La Corte Municipal de Alamosa, Colorado, se administra desde la sala del consejo de la ciudad. Un reciente informe de la ACLU de Colorado dice que algunas prácticas en esta y otras cortes de ciudades a lo largo de Colorado han sido “abusivas e inconstitucionales”. Fotografía cortesía de la ACLU de Colorado
Parecía que Michele Silva estaba haciendo todo lo posible por responderle al gobierno por las infracciones de tránsito y un cargo por hurto menor en su ciudad natal de Alamosa, Colorado, en el Valle de San Luis.
Aunque era empleada itinerante en cosechas temporales y fabricación, Silva igual logró reunir las multas de $600 que le había impuesto la corte, e interrumpió su vida ya incierta una docena de veces para presentarse a audiencias exigidas por el juez.
Nunca era suficiente.
Un juez municipal expidió una orden judicial para que la arrestaran en 2015 por no haberse presentado a pagar como estaba programado. Cuando intentó pagar en enero de 2016, la arrestaron por orden judicial justo en la ventanilla administrativa. Después de haber faltado a otro chequeo para pagar la deuda restante, la arrestaron nuevamente, le exigieron que pagara una fianza de $1,000, y la encarcelaron otra vez por 14 días cuando no logró reunir esa cantidad.
Todo esto por delitos subyacentes por los cuales abogados especializados en derechos civiles dicen que va en contra de la ley de Colorado aplicar una sentencia de encarcelamiento: una infracción debido al cinturón de seguridad, una infracción por la silla para niños y un robo de menos de $100.
Alex Raines, abogado en el Valle de San Luis, ha representado a docenas de clientes con problemas similares a los de Silva, y alterna entre indignación y fatiga a las prácticas de recaudación y encarcelamiento de algunas cortes municipales en Colorado. Los acusados pueden faltar a las audiencias de pagos—a veces programadas cada mes por años y años—porque están asistiendo a un programa de rehabilitación de drogas, están encarcelados en otro lugar, no tienen transporte o les da miedo faltar al trabajo.
“Están tratando de sacarle sangre a una piedra”, Raines dijo. “¿En serio? ¿Vas a gastar $500 poniéndolos en la cárcel porque quieres sacarles $200 que no tienen? Basta. Ya basta. Hay muchas otras formas de utilizar los recursos”.
La oficina de Colorado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) citó abusos repetidos de principios constitucionales y precedentes judiciales en las cortes administradas “como un feudo, que abusan los derechos de los acusados penales”, en un informe publicado en octubre de 2017. Silva y muchas otras personas compartieron sus historias con los investigadores de la ACLU de Colorado. (Silva y otros incluidos en este artículo no pudieron o no quisieron hacer más comentarios, sosteniendo que ciertos casos todavía estaban en juicio.)
Desde Alamosa hasta Northglenn, y de Colorado Springs a Westminster, cortes municipales y cárceles de condados han encarcelado regularmente a personas que viven en la pobreza porque no tienen los recursos para pagar multas o fianzas, según encontró el informe de la ACLU de Colorado. Esto viola las suposiciones básicas de que la ley en Estados Unidos no tolera el encarcelamiento de deudores.
Además, aunque algunos abusos sistémicos han sido lo suficientemente obvios como para dar lugar a mejoras bipartidarias en la legislatura estatal, recientes análisis de la ACLU de Colorado dicen demostrar que los jueces y administradores se aprovechan de vacíos legales para seguir encarcelando a personas que viven en la pobreza. Y esto no es debido a delitos supuestos, sino porque no pueden pagar las multas y los cargos subsecuentes.
El encarcelamiento por no pagar multas originadas en delitos menores desgasta la salud física y mental de familias en Colorado. La ACLU de Colorado encontró que se ha encarcelado a madres separándolas de bebés recién nacidos; personas adictas a las drogas se rehusaron a o dejaron un programa de rehabilitación para ir a audiencias de pagos impuestas por la corte; personas encarceladas pierden su trabajo y la custodia de sus hijos, y sus antecedentes les cortan el acceso a empleos en el futuro.
Alamosa resident Michele Silva is one of several people whose stories are told in the ACLU of Colorado report. (Photo courtesy of ACLU of Colorado)
Estudios de investigación también han encontrado que el encarcelamiento previo a un juicio de quienes solamente no pueden reunir el dinero en efectivo para pagar una fianza deja a los acusados que viven en la pobreza con mayor probabilidad de declararse culpables y de sufrir las consecuencias a largo plazo de una sentencia en prisión y tener antecedentes penales. Las altas tasas de encarcelamiento por todo Estados Unidos también afectan a los vecindarios de los acusados, durante su ausencia y cuando regresan a sus hogares.
“En los últimos 40 años, el sistema de justicia penal se ha expandido a tal grado que, actualmente, el encarcelamiento es uno de los factores que más contribuye a la mala salud en las comunidades”, mencionó un reciente informe de The Vera Institute of Justice, una organización no lucrativa enfocada en la reforma carcelaria. Un informe en el American Journal of Public Health dijo que los estudios sugieren que “el impacto en la salud mental pública del encarcelamiento se extiende más allá de las personas encarceladas”.
“La pobreza no debería ser una razón para que la gente esté en la cárcel”, dijo Mark Silverstein, director legal de la ACLU de Colorado. “No está bien tener un sistema de justicia con dos niveles: uno fácil para las personas con los medios para hacerse camino, y otro que atrapa a las personas pobres en la cárcel o en una serie de otras consecuencias debido a su pobreza, no debido a alguna conducta en particular”.
La ACLU de Colorado sostiene que la trampa del encarcelamiento por deudas viola la Constitución de EE. UU. de dos formas: negando la cláusula de igualdad de protección al otorgarles a las personas más acaudaladas acceso más fácil a la libertad; y, abusando de la cláusula del proceso justo al no permitir que los acusados se presenten ante la corte para explicar en detalle su pobreza al enfrentar multas exorbitantes.
“Obtuvimos evidencia de todas partes del estado”, dijo Rebecca Wallace, abogada de planta en la ACLU de Colorado. “Nos sorprendió mucho lo obvias que eran estas violaciones, y nos permitió entender lo poco que se supervisan y regulan estas cortes municipales cuando operan bajo un mal liderazgo”.
En otras zonas urbanas en donde la ACLU ha estado investigando casos de encarcelamiento por deudas, la organización también ha señalado las desigualdades raciales inherentes que resultan de estas prácticas. Ya que a las personas de color en muchas partes de EE. UU. las arrestan y encarcelan en porcentajes mayores que a las personas blancas, también sufren más de ciertas regulaciones y prácticas tribunales opresivas.
La gente de color también puede sufrir de inequidad debido a cómo la justicia se aplica en las fases previas al juicio, según otro estudio de The Vera Institute for Justice. El estudio señaló que era significativamente menos probable que liberaran a los acusados de delitos graves en Nueva York si eran afroamericanos.
La ACLU de Colorado dijo que no analizó con base en el grupo racial o étnico los casos de encarcelamiento por deudas de la corte municipal. Sin embargo, según su propia experiencia y resultados de estudios nacionales sobre la justicia penal, los representantes locales de la ACLU dijeron que sí creen que los problemas de encarcelamiento por deudas afectan más a las personas de color que a las personas blancas en Colorado.
El informe de la ACLU de Colorado y recientes noticias nacionales destacan una serie de prácticas en las cortes locales que equivalen a recrear las condiciones del encarcelamiento por deudas:
El informe de octubre sobre 220 sistemas de cortes municipales en Colorado reunió evidencia particularmente en la corte de Alamosa debido a lo que llamó el abogado local Daniel Powell describió como “la seriedad y frecuencia de sus violaciones de los derechos de los acusados” a manos de su único juez”.
Powell, quien hasta hace poco dividía su tiempo como abogado privado y como juez municipal tanto en Alamosa como en Monte Vista, dictaminaba “las sanciones más duras por conducta usualmente menor y no violenta con poco o sin riesgo para la seguridad pública”, según el informe de la ACLU de Colorado.
El informe destacó a Powell y a Alamosa por imponer cargos y multas altas, demandar planes de pago imposibles de cumplir, agregar cargos por no haber cumplido con un pago, requerir años de visitas disruptivas para deliberar pagos y arrestos frecuentes por no pagar.
Powell no contestó a las llamadas ni a los mensajes por correo electrónico que se hicieron a su despacho. Renunció a su puesto de juez en Alamosa a partir de finales de 2017, según Colorado Public Radio y, en su lugar, Alamosa ya puso a un nuevo juez de la ciudad.
Ashley Medina es una de las habitantes del Valle de San Luis cuyas experiencias se incluyeron en el informe de la ACLU de Colorado, y su familia le dijo a la corte de Alamosa que ella estaba lidiando con una adicción y tratando de obtener tratamiento a pesar de que Medicaid no lo estaba pagando. Medina tenía $800 en multas y cargos por pagos tardíos por tres condenas de hurto menor, y a lo largo del tiempo había logrado reunir $259 para pagar.
Pero en 2015, a Medina la arrestaron bajo una orden de detención por no haber pagado. Esperó seis días para ver al juez, y luego le impusieron una fianza de $1,000 que a su familia le tomó reunir otros siete días. Meses después, la arrestaron otra vez por no pagar, y pasó 23 días más en la cárcel esperando que programaran su audiencia y para que su familia pudiera reunir el dinero para la fianza.
En total, pasó 36 días en la cárcel debido a los $800 dólares en multas.
El gobierno de la ciudad de Alamosa tomó seriamente el informe y está trabajando para implementar cambios, aunque reprendió a la ACLU de Colorado por “tomar por sorpresa” a la ciudad con el informe y por no tener en cuenta los antecedentes penales a veces extensos de los acusados cuyas historias resaltó en el informe. La corte ya está reformando sus prácticas y ha llamado a expertos judiciales externos como consultores. Los funcionarios de la ciudad también dijeron que están balanceando constantemente los derechos de los acusados con las demandas locales de mantenerse firmes contra el crimen.
El Valle de San Luis es un punto de enfoque de una epidemia nacional de opioides. Los líderes comunitarios dicen que está alimentando las tasas de adicción, robos, recién nacidos afectados por las drogas, disturbios domésticos y otros incidentes que pueden acabar con una comunidad.
“Tenemos a víctimas en nuestra comunidad a quienes les están robando, vandalizando. Se necesita obtener justicia para las víctimas y prevenir el crimen para que no suceda otra vez”, dijo Heather Brooks, administradora de la Ciudad de Alamosa.
El informe de la ACLU de Colorado “no refleja el tipo de corte que realmente tenemos. ¿Tenemos una corte que puede mejorar sus procesos? Absolutamente”, Brooks dijo. Pero, agregó, el informe “no reflejó el ambiente completo de lo que está sucediendo”.
Mucho antes del informe, Brooks dijo, Alamosa lanzó un programa para delincuentes jóvenes que evita que tengan antecedentes penales y en lugar ofrece servicios de apoyo. Ahora Alamosa está ampliándolo para muchos delincuentes adultos.
Durante los últimos meses de 2017, empleados de la ciudad y el consejo se reunieron con Powell muchas veces para hablar sobre las tareas prácticas de la corte y la filosofía judicial al lidiar con acusados marginados, Brooks dijo. El consejo está estudiando la posibilidad de despenalizar numerosas ofensas municipales, incluidas algunas ofensas infracciones menores de tránsito y cargos penales menores. Esta última categoría, Brooks agregó, con frecuencia se ve impulsada por “la adicción u otras malas decisiones en la vida, como el hurto menor y el traspaso”.
A principios de noviembre, Alamosa también firmó un contrato planeado hace tiempo con una agencia comunitaria penitenciaria para mantener a los delincuentes menores de edad completamente fuera de la cárcel, mediante opciones como ponerlos en libertad durante el día para que trabajen y ofrecerles más servicios de apoyo.
Raines, el abogado defensor local, dijo que Alamosa sí parece estar implementando reformas, pero resiente que los funcionarios de la ciudad hayan respondido a las críticas culpando a los acusados. A la respuesta oficial de la ciudad al informe de la ACLU de Colorado se adjuntaron los antepasados penales más extensos de muchas de las personas mencionadas como ejemplos de encarcelamiento por deudas.
“Su respuesta al informe de la ACLU fue deplorable”, Raines dijo.
La ACLU de Colorado dijo que se siente complacida al ver que Alamosa está modificando sus prácticas en las cortes municipales. Sin embargo, agregó que es importante preservar los derechos de los acusados, aunque tengan antecedentes problemáticos.
El argumento de que la corte “estaba haciendo un bien público mayor al tomar en consideración el pasado penal más amplio, por robar un Slurpee, no pasa la prueba del olor, y no es un uso apropiado del poder judicial”, Wallace dijo.
“Expedir una orden judicial por no comparecer para una persona que en ese momento está en un programa residencial para rehabilitación de drogas está mal. No se puede excusar cada uno de estos casos diciendo: ‘esa persona era realmente mala’”.
En meses recientes, los reformistas también se han enfocado en el Condado de El Paso, documentando y criticando la práctica de la corte del condado de mantener encarcelados a los acusados durante semanas antes de un juicio—aún después de que un juez los libere bajo palabra—simplemente porque no pagaron un cargo de $55 por servicios previos al juicio.
Un consultor con el Instituto Penitenciario Nacional le advirtió al condado en junio que los promotores de los derechos judiciales en muchos otros estados estaban haciendo demandas debido a cargos similares.
La ACLU de Colorado presentó un juicio federal en noviembre, sosteniendo que el Condado de El Paso violó los derechos de Jasmine Still y otros acusados al encarcelarlos debido al cargo aunque un juez había permitido que los liberaran.
A Still la arrestaron originalmente por posesión de metanfetaminas. Un juez decidió que no presentaba un riesgo contra el público ni de escaparse. Estuvo en la cárcel por 27 días por un cargo de $55 previo al juicio, mientras otras personas cuidaban a su bebé recién nacido. El juicio dice que a otros acusados los detuvieron hasta por 119 días por no pagar el mismo cargo.
“No pensé que se pudiera encarcelar a alguien solo porque fuera pobre”, Still dijo en una declaración cuando se presentó la demanda.
Dave Rose, vocero del Condado de El Paso, dijo que el sistema de cargos se ha malinterpretado, y que los acusados siempre pueden pedir que les perdonen los cargos y los liberen. Sin embargo, otras personas han dicho, que las recomendaciones para eximir o perdonar los cargos las hicieron empleados del condado en una oficina en donde los costos por supervisión se “compensan” con los cargos, y que el sistema para eximir los cargos es un misterio para los acusados.
Mediante una orden emitida el 16 de noviembre, el juez principal del condado detuvo la práctica de encerrar a las personas debido a cargos. Rose dijo que el Condado del El Paso estaba tratando de expandir los servicios previos al juicio antes de la demanda de la ACLU de Colorado. La expansión, después de años de recortes presupuestarios debido a la Gran Recesión, “permitirá la liberación supervisada de muchas más personas que esperan por un juicio en comparación con nuestro programa actual de nivel medio”, Rose dijo.
Los abogados de la ACLU de Colorado dijeron que sus estudios demuestran que muchas cortes siguen usando prácticas que los cambios en la legislación estatal actual buscan discontinuar. En 2014, la legislatura pasó una propuesta de ley obligando a los jueces a tener una audiencia sobre si un acusado podría realmente pagar multas. A los acusados no se los podía encarcelar sin que tuvieran esa audiencia.
Según la ACLU de Colorado, la ley dejó un vacío legal del que los jueces municipales se aprovecharon: con frecuencia alargaron los pagos y exigieron que los acusados se presentaran cada fecha de pago; si no, los podían arrestar bajo una orden judicial por no presentarse. En 2016, la legislatura cerró el vacío legal y demandó un mejor acceso a defensores públicos.
Alamosa, entre otras, no pareció prestar atención a toda la legislación nueva. Erich Schwiesow, abogado de la ciudad de Alamosa, dijo que una examinación a cargo del personal encontró “un puñado” de casos que violaron la nueva ley después de que se puso en vigor en enero. “Ese es un problema del que absolutamente nos hemos encargado”, Schwiesow agregó.
Un número de cortes locales en Colorado están trabajando para implementar reformas, Silverstein de la ACLU de Colorado reconoció. “Queda mucho camino por andar”, dijo. La ACLU de Colorado y sus aliados continuarán promoviendo esfuerzos para la reforma de fianzas, tanto para aliviar el atestamiento en las cárceles como para darles a los acusados esperando un juicio la mayor probabilidad de participar en su defensa, mantener su trabajo y dejar a las familias juntas.
“Entre el 50 y 70 por ciento de los prisioneros en las atestadas cárceles de Colorado están en la cárcel solo porque no pueden reunir el dinero para pagar la fianza. Son inocentes ante la ley”, Silverstein dijo. “Es otra forma del encarcelamiento por deudas”.
