Personas esperan en la fila para votar en el Centro Recreativo La Familia en Denver durante el día de las elecciones, noviembre de 2016. Fotografía de Bob Pearson/EPA/Shutterstock
Personas esperan en la fila para votar en el Centro Recreativo La Familia en Denver durante el día de las elecciones, noviembre de 2016. Fotografía de Bob Pearson/EPA/Shutterstock
Una tarde soleada de un viernes a mediados de marzo en la cámara de representantes de Colorado, el gobernador recientemente elegido, Jared Polis, sancionó la Ley Nacional del Voto Popular. No hubo cámaras ni integrantes de la prensa ni una multitud reunida, y poca algarabía y espectáculo. Pero fue un paso silencioso en la larga marcha hacia un derecho al voto más equitativo.
“La representación igualitaria no es un asunto rojo ni azul, es una manera de asegurar que todos los estadounidenses y todas las personas en Colorado tengan la misma oportunidad de decidir quién lidera nuestro país”, dijeron los patrocinadores de la propuesta de ley en una declaración conjunta.
Al aprobar la legislación, Colorado se unió a 13 estados más como parte del Pacto Nacional Interestatal por el Voto Nacional. Este esfuerzo busca asegurar que el/la candidato/a para presidente que gane el voto popular también gane el Colegio Electoral.
“El voto popular empodera al votante individual, sin importar en dónde viva el votante, y fuerza a nuestros políticos a considerar las necesidades de todos los electores, no solo de algunos”, dijo Jena Griswold, secretaria del Estado de Colorado, durante una audiencia legislativa sobre la iniciativa en enero.
Aunque el pacto no entra en vigor a menos que los estados que sumen 270 votos electorales también promulguen la ley, los 14 estados más el Distrito de Colombia que la promulgaron ya suman 189 votos electorales, o el 70 por ciento de los necesarios. El deseo de hacer este cambio presenta un recordatorio significativo de que hasta los aspectos fundamentales del sistema político estadounidense se basan en desigualdades raciales y obstáculos históricos para el poder y la representación.
El Colegio Electoral usualmente se define como un esfuerzo de los creadores de la Constitución para balancear la influencia de estados pequeños y grandes.
“La verdad es menos noble”, escribió Jamelle Bouie en el diario The New York Times, después de que Polis firmara el pacto. “El Colegio Electoral realmente fue una solución alternativa para satisfacer una Convención Constitucional dividida que sacrificó una funcionalidad real”.
Los estados del sur estaban poblados por un número importante de esclavos, quienes no tenían el derecho al voto en ese momento. “El derecho al voto estuvo mucho más expandido en los estados del norte que en los del sur; y estos últimos no podían influir en las elecciones basándose en el voto de los Negros”, señaló James Madison. Es decir, Madison reconoció que los estados del sur tendrían menos influencia en las elecciones nacionales porque los estados del norte tenían una mayor población en general, y porque el sur tenía una gran grupo de personas a quienes no les permitían votar.
El Colegio Electoral se diseñó para llegar a un acuerdo. Bajo este sistema representativo proporcional, la distribución de votos electorales permitió que los estados contaran a los esclavos como tres quintos de una persona (también conocida como la “cláusula de los tres quintos”). Pero los esclavos no podían votar.
“Bajo una cláusula que contó a los esclavos como tres quintos de una persona para la representación frente al Congreso, los estados sureños con esclavos obtuvieron una influencia muy grande para seleccionar al presidente”, escribió Alex Cohen para la organización Brennan Center for Justice. “El sistema ha persistido a pesar de la expansión del derecho a votar y la abolición de la esclavitud”.
Más allá de los obstáculos raciales en los que se basa el Colegio Electoral, siguen existiendo una letanía de problemas adicionales. Dos de los últimos tres presidentes se eligieron a pesar de no haber ganado el voto popular. Un análisis del diario The Washington Post sugiere que varios estados, incluido Colorado, están actualmente subrepresentados en el Colegio Electoral con base en su población y sus votos. Y, según un análisis de National Public Radio, es posible ganar la presidencia con tan solo el 23 por ciento del voto popular.
“¿Cómo terminamos con este sistema?” preguntó Paul Finkelman, un profesor invitado de leyes en la Universidad de Saskatchewan en Canadá, en un libro blanco publicado en 2002 cuyo título fue “Los orígenes proesclavistas del Colegio Electoral” (The Proslavery Origins of the Electoral College). Finkelman escribió el libro para un simposio después de las elecciones presidenciales tan controversiales del año 2000.
“Solo nos queda preguntarnos cómo se hubiera desarrollado la historia estadounidense si los fundadores hubieran creado un método para elegir al presidente que no favoreciera la esclavitud”, Finkelman escribió. “Quizás ahora sea el momento de deshacernos del último vestigio constitucional de esa institución peculiar: el colegio electoral”.
Leyes electorales en Colorado
Mientras que el contexto histórico de la votación está lleno de inequidades, Colorado tiene la fortuna de ser uno de los estados líderes en el país en lo relacionado con el sistema y la participación electoral.
Al estado continuamente lo consideran un sistema electoral modelo por sus políticas, procesos y participación electorales. En 2018, Colorado ocupó el segundo lugar después de Minnesota por su participación electoral (el porcentaje de personas que reúnen requisitos para votar y votan). Y en un entorno reñido debido a los escándalos del hacking en las elecciones de 2016, Colorado se ganó la reputación de tener un sistema electoral seguro.
“Si la gente piensa que hay riesgos, es menos probable que voten”, el exsecretario del Estado de Colorado Wayne Williams le dijo al The Washington Post en mayo de 2018. (Williams, un republicano, perdió en noviembre su campaña de reelección contra Griswold, una demócrata.) “Queremos proteger a las personas contra esa amenaza, y queremos que las personas sepan que están protegidas contra esa amenaza”.
Gran parte del crédito por el sistema electoral de Colorado le pertenece a la Ley de Acceso del Votante y Elecciones Modernizadas, la cual se sancionó en mayo de 2013. La ley se diseñó con el objetivo de que fuera más fácil y eficiente votar y registrarse para votar. Esto resultó en boletas electorales que se envían por correo a todos los votantes registrados, la expansión del voto temprano (incluidos los sábados), buzones para depositar boletas disponibles las 24 horas, centros para votar en persona y la posibilidad de registrarse para votar hasta durante el día de las elecciones.
“El sistema siempre puede mejorarse”, dijo Amanda Gonzalez, directora ejecutiva de Colorado Common Cause, un grupo independiente que promueve el aumento en la responsabilidad gubernamental. “Tenemos un sistema que realmente es un modelo a nivel nacional, y estamos buscando maneras de mejorarlo constantemente”.
Las políticas y los procesos de Colorado son todos importantes porque las comunidades históricamente privadas del derecho a votar y de la participación democrática son, en su mayoría, las mismas comunidades que enfrentan obstáculos sistémicos que afectan su salud, sus ingresos y su bienestar en general.
A lo largo del país, impuestos al sufragio, pruebas de lectoescritura, tácticas intimidantes, violencia y otros esfuerzos para reprimir la votación se han centrado históricamente en las personas de color, con menos ingresos, con menor probabilidad de ser dueñas de casas o terrenos, con discapacidades, inmigrantes y más jóvenes a fin de prevenir que voten.
Datos y análisis electorales sobre quién vota y quién no ayudan a establecer el contexto de los efectos de los obstáculos para votar, tanto histórica como actualmente. Después de las elecciones de 2016, la organización Pew Research publicó un estudio mostrando que las personas que no votaron o no pudieron votar fueron desproporcionadamente personas de color, con menos ingresos, jóvenes y con niveles de estudios más bajos.
Esfuerzos más recientes para desalentar que se vote en otros estados, como eliminar a votantes registrados de las listas electorales, reducir los sitios disponibles para votar, leyes más estrictas para presentar una identificación y la igualación de firmas, tienen el mismo objetivo discriminante.
Estudios recientes disputan qué tanto afectan las leyes de identificación del votante la participación electoral real, aunque cierta evidencia sugiere que ese tipo de medidas puede distorsionar los resultados en elecciones con resultados reñidos al persuadir desproporcionadamente a las personas de color y con menos ingresos para que no voten.
Aunque quizás se pueda debatir el efecto de este tipo de leyes, existe evidencia de intenciones discriminantes, y abiertamente partidarias, detrás de estas medidas. Un artículo publicado en 2016 por The New York Times documentó numerosos casos en Wisconsin y Pennsylvania en los cuales funcionarios electos y agentes políticos dijeron tener como objetivo disuadir y prevenir que votaran las personas de color. Y al anular una ley de supresión electoral en Carolina del Norte, la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el 4º Circuito declaró que la ley estaba “centrándose en los votantes que, según su grupo racial, probablemente no votarían por el partido mayoritario. Aunque se lleve a cabo con fines partidarios, eso constituyó discriminación racial”.
Además de estos obstáculos, que algunas personas sientan que sus votos no van a importar o contar amenaza con prevenir aún más la participación democrática.
“Mucha retórica negativa sobre la integridad de las elecciones realmente afecta negativamente el derecho al voto, y hace que las personas crean menos en el sistema y confíen menos en sus votos”, dijo Salvador Hernandez, coordinador de participación cívica para Mi Familia Vota, una organización nacional que promueve la participación de la comunidad latina en el proceso político. “Esas son amenazas serias. Más que nada, hacen que las personas no quieran participar o crean desconfianza”.
“Mientras más personas participen, mejores serán los resultados para nuestras comunidades”, Gonzalez dijo, “porque sabemos que nuestra democracia es mejor, más fuerte y atenta a sus votantes cuando todos participamos”.
Investigadores con la Universidad de Wisconsin estuvieron de acuerdo con la conexión recíproca entre votar y el bienestar.
“Estudios demuestran que mientras más sano estés, más probable sea que votes”, escribió Barry Burden, un profesor de ciencias políticas y director del Centro de Investigaciones Electorales de la universidad. “Cuando una persona participa en la vida cívica, es sociable, eficaz y participativa”.
“Cuando alguien siente que importa en su gobierno y en su comunidad, que está tomando decisiones, hay algo empoderante en eso”, Gonzalez dijo. “Sabemos que es beneficioso para la salud pública”.
2018 en retrospectiva
Según Colorado Common Cause, en 2018 los votantes de Denver tardaron 13 minutos en promedio para completar sus boletas electorales, aunque algunas personas tardaron hasta 90 minutos para votar. Estos desafíos reflejan algunas de las consecuencias del proceso de una iniciativa electoral.
“Por un lado, [las iniciativas electorales] son una excelente manera de tomar en cuenta las voces de las personas… las personas pueden agregar los asuntos que les interesan a la boleta electoral”, Gonzalez dijo. “La desventaja es que con frecuencia las palabras son confusas. La constitución obliga a usar ciertas maneras para incluir la información en la boleta. Y creo que las personas piensan que las preguntas sobre impuestos, reguladas por TABOR, son particularmente confusas”.
Hasta las preguntas fiscales todas en mayúscula que se agregan a la boleta electoral se escriben así porque lo estipula la constitución estatal.
Según una fórmula de legibilidad que se publicó en The Colorado Independent, un votante necesitaría 22 años de estudios, o lo equivalente a obtener un doctorado, para entender totalmente la boleta electoral de Colorado en 2018. La misma fórmula se usó en un estudio expansivo de boletas electorales en 2009 demostrando que, entre todos los 50 estados, Colorado tuvo la boleta electoral más difícil de entender en un periodo de 10 años, entre 1997 y 2007.
Las barreras del idioma son aún más complejas para los votantes que necesitan una boleta electoral en un idioma que no sea inglés.
Hernandez contó la historia de una pareja de ancianos en el Condado de Weld que necesitaban ayuda para entender la boleta electoral de Colorado. “Hablaban un inglés básico, pero ya que las palabras en la boleta eran tan complicadas, no entendían por qué les estaban pidiendo que votaran”.
Según el programa independiente Just Vote Colorado que protege a los votantes, cuatro condados, Conejos, Costilla, Denver y Saguache, cumplieron con el límite para tener boletas electorales bilingües en 2018 con base en los datos del Censo. Dos más, La Plata y Montezuma, debieron proporcionar materiales electorales en el lenguaje ute.
Además, siguen existiendo inquietudes relacionadas sobre las intenciones del gobierno federal de incluir una pregunta sobre la ciudadanía en el Censo de 2020, y el efecto desalentador que se predice podría tener en la participación de las personas que no hablan inglés. El asunto, el cual se está desafiando en las cortes actualmente, podría tener consecuencias importantes no solo para la disponibilidad de idiomas en futuras boletas, sino también para la reconfiguración de distritos y la representación en el Congreso.
“La gente no piensa que el Censo esté conectado con el derecho al voto”, Gonzalez dijo. “Subestimamos [el valor del] Censo”.
Según The Colorado Sun, un número pequeño de votantes en el estado sufrieron una mínima cantidad de otros problemas menores durante las elecciones de 2018. Los problemas incluyeron la pérdida del servicio de Internet, buzones llenos para depositar boletas y votantes que recibieron la boleta equivocada, entre otros.
En futuras elecciones, la pregunta para Colorado no solo será cuáles son las voces no incluidas cuando los votantes se enfrenten a estos obstáculos, sino también por qué es importante y cuál es su efecto en las comunidades y familias en todo el estado.
Durante la sesión legislativa de 2019, Griswold, la secretaria del Estado, nombró las diferencias en el sistema electoral de Colorado en comparación con los recientes esfuerzos para reprimir el voto en Georgia, Florida y Carolina del Norte. Griswold también priorizó el acceso de los votantes al respaldar la propuesta de ley que expande el registro electoral automático (SB 19-235), la cual la legislatura aprobó. Otra propuesta de ley electoral (HB 19-1278), también en espera de que el Gobernador la apruebe, emplearía un método impulsado por datos para aumentar el número de buzones para depositar boletas y reducir las filas en los centros de votación.
2020 y más allá
Con o sin el Colegio Electoral, se seguirá intentando socavar las protecciones de la Ley del Derecho al Voto. Según un análisis realizado en 2018 por el Brennan Center for Justice, 31 legislaturas estatales presentaron 99 propuestas de ley a lo largo de un año para disminuir el acceso a la votación. Y desde 2010, 26 estados implementaron restricciones al voto.
Sin embargo, se observan indicios de que los derechos a la votación son y seguirán siendo un principio central del sistema política de EE. UU., y de que las elecciones gratuitas y justas siguen siendo un pilar de la participación democrática.
En las elecciones de 2018, Maryland, Michigan y Nevada aprobaron iniciativas para facilitar el registro electoral. Colorado y Missouri aprobaron reformas bipartidarias para el proceso de reorganización distrital con el objetivo de reducir la táctica conocida en inglés como gerrymandering. (Gerrymandering es la manipulación de los límites de los distritos electorales para favorecer a un partido político.) Y los habitantes de Florida votaron para restablecer el derecho al voto de 1.4 millones de excriminales, incluidas 500,000 personas afroamericanas.
“Votar es tan poderoso”, Gonzalez concluyó. “Cuando sientes que tu voz se toma en cuenta, cuando sientes que puedes opinar en tu comunidad y que las personas que la están dirigiendo y esos sistemas son transparentes y puedes entender[los], hay algo excepcionalmente empoderante en eso”.
No se puede negar que el derecho al voto es importante y poderoso. Lo que es menos seguro es si ese derecho se puede proteger a largo plazo y expandirse entre las comunidades históricamente excluidas.
