Imagen proporcionada por iStock/image_jungle
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Por Larry Borowsky
“Mi familia está sana y salva por ahora”, Marisol dice. Ahí se acaban las buenas noticias.
Marisol y su esposo perdieron sus trabajos en la industria del servicio cuando COVID-19 hizo añicos la economía de Colorado. Ellos y sus tres hijos ahora dependen totalmente de los pocos cientos de dólares que Marisol gana por semana trabajando como niñera de medio tiempo.
Agradece tener ese trabajo, pero es un arma de doble filo en medio de una pandemia. Especialmente para una inmigrante indocumentada como Marisol. (Marisol es un seudónimo que nos pidió usar debido a su estatus migratorio.)
Cada vez que Marisol sale de su casa para realizar un trabajo considerado “no esencial”, teme levantar sospechas entre las agencias de seguridad pública. También se arriesga a contraer COVID-19 en el transporte público o en los hogares en donde trabaja.
“Ese es mi mayor temor”, dice. “Si me enfermo o si las personas para las que trabajo se enferman, tendré que dejar de trabajar. Y entonces no sé cómo sobreviviremos”.
Esta es la cuerda floja sobre la que caminan las personas indocumentadas durante la pandemia en Colorado. Pocas ganan suficiente dinero para vivir en la economía del “quédate en casa”. Tienen que salir a la comunidad frecuentemente, un riesgo que a casi todos los demás les indicaron que no asuman.
Pero más allá de eso, las personas indocumentadas que viven en Estados Unidos enfrentan una serie de vulnerabilidades particulares que afectan relativamente menos a otras comunidades marginadas. A menos que tengan una autorización para trabajar en el país u otro estatus protegido, los inmigrantes indocumentados no pueden solicitar los beneficios ampliados de desempleo que el Congreso aprobó el mes pasado, ni recibirán el cheque único como parte del estímulo federal (La familia de Marisol hubiera recibido $3,900 si reuniera requisitos). Aquellos que siguen trabajando no reciben días pagados por enfermedad si presentan síntomas o si necesitan quedarse en casa para cuidar a un pariente enfermo.
El distanciamiento social también afectó las redes de información de las que personas como Marisol usualmente dependen para apoyarse mutuamente. Por ejemplo, Marisol no sabía que se creó un programa de asistencia con el alquiler en su comunidad, ni que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) relajó temporalmente sus normas judiciales, aunque no confió en esta última noticia cuando se enteró. La actitud incansablemente punitiva del gobierno de Trump ha hecho que, en estos momentos de mayor necesidad, Marisol confíe menos en las agencias de servicios sociales, las salas de emergencia y otros recursos potencialmente vitales.
Eso resulta en que las familias indocumentadas tengan que valerse mayormente por sí mismas, con ingresos inciertos (en los mejores casos), casi sin protecciones y con una nueva versión del terror a que las detengan y separen. Además, como todos, viven con el miedo al virus en sí, pero con frecuencia sin la opción de quedarse en casa para proteger su salud y con el temor adicional de que las hospitalicen.
Ninguna otra comunidad en Colorado está atrapada en esta situación de presiones económicas, médicas y legales. Cualquiera de estas presiones podría separar a la familia de Marisol, pero no tiene el lujo de comparar un peligro con el otro. Para ella, la única opción es simple: Si no trabaja, su familia no tendrá un lugar para vivir ni qué comer.
“Conocemos a personas que están en casa sin poder hacer nada, sin ninguna forma de ganar dinero”, Marisol dice. “No sé qué les pasará a ellos. Quizás tengan recursos para un par de semanas, pero la realidad es que no sé cómo sobrevivirán”.
“Acorralados en un esquina”
“Las personas con las que trabajamos le temen al virus”, dice Ashley Harrington, una abogada para la Red de Defensa del Inmigrante en las Montañas Rocosas (Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network o RMIAN). “Pero el trabajo y dinero son prioridad. Estas son personas que, antes de COVID, ya estaban tomando decisiones difíciles sobre si pagar el alquiler, comprar comida o pagar la electricidad. Ahora, realmente están acorralados en una esquina.
“Tenemos clientes que aceptaron trabajos en Denver Health cuando agregaron empleados para desinfectar debido al virus. Algunos están trabajando en asilos de ancianos o dando cuidados a domicilio. Están corriendo un verdadero riesgo”.
“Les he preguntado a mis pacientes indocumentados que todavía trabajan si tienen alguna protección”, dice la doctora Kathleen Page, experta en enfermedades infecciosas en el Centro para la Salud Humanitaria en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. “Una persona me dijo que la despidieron por usar una mascarilla en el trabajo, aunque quizás lo malinterpretó; no estoy segura. Alguien más me dijo que estaba dentro de un camión con muchos otros trabajadores, el peor lugar en el que se puede estar, para llevarlos a un terreno en construcción”.
Con respecto a los trabajadores indocumentados que repentinamente perdieron su trabajo, Harrington dice que no todas las familias están tan aisladas y vulnerables como la de Marisol. Muchos hogares tienen por lo menos a un integrante que reúne requisitos para recibir beneficios federales porque tienen un permiso de trabajo, DACA, una solicitud en proceso para la residencia u otro documento.
Sin embargo, algunos temen que presentar una solicitud para recibir beneficios los haga caer en falta debido a la regla de “carga pública” que entró en vigor a finales de febrero después de una larga batalla legal. Según esta regla, que recibas beneficios de desempleo, cupones de alimentos, ayuda pública con tu vivienda o cualquier otro beneficio financiado con impuestos, incluido Medicaid, podría afectar negativamente tu situación con visado de inmigrante o solicitud para la residencia legal. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) prometió otorgar excepciones a la regla de carga pública a personas que perdieron su trabajo debido a COVID-19, pero muchas familias indocumentadas no creen que la oferta sea verdadera. No con el gobierno presidencial actual.
“Aunque digan que no afectará la carga pública, son años de políticas y retórica contra el inmigrante”, Page dice, “así que no culpo a las personas si no confían en eso”.
Mientras que Harrington entiende la desconfianza, dice que RMIAN aconseja a sus clientes con número de Seguro Social que soliciten beneficios de desempleo. A quienes no tienen ningún documento en absoluto, les aconsejan que se comuniquen con la Coalición de Derechos del Inmigrante en Colorado (Colorado Immigration Rights Coalition o CIRC), la cual está trabajando precariamente a fin de reunir recursos para familias en repentino estrés financiero.
“Si no tienes permiso de trabajo y perdiste ingresos”, Harrington dice, “CIRC está haciendo un esfuerzo fantástico. Está funcionando como una central de recursos durante la crisis: ayuda con el alquiler, ayuda con los servicios públicos, bancos de alimentos, bancos de ropa”.
Varias otras organizaciones están ayudando a las familias indocumentadas necesitadas, incluida la agencia de Asistencia Mutua en la Cadena Frontal (Front Range Mutual Aid, en inglés) y el Centro para el Progreso de la Salud (Center for Health Progress, beneficiario de The Colorado Trust). Muchos distritos escolares en el estado siguen distribuyendo desayunos y almuerzos a todos los estudiantes que reúnen requisitos para recibir comida gratis, incluidos niños sin documentos.
Además, algunos propietarios están respetando la solicitud de clemencia que el gobernador Jared Polis pidió tuvieran con sus inquilinos incapaces de pagar el alquiler debido a la pérdida de trabajo. Y numerosos condados (incluido Denver) ordenaron que sus alguaciles pausaran los desalojos. Pero no todas las familias pueden contar con estas formas de ayuda y no se sabe cuánto tiempo los propietarios estarán dispuestos a no cobrar el alquiler.
“Depende de la ubicación”, dice Julie Gonzales, senadora del estado de Colorado (demócrata, Condado de Denver). “Si pierdes tu trabajo, estás encerrado en casa y con probabilidades de que te desalojen, es mejor estar en Denver que en un lugar más hostil y menos acogedor para el inmigrante. [La respuesta] es fragmentada. En algunos condados, los alguaciles no ejecutarán las órdenes de desalojo ni las cortes están aceptando casos de desalojos o los están aplazando”.
Una cosa que concuerda entre un condado y otro es el Fondo Legal de Defensa contra el Desalojo (Eviction Legal Defend Fund, en inglés) que la legislatura estableció en 2019 para ayudar con la representacion legal de inquilinos sin fondos y en peligro de desalojo. Y esta sesión legislativa, Gonzales propuso la Ley de Protección para el Inquilino Inmigrante (Immigrant Tenant Protection Act, en inglés) para que los propietarios no usen el estatus migratorio como arma contra sus inquilinos. La propuesta legislativa todavía está esperando su resolución ante una asamblea actualmente clausurada.
“Es un hecho que las crisis empeoran las desigualdades estructurales”, Gonzales dice. “Existían antes de COVID y la pandemia las está empeorando. Una de nuestras metas para enfrentar la crisis es abordar las desigualdades estructurales para que no regresen cuando esto termine. ¿Qué pasará en cinco o seis meses cuando las cosas regresen a la ‘normalidad’? ¿Veremos una ola de procedimientos de desalojo en el estado? Necesitamos asegurar que se incluya a las personas marginadas en las soluciones que ofrezcamos”.
Las promesas de clemencia se reciben con desconfianza
Si los recursos para mitigar daños económicos son confusos y condicionales, las protecciones contra el virus en sí son relativamente claras.
El Centro para el Progreso de la Salud (Center for Health Progress, en inglés) publicó una guía integral de recursos sobre COVID-19 para personas sin seguro médico en Colorado, incluidas personas indocumentadas. Incluye una lista de clínicas, laboratorios, sitios web, líneas telefónicas de asistencia bilingüe y otros centros en el estado que ofrecen pruebas y tratamiento sin costo o a bajo precio. Para mitigar temores de que se planean emboscadas en lugares donde se ofrece atención sanitaria, ICE dio un aviso el 18 de marzo diciendo que suspenderá temporalmente las actividades de ejecución en hospitales, consultorios médicos y otros centros de atención sanitaria.
“Sabes que es una pandemia”, Gonzales dice secamente, “cuando ICE anima a las personas indocumentadas a que busquen atención médica”.
Pero que las familias indocumentadas se queden tranquilas es otra cosa. Marisol, la niñera de medio tiempo, no se había enterado del aviso de ICE, pero lo descartó cuando se enteró. Esta reacción es entendible dados los informes de que arrestos relacionados con inmigración continúan durante la pandemia.
Cuando le preguntamos si el miedo a que la detengan prevendría que buscara atención médica, Marisol dice: “Si uno de nosotros se enferma, claro que iremos al doctor”. Pero lo haría con temor y no cree que otras personas en su misma situación se arriesgarían a hacerlo.
“Tiene razón de desconfiar”, Gonzales says. “ICE ha eliminado todo rastro de credibilidad que tuvo en los últimos tres años al arrestar a personas en circunstancias sumamente vulnerables: cortes, situaciones de violencia doméstica, salas de emergencia en hospitales. La gente se enfermará y morirá porque tuvo miedo de buscar atención médica y la responsabilidad recaerá directamente en Donald Trump”.
“Es más miedo que realidad que si usan la sala de emergencia o buscan atención médica sufrirán consecuencias inmigratorias negativas”, dice la doctora Page de Johns Hopkins. “Pero el miedo existe. Y mis pacientes con niños tienen además que preocuparse de que los separen o deporten. Es difícil para ellos”.
La pregunta es: ¿causará este efecto disuasorio, en combinación con la imperativa económica de seguir trabajando durante la pandemia, que las familias indocumentadas en EE. UU. sufran más resultados adversos debido a COVID-19 que la población en general? Es demasiado temprano para saber, Page dice. Pero la pregunta merece seguimiento.
Una segunda serie de factores, quizás más reveladores, serán las tasas de hospitalización, de pacientes admitidos a la unidad de cuidados intensivos y de mortalidad por COVID-19.
“Sospecho que el número total de diagnósticos entre inmigrantes indocumentados será relativamente bajo”, Page dice, “pero aquellos a quienes sí diagnostiquen estarán en un estado muy avanzado porque solo vendrán y se harán la prueba cuando no tengan ninguna otra opción, así que una mayor proporción estará muy enferma. Esos casos quizás sean la punta del iceberg y habrá muchos más de los cuales nunca sabremos”.
Datos iniciales están, por lo menos parcialmente, corroborando la prognosis de Page. Hasta ahora, las tasas de mortalidad por COVID-19 han sido desproporcionadamente más altas entre las personas de color en varios focos de infección en EE. UU. Una de las posibles razones: parece que a las personas afroamericanas y latinas les están haciendo con menos frecuencia la prueba de COVID-19 que al resto de la población. Abogados especializados en derechos civiles ya instaron al gobierno federal para que publique datos demográficos sobre el impacto de la pandemia en comunidades de color.
Finalmente, Page cree que es importante controlar las tasas de mortalidad en general en varias comunidades durante la pandemia. “Debido a la cuarentena e interrupción de los servicios en general, habrá consecuencias imprevistas”, dice. “Habrá gente que morirá no por COVID, sino por otras causas que podrían haberse tratado en una situación más normal. Un ejemplo es la diabetes, un problema muy grande entre los latinos en general. ¿Veremos a más gente morir por insuficiencia renal?”
Aunque sus circunstancias son muy inciertas, Marisol dice que por ahora ha logrado controlar sus emociones. “Estamos cumpliendo las pautas del estado”, dice, “y eso me da fe de que superaremos esto. No salimos ni vemos a otra gente. Solo voy de mi casa al trabajo y regreso directamente. No voy a ningún otro lugar. Aparte de eso, no salimos.
“Espero en Dios que nos libraremos pronto de esto. Tengo fe en que saldrá bien”.
