnología necesaria para hacerlo parecía fácil (es un centro de llamadas), lo despidieron, Trowbridge dijo.
El dinero que Trowbridge tiene en el banco es de un préstamo estudiantil. Ha sacado préstamos para pagar por sus estudios y hasta esperó a cumplir 26 años para obtener más ayuda financiera como un adulto independiente. Paga $650 al mes por la habitación más pequeña en una casa que se alquila por $1,950 al mes. Docenas de sus amigos perdieron sus trabajos en la industria del servicio; “el único con un trabajo seguro se encarga del servicio de víveres para llevar en un King Soopers”, Trowbridge dijo.
A sus compañeros de piso no les interesó negociar el alquiler. La primera vez que le pidió ayuda al propietario, este le contestó directamente: “o pagas o te enfrentas al desalojo”.
“Así que le dije que no iba a pagar”, Trowbridge dijo. “Una huelga de alquiler puede influir, 100 por ciento. La ventaja principal es que se congelaron los desalojos. [El distrito judicial de Boulder suspendió todas las acciones que no sean de emergencia hasta el 31 de mayo.] Mientras más tiempo nos resistamos a dar nuestro dinero, más desalojos se acumularán. Literalmente no pueden desalojarnos a todos”. Tampoco funcionará que retrasen el alquiler, agregó. “Necesitamos que se condone. Necesitamos volver a negociar”.
Ahora el propietario está negociando, Trowbridge dijo, probablemente porque lo amenazó con una queja de habitabilidad por no arreglar una secadora. Trowbridge dijo que no resiente los cierres generalizados y que las luchas reales relacionadas con COVID-19 no son generacionales, según dicen los medios. “Es una guerra de clase en lugar de guerra de edades”, dijo. “Es [una guerra entre] los que tienen y los que no tienen”.
La Asociación de Apartamentos de Colorado, la cual representa a propietarios de más de 400,000 unidades de vivienda en Colorado, cuenta con una mesa de trabajo que instó a los propietarios a que suspendieran los desalojos, perdonaran los cargos por pagos tardíos y trabajaran individualmente con inquilinos afectados por la crisis para establecer un plan de pagos. Sin embargo, también dice que muchos de los propietarios de viviendas en alquiler en Colorado son dueños de solo una casa o un par de unidades y que ellos mismos tienen hipotecas que deben pagar mensualmente a bancos que no son tan flexibles.
“Es una situación terrible, nunca antes vista”, reconoció Michelle Lyng, quien trabaja como portavoz independiente para la Asociación de Apartamentos de Colorado y también alquila una pequeña propiedad que le pertenece. “En recesiones anteriores, las cosas disminuyeron su ritmo gradualmente. Esta [crisis] es como si todos nos hubiéramos caído de un acantilado”.
Muchos propietarios saben de la idea de una huelga de alquiler, Lyng dijo, pero hasta dueños de propiedades más grandes necesitan el dinero del alquiler para pagar por la administración, los esfuerzos de limpieza (más importantes que nunca durante la pandemia) y el cuidado de los jardines y otros empleados.
“La gente piensa que cuando pagas el alquiler solo estás haciendo a alguien más rico; no es así”, Lyng dijo. “Es muy importante que la gente que puede pagar, pague. Cada edificio está en una situación financiera diferente; todos en ambos lados de esta situación está tratando de actuar lo mejor posible”.
Un programa piloto que los Servicios Legales de Colorado (Colorado Legal Services, en inglés) implementaron en 2018, con fondos reunidos por integrantes del Consejo de la Ciudad de Denver, ayudó durante ocho meses a 398 clientes en peligro de desalojo. Una oficina temporal que se estableció en el Edificio de la Ciudad y el Condado de Denver ofreció asesoría legal a personas que tenían que asistir a audiencias de desalojo. Según Jana Happel, abogada para los Servicios Legales de Colorado, el 34 por ciento eran personas afroamericanas, un porcentaje tres veces mayor de lo que representan en la población en general de Denver. Además, el 35 por ciento de los clientes tenía discapacidades.
Un estudio sobre la propiedad inmobiliaria, un recurso clave de riqueza individual y generacional, que realizó el Centro para el Progreso Estadounidense (Center for American Progress, en inglés), mostró que el 73 por ciento de los hogares blancos son dueños de su vivienda, mientras que la proporción disminuye al 41 por ciento entre las personas afroamericanas. Entre las familias latinas, el porcentaje es igualmente bajo.
La inseguridad laboral creada por COVID-19 también afecta de manera desigual. A los trabajadores administrativos/gerenciales (white collar, en inglés) que reciben salarios más altos les va mejor. Una encuesta de Axios-Ipsos realizada entre 1,355 adultos en EE. UU. a finales de marzo encontró que el 65 por ciento de los trabajadores con mayores ingresos dijeron que podían seguir trabajando normalmente o desde casa. Entre los participantes con los ingresos más bajos, solo el 29 por ciento dijo que podía trabajar normalmente o desde casa.
Colorado avanzó en años recientes al otorgarles más derechos a los inquilinos. Por ejemplo, extendió el período para pagar el alquiler atrasado y reforzó las restricciones de habitabilidad para los propietarios. Pero la extraordinaria situación creada por COVID-19 requiere mucho más, dijo Jack Regenbogen, abogado principal en el Centro sobre Leyes y Políticas de Colorado (Colorado Center on Law & Policy, en inglés) una organización no lucrativa beneficiaria de The Colorado Trust.
“Para proteger a los inquilinos a corto plazo, nuestro gobierno necesita implementar inmediatamente una moratoria estatal en los desalojos”, dijo. “A largo plazo, necesitaremos ayuda financiera significativa para que la gente pueda reponerse de la pérdida de ingresos y mantener su vivienda”.
Los defensores legales advierten a quienes apoyan la huelga de alquileres que será difícil convencer a los líderes estatales para que se condone directamente el alquiler mediante una orden ejecutiva o ley de emergencia. Básicamente requiere destruir contratos de alquiler actuales y reemplazar leyes contractuales que han existido por siglos, dijeron.
Neumann entiende la dificultad de esa postura, hasta como defensor de familias con ingresos más bajos. Pero lo que sigue recolectando son historias devastadoras de inquilinos con problemas repentinos.
Una de sus clientes a quienes ayuda sin cobrarles es una mujer embarazada cuya fecha de parto está programada en abril. Su esposo perdió su trabajo y luego se enfermó de COVID-19. A pesar de estar viviendo en un condado con una moratoria temporal en los desalojos, el propietario les dijo que si no podían pagar, tendrían que irse inmediatamente. La pareja tiene un hijo de 2 años.
“Eso encapsula el dolor de este momento bastante bien”, Neumann dijo.
Agencias no lucrativas y gubernamentales dicen que apenas están empezando a entender cuánto de la crisis de inquilinos en Colorado llegará a los hogares que antes se consideraban seguros como parte de la clase media.
John Bonaccorso y su prometida se consideraban como parte de ese grupo hasta hace un mes. Bonaccorso es un empresario dedicado a la tecnología que dice haber gastado todos sus ahorros para mudarse a Denver y lanzar una nueva empresa. Hace cuatro semanas, dejó de recibir ingresos de ese negocio. Al mismo tiempo, su prometida perdió su trabajo como mesera en un restaurante.
Bonaccorso había estado manejando para Uber y Lyft mientras trataba de lanzar su empresa. El martes, 31 de marzo, tuvo sus aplicaciones encendidas por seis horas. El único cliente que tuvo resultó en $3.
El alquiler mensual de Bonaccorso es $2,400 y el propietario de su vivienda dijo que lo más que podía hacer era esperarse a desalojarlo hasta el 30 de abril. Su prometida no empezará a recibir su cheque por desempleo hasta en dos o tres semanas. Quizás reciban un cheque por el estímulo federal de $1,200, para cubrir su alquiler, los servicios públicos, las mensualidades del automóvil y comida.
Bonaccorso dijo que quizás tenga más suerte que otros, pero igual imagina cómo su situación podría multiplicarse por toda la ciudad y el estado en futuras semanas.
“Estos miles de desalojos inminentes deben ponerse al frente de la atención pública antes que la gente se desespere y quién sabe qué pueda pasar”, dijo.
