El mes pasado, proveedores que ofrecen y clientes que reciben servicios de salud mental en Denver celebraron brevemente una importante victoria electoral para recibir más fondos. Poco tiempo después, se pusieron manos a la obra para implementar la nueva ley, con la probabilidad de que los primeros millones en subsidios se empiecen a distribuir a finales de 2019.
El esfuerzo llamado Caring 4 Denver (Cuidando de Denver), el cual figuró como la Ordenanza Iniciada 301 en la boleta electoral de 2018 en Denver, constituye un aumento en los impuestos a la venta que se calcula recaudará alrededor de $45 millones en fondos nuevos para invertir en servicios de salud mental y del comportamiento a lo largo de la ciudad. La ordenanza integra una orden para que el dinero cree nuevos programas y servicios, y para que no se recorten los gastos actuales en servicios de salud mental.
Caring 4 Denver ganó con la aprobación rotunda del 70 por ciento de los votantes, lo cual hizo que fuera una de las causas electorales más populares en un año en el que otras iniciativas tributarias locales y estatales tuvieron resultados apretados o se rechazaron totalmente. La medida agregará un cuarto de un centavo al precio de la mayoría de los productos y servicios en Denver, o 25 centavos a una compra de $100.
“Estoy muy contenta porque los votantes de Denver eligieron casi unánimemente apoyar Caring 4 Denver y mejorar los servicios en su comunidad”, dijo la representante estatal Leslie Herod (demócrata de Denver), quien fue una de las principales promotoras en la creación de la ordenanza y con frecuencia figuró como la figura pública de la campaña. “Es especialmente bueno que llegó con muchas prioridades encontradas en la boleta, y que Caring 4 Denver fuera la prioridad número uno. Las personas quieren ayudarse entre ellas, y eso es algo muy bueno”.
La ley agrega un par de restricciones a una porción del dinero: Durante los dos primeros años, el 20 por ciento de los fondos nuevos se guardarán para crear un nuevo tipo de centro dedicado a la salud mental en Denver cuyo objetivo será ayudar a las personas que forman parte del sistema de justicia penal que no deberían estar en la cárcel. Esos fondos también pagarán por la ampliación de programas de respuesta compartida, en donde profesionales dedicados a la salud mental se trasladan junto con la policía para evitar que se arreste a personas que necesitan terapia o servicios contra el abuso de sustancias; y se usarán en la capacitación de quienes trabajan en los servicios de emergencia para que reconozcan situaciones relacionadas con la salud del comportamiento.
Durante los siguientes años, el 10 por ciento de los impuestos se guardarán para administrar el nuevo centro. Solo se podrá usar hasta el 5 por ciento de los ingresos en gastos administrativos.
Herod dijo que tener un centro alternativo es una de las necesidades más urgentes en la ciudad; agregó que ella y otros legisladores han escuchado de todos los carceleros y oficiales de policía quienes dicen que las celdas se han convertido en lugares fáciles para detener a la gente que necesita ayuda con su comportamiento, no que la enjuicien.
Una historia que afectó a Herod durante la campaña fue la del centro Gilliam de detención juvenil en el vecindario de Whittier en Denver. Ahí, uno de los empleados le dijo que: “el 80 por ciento de los jóvenes que llegan sufren de un problema de salud mental o con el abuso de sustancias; y el 100 por ciento se va con uno”.
Herod y otras personas que apoyaron la iniciativa dijeron que los fondos nuevos buscan reducir la enorme brecha de equidad en salud que existe en los servicios para la salud del comportamiento.
“En comparación con la mayoría de la población, es menos probable que los integrantes de grupos raciales y étnicos minoritarios en EE. UU. tengan acceso a servicios para su salud mental, menos probable que usen servicios comunitarios para la salud mental, más probable que usen servicios de hospitalización y emergencia, y más probable que reciban atención médica de menor calidad”, según el Programa de Salud Minoritaria y Disparidades en la Salud Mental del Instituto Nacional de Salud Mental.
Hasta en las escuelas públicas, Herod dijo, algunos vecindarios de Denver son capaces de respaldar fondos para actividades o servicios relacionados con la salud del comportamiento que otras escuelas no pueden financiar.
“Quienes menos pueden pagar por [esos servicios] son los que se ven más afectados negativamente”, agregó.
Las disparidades se encuentran dentro de casi cualquier grupo en donde los líderes cívicos no han podido ofrecer niveles transformativos de servicios sociales. Por ejemplo, un censo federal de 2017 entre las personas sin hogar (un grupo con muchas necesidades de recibir servicios para la salud mental), calculó que el 40 por ciento de la población sin hogar a lo largo del país es afroamericana, un porcentaje mucho mayor que entre la población en general, con un 12 por ciento.
Según la nueva ordenanza, la cual todavía requiere que se implementen detalles que debe aprobar el Consejo de la Ciudad de Denver, se establecerá una nueva organización no lucrativa que recibirá y distribuirá el dinero recaudado. La mesa directiva de esta organización incluirá seis personas nombradas por el Alcalde, dos por el Fiscal del distrito y cinco por el consejo de la ciudad. (Algunos líderes de la ciudad se preguntan por qué es necesario transferir dinero público recaudado a través de los impuestos a una entidad no lucrativa, y dicen que es una manera de privatizar servicios esenciales.)
Herod dijo que los subsidios podrían empezar a distribuirse durante el último trimestre de 2019.
La comunidad dedicada a ofrecer servicios sociales en Denver celebró el voto casi unánime para reunir nuevos fondos, y dijo que está ansiosa de contribuir con nuevas ideas sobre la estructura de la organización no lucrativa que se formará, al igual que presentar solicitudes para obtener subsidios.
“Son $45 millones de dólares que no teníamos antes para abordar las necesidades en nuestra ciudad”, dijo Jessica Vasquez, vicepresidenta de calidad y operaciones para la agencia Colorado Community Health Network (CCHN, por sus siglas en inglés). CCHN representa a 20 clínicas de salud comunitaria en el estado, incluidas la Clínica Tepeyac, Denver Health, Inner City Health Center y la clínica en Stout Street de Colorado Coalition for the Homeless, todas ubicadas en Denver.
“Las clínicas de salud comunitaria en Denver atienden a un gran número de pacientes que enfrentan problemas con el abuso de sustancias y la salud mental. Tener acceso a fondos continuos permitirá que las clínicas desarrollen programas sostenibles con consecuencias positivas en los pacientes”, Vasquez dijo. Algunas de las necesidades que necesitan más fondos incluyen viviendas con servicios de apoyo para la salud mental y desarrollo laboral para los guías de pacientes y otros empleados dedicados a la salud del comportamiento.
Quienes trabajan a favor de las personas sin hogar dicen que esperan que los nuevos fondos proporcionen servicios sostenibles en viviendas comunitarias, cuyo número sigue aumentando a lo largo de la ciudad.
“Ya que Denver acaba de duplicar sus fondos para la vivienda asequible, esta es una gran oportunidad de complementar esos fondos con servicios integrales completos para quienes sufren de problemas con el abuso de sustancias y la salud mental”, dijo Cathy Alderman, vicepresidenta de comunicaciones y políticas públicas para la organización Colorado Coalition for the Homeless. “Agradecemos a los votantes de Denver porque reconocieron esta necesidad y están invirtiendo en ella; es muy importante asegurar que las personas tengan una vivienda estable”.
