Victoria en Montrose el 13 de mayo de 2020.
Fotografías de Luna Anna Archey
Victoria en Montrose el 13 de mayo de 2020.
Fotografías de Luna Anna Archey
Por Sarah Tory
Antes de la pandemia del coronavirus, Victoria y Roberto estaban planeando llevar a sus tres hijos, de 11, 8 y 2 años, a Disneyland durante las vacaciones de primavera a principios de abril. (Sus nombres se han cambiado en este artículo debido a temores por su estatus migratorio.) Roberto había trabajado duro como empleado de construcción en Telluride, Colorado, para ahorrar y pagar por el viaje; los niños estaban emocionados.
“Teníamos tantos planes”, Victoria me dijo cuando hablamos recientemente por videochat. Usando anteojos, con cabello marrón hasta los hombros, dejó que su hijo más pequeño, Alex, apareciera en pantalla sonriendo. “Luego la pandemia llegó y todo se detuvo”.
Victoria nació en el estado de Zacatecas, en México, en donde se crio rodeada de crimen y violencia crecientes debido a los carteles de drogas. En su adolescencia, su padre, hermanos y muchos de sus otros parientes salieron para Estados Unidos. A los 20 años, cuando su miedo se hizo insostenible, Victoria decidió unirse a ellos con la esperanza de eventualmente traer también a su mamá y hermana.
En 2004, Victoria llegó a Montrose, ubicado a 65 millas al norte de Telluride, en donde algunos de sus parientes vivían. Encontró trabajo limpiando casas y le gustó el ambiente tranquilo de pueblo pequeño. Dos años más tarde conoció a Roberto durante un partido local de fútbol. Él era del estado mexicano de Durango y tampoco tenía documentos migratorios. Se casaron a finales de ese año; tres años después tuvieron a su primer hijo y luego dos más. Compraron una pequeña casa prefabricada y luego una más grande con tres recámaras. Roberto construyó una casa en el árbol del jardín para que los niños jugaran.
A mediados de marzo, el gobernador de Colorado Jared Polis ordenó la clausura de los centros de esquí en el estado y Telluride, como otros pueblos montañosos, básicamente dejó de funcionar. El 21 de marzo, el Condado de San Miguel en donde Telluride está ubicado, anunció una norma de aceptar únicamente a residentes locales. Esto básicamente prohibió la entrada de cualquier persona cuya residencia estuviera afuera del condado y cualquier servicio que no fuera esencial.
Roberto perdió su trabajo. El trabajo de Victoria limpiando casas se agotó. En tan solo un par de días, vieron la estabilidad por la que habían trabajado tan duro para sus hijos empezar a desmoronarse.
Victoria les pidió a los niños que se sentaran y compartió las noticias: No irían a Disneyland este año. Lo que iban a gastar en las vacaciones, ahora tendrían que usarlo para comprar comida y pagar el alquiler.
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Como cientos de miles de familias en Colorado, Victoria y Roberto están enfrentando dificultades para sobrellevar los impactos financieros y sociales sin precedentes de la crisis del coronavirus. Pero como padres indocumentados, no reúnen requisitos para recibir ningún tipo de ayuda federal a la cual tienen acceso millones de familias en el país para ayudarlas durante la pandemia. Tampoco pueden solicitar beneficios de desempleo, aunque Roberto paga impuestos usando un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), un proceso que muchos inmigrantes indocumentados usan.
En 2014 en Colorado, 109,427 niños nacidos en EE. UU. estaban viviendo con por lo menos un integrante indocumentado en su familia, según un informe realizado en 2017 por el Centro de Estudios de la Integración Inmigrante de la Universidad del Sur de California que usó los datos más recientes disponibles. En el área occidental del estado, los inmigrantes constituyen el segmento principal de la economía turística de la región: trabajan en hoteles, restaurantes, mantenimiento y construcción que mantienen a centros turísticos como Telluride y Aspen a flote. Solo en 2018, los inmigrantes indocumentados en Colorado pagaron más de $429 millones en impuestos estatales y federales.
Sin embargo, mientras la administración de Trump usa la pandemia para impulsar su tradicional política de castigar a los inmigrantes indocumentados, la gran mayoría de estas familias de “estatus mixto” no recibirán ningún apoyo del estímulo económico federal, ni siquiera los $500 por cada hijo. Muchas de estas familias ya están pasando apuros para pagar el alquiler, la hipoteca, los servicios públicos y otras necesidades básicas.
“Siempre ha existido una enorme desigualdad aquí con esta comunidad, pero ahora está saliendo a la superficie debido al momento en que estamos pasando”, dijo Karen Sherman Perez, coordinadora de participación cívica para el Proyecto de Asuntos Hispanos (HAP, por sus siglas en inglés), una organización no lucrativa que ofrece servicios a comunidades inmigrantes latinas en el oeste de Colorado. (HAP es beneficiaria de The Colorado Trust.)
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Victoria y Roberto se enteraron por primera vez del coronavirus a principios de marzo cuando la enfermedad todavía parecía un concepto abstracto. Empezaron a preocuparse cuando escucharon que el virus había llegado a EE. UU. y se mencionaron las cuarentenas obligatorias.
Un día a mediados de marzo, Victoria fue al supermercado y se asustó al ver las largas filas y repisas vacías y gente yéndose en automóviles llenos de comida. Titubeó sin saber cuánto comprar temiendo que, si compraba demasiado, a otras personas no les quedaría nada. Aun así, cuando el trabajo de Roberto se acabó, Victoria se mantuvo estoica. “Debemos tener paciencia”, pensó.
Pero conforme las semanas se han convertido en meses, ahora la situación se siente más urgente. Sus ahorros están desapareciendo y ni Victoria ni Roberto saben cuándo, o si, podrán trabajar otra vez.
Mientras tanto, no saben cómo decirles a sus hijos sobre su situación financiera. Cuando Alex agarra otra manzana o naranja, Victoria no se atreve a detenerlo. Hasta si le dijera la verdad (que el dinero es escaso y deben conservar lo que tienen), sabe que el niño de dos años no entendería. Así que ella y Roberto han decidido comer menos.
Roberto y dos de sus tres hijos, Alex y Luis, en Montrose el 13 de mayo de 2020.
Un par de semanas después de empezar la cuarentena, Perez, de HAP, empezó a enterarse de más familias en aprietos. Inicialmente, muchas no quisieron expresar sus temores o pedir ayuda, pero a principios de abril, empezaron a compartir sus miedos de no saber cómo cubrirían el alquiler.
Muchas personas inmigrantes con las que Perez habló tenían miedo de solicitar beneficios de desempleo u otros beneficios del gobierno como cupones para alimentos y Medicaid, debido a la nueva regla de carga pública de la administración de Trump. La norma, anunciada en febrero, facilita que el gobierno les niegue la residencia permanente o una visa a inmigrantes si cree que es probable que reciban ciertos beneficios públicos en el futuro. A los inmigrantes les preocupaba que aceptar cualquier tipo de ayuda gubernamental durante la pandemia pusiera en riesgo su capacidad de cambiar su estatus migratorio y, aunque muchos de estos temores son infundados (el seguro de desempleo, por ejemplo, es un “beneficio ganado” no un beneficio público), el temor está profundamente implantado en la cabeza de las personas, Perez dijo.
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En la región occidental de Colorado, otras familias inmigrantes están enfrentando problemas similares. A dos horas al nordeste de Montrose, en el Distrito Escolar de Roaring Fork (RFSD, por sus siglas en inglés), más de la mitad de los niños tienen familias latinas, con padres que trabajan por hora, usualmente sin beneficios, apoyando a las industrias del turismo y a los centros de esquí en la cercana ciudad de Aspen. A muchos de ellos los excluyen de cualquier tipo de asistencia gubernamental debido a su estatus migratorio. Cuando la pandemia llegó, los consejeros de las escuelas pasaron tres semanas llamando a cada una de las familias en el distrito y conectando a las familias en crisis con el Centro de Recursos Familiares de RFSD.
Durante ese período de tiempo, el centro recibió solicitudes de ayuda para 600 familias incapaces de cubrir sus gastos. Muchas de estas familias ya tenían dificultades para cubrir los altos costos de la vivienda en la región, dijo Anna Cole, directora de servicios familiares para RFSD. Ahora, le preocupa la manera como el estrés financiero afectará la educación de sus hijos.
Aunque el centro pudo trabajar con un proveedor local de servicios de internet para proporcionar conexión Wi-Fi a las familias que antes no la tenían, asegurar que los niños asistan a las clases en línea ha sido difícil. Sin ingresos, las familias en situaciones inestables de vivienda, como las que alquilan sin un contrato, corren peligro de que las desalojen.
“No hay forma de que los niños hagan álgebra en línea si sus necesidades básicas y salud mental no están cubiertas”, Cole dijo.
Este tipo de inequidades forman la base de una nueva demanda federal colectiva presentada ante la corte el 5 de mayo en nombre de niños ciudadanos estadounidenses a cuyos padres indocumentados se excluyó del paquete valuado en $2 trillones para ofrecer ayuda federal por la pandemia, también conocida como la Ley CARES. La demanda argumenta que la Ley CARES discrimina contra los niños con base en el estatus migratorio de sus padres y les niega los beneficios que otros niños estadounidenses recibirán durante la pandemia. En Colorado, los niños sufrirán desproporcionadamente debido a esta exclusión. El estado cuenta con el noveno número más alto de niños que vive con parientes indocumentados, muchos de los cuales trabajan en las industrias más afectadas por la crisis económica actual.
Mientras tanto, organizaciones locales no lucrativas hacen lo que pueden para ayudar. A finales de marzo, HAP lanzó el Fondo de Alivio para Inmigrantes en el Oeste de Colorado para ofrecer asistencia financiera durante la pandemia a familias inmigrantes indocumentadas que no reúnen requisitos para recibir ayuda estatal ni federal debido a su estatus migratorio. (The Colorado Trust contribuyó fondos para este esfuerzo.) En lugar de recibir dinero en efectivo, los beneficiarios pueden solicitar fondos para cosas específicas que necesitan pagar, como el alquiler, la comida (con tarjetas de regalo) y los costos médicos. Hasta ahora, HAP ha recaudado más de $100,000, una “gota en el océano” en comparación con lo que se necesita, Perez dijo, y agregó que cuando los negocios abran otra vez, los trabajadores inmigrantes probablemente figuren al final de la lista de recontratación.
“Todavía se siente como la calma antes de la tormenta”, dijo.
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A principios de mayo, algunos negocios y tiendas en Montrose empezaron a reabrir y Luis, el hijo de ocho años de Roberto y Victoria, necesitaba ir al médico. Victoria compró mascarillas para sí misma, Roberto y los niños, con la esperanza de protegerse y protegerlos a ellos; enfermarse sería desastroso para ella y Roberto, ya que ninguno tiene seguro médico. Por eso Victoria se sintió aliviada cuando el Distrito Escolar del Condado de Montrose cerró todas sus escuelas el 13 de marzo e hizo la transición a la enseñanza virtual. Se sintió más segura teniendo a sus hijos en casa en donde podía minimizar su exposición a los gérmenes.
El aprendizaje a distancia ha creado su propia serie de desafíos para Victoria, quien habla poco inglés. Su hijo mayor, Omar, hace sus tareas escolares solo, pero Luis necesita más apoyo y Victoria no siempre es capaz de ofrecérselo. Por eso diseñaron un sistema: si Omar no puede ayudar a su hermano menor, Victoria usa un traductor digital para traducir la tarea al español; así ella o Roberto pueden explicarle la tarea a Luis.
A pesar de las dificultades, Victoria disfruta estos momentos con sus hijos. “Estoy aprendiendo junto con ellos”, me dijo.
Afuera, el Valle de Uncompaghre se llenó de verde y las alergias primaverales de Victoria empezaron a molestarla cuando llevó a los niños a jugar al fútbol y andar en bicicleta en el parque. Cuando hablamos por última vez, la incertidumbre de todo estaba empezando a desgastarla y confesó que el fin de semana anterior, se sintió tan cansada que pasó todo el sábado descansando. Pero faltando aún meses, o más, para que termine la pandemia, la paciencia no es un lujo que Victoria cree poder darse.
Victoria y Roberto siempre han estado orgullosos de su ética laboral. Vinieron a Estados Unidos para trabajar duro y la idea de simplemente esperar a que les den limosna fue muy angustiante para Victoria. Roberto concordó: “Teníamos que hacer algo para comer y pagar nuestros gastos”, dijo.
Recientemente, Victoria empezó a preparar tamales para vender y Roberto ha encontrado trabajos esporádicos ayudando a vecinos y amigos con proyectos varios. Lograron pagar la mensualidad de su hipoteca el mes pasado y ahora Victoria está comprando solo los víveres más baratos en el supermercado, con la esperanza de alargar sus ahorros lo más posible.
Todos los días reza para que sean suficientes.
