Bikram Mishra obtuvo tres títulos empresariales de la Universidad Estatal de Adams mientras estaba encarcelado, y se lo conocía como un educador tras las rejas. Después de salir de prisión en 2008, administradores en la universidad de Adams le pidieron que siguiera enseñando a los prisioneros a través del aprendizaje virtual. Fotografía de Eli Imadali / enviado especial de The Colorado Trust
Al poco tiempo después de que Bikram Mishra saliera de prisión en 2008, un administrador en la Universidad Estatal de Adams en Alamosa, Colorado, lo llamó para preguntarle si quería enseñar un curso universitario para estudiantes encarcelados. Durante sus 12 años de encarcelamiento, Mishra obtuvo tres títulos empresariales de la universidad de Adams y se lo conocía como un educador tras las rejas.
“Al principio, dije: ‘ni loco’. No quería entrar caminando voluntariamente a otra prisión”, recordó Mishra, quien ahora está en el área metropolitana de Denver. Pero después de enterarse de que las clases serían virtuales, y al pensar en la influencia que tendría, aceptó.
Mishra era uno de un par de personas previamente encarceladas que testificaron para apoyar una propuesta de ley, aprobada durante la sesión legislativa estatal de 2023, que busca hacer que los títulos universitarios sean más accesibles—y atractivos—para los estudiantes encarcelados en Colorado. La propuesta legislativa, la cual el gobernador Jared Polis firmó como ley el 12 de abril, disminuye las sentencias de prisión para aquellas personas con delitos graves no violentos que obtengan un título o certificado acreditado en educación superior.
Según la nueva ley, a una persona se le restarán seis meses de su sentencia por un certificado u otra acreditación que requiera que se completen por lo menos 30 horas de créditos; un año por un título asociado o licenciatura; 18 meses menos de su sentencia por obtener una maestría; y, dos años menos de su sentencia por un doctorado.
En la actualidad, tres instituciones de educación superior en Colorado ofrecen programas en prisiones: la Universidad Estatal de Adams, el Colegio Comunitario de Pueblo y el Colegio Estatal de Trinidad. Ninguna institución ofrece un doctorado para estudiantes encarcelados, y Adams ofrece el único programa acreditado para una maestría.
El representante estatal Matthew Martinez en la Universidad Estatal de Adams en Alamosa, Colorado. Martinez, exdirector de programas universitarios para prisioneros en la Universidad de Adams, copatrocinó una propuesta legislativa en 2023 que reduce las sentencias de prisioneros si obtienen certificados o títulos en educación superior. Fotografía de John McEvoy / enviado especial de The Colorado Trust
A fecha del 20 de septiembre de 2023, tres instituciones acreditadas más serán aprobadas para ofrecer programas, aunque los nombres de las instituciones todavía no se han anunciado. Los programas actuales se lanzaron formalmente en 2020 como parte de un programa federal piloto y han enfrentado muchos obstáculos, incluidos cierres por COVID-19, una falta grave de personal en todo el sistema carcelario y retrasos en la tecnología. El Departamento de Correccionales de Colorado está trabajando para ampliar las capacidades de internet de banda ancha adentro de las prisiones estatales, dijo Annie Skinner, una vocera para el departamento, por correo electrónico.
La nueva ley entra en vigor a la vez que una importante cantidad de más personas encarceladas están cumpliendo requisitos para obtener subsidios federales Pell para cursar estudios universitarios a través del Departamento de Educación de EE. UU. A partir de julio de 2023, los estudiantes encarcelados podrán tener acceso a fondos por primera vez en décadas. La elegibilidad de los estudiantes encarcelados se invalidó en la ahora infame ley penal de 1994. La asistencia financiera—actualmente de hasta $7,395 por año académico—se distribuye entre estudiantes con bajos ingresos para cubrir las colegiaturas y otros gastos educativos.
“El acceso a y completar programas de educación superior pueden abrir muchas oportunidades laborales”, para las personas previamente encarceladas, escribió Skinner en un mensaje electrónico. “Se ha demostrado que tener un trabajo reduce la reincidencia, lo cual no solo mejora la seguridad pública sino también tiene un efecto positivo en las generaciones actuales y futuras”.
Eso tiene un impacto positivo especialmente para las personas de color, quienes se ven desproporcionadamente representadas en las prisiones estatales y federales como resultado de décadas de políticas racistas de vigilancia policíaca y leyes federales que dieron lugar al encarcelamiento masivo. Los Estados Unidos, con aproximadamente 2 millones de personas en prisiones y cárceles, encarcela a más personas que cualquier otro país, y la cantidad de personas encarceladas ha aumentado en un 500 por ciento en los últimos 40 años, a un ritmo mucho mayor que las tasas del crimen.
Las personas encarceladas que participan en la educación postsecundaria tienen una probabilidad 48 por ciento menor de regresar a prisión por nuevos delitos después de salir en libertad, según el Instituto Vera de la Justicia. Esta organización sin fines de lucro calcula que aumentar las oportunidades educativas en las prisiones podría generar ahorros de $366 millones en fondos fiscales cada año, principalmente debido a la reducción en la reincidencia. Cada año, los ahorros generados por el programa de reducción en la sentencia se distribuirán entre las instituciones de educación superior que ofrezcan programas en prisiones de Colorado.
La reducción de tiempo ganada a través de los logros educativos se calculará automáticamente en el sistema del Departamento de Correccionales. Cuando una persona esté acercándose a su fecha de libertad condicional, presentará su expediente académico oficial en el paquete de documentos para la libertad condicional.
Según el representante estatal Matthew Martinez, un demócrata de Alamosa que copatrocinó la propuesta legislativa, un importante aspecto de la nueva ley es que reducir la sentencia es obligatorio.
“El [Departamento de Correccionales] no puede decir: ‘Bueno, obtuvieron su título pero esto, esto y esto’”, dijo Martinez, quien es exdirector del programa universitario en prisiones para la Universidad Estatal de Adams. “Tiene que tomarse en cuenta para, para la liberación anticipada”.
“Algunos otros estados tienen esto de alguna manera, forma o medio, pero esta es por mucho la política con mayor alcance en el país en este momento”, Martinez agregó, quien copatrocinó la propuesta legislativa bipartidaria junto con la representante estatal Rose Pugliese, una republicana de Colorado Springs, y la senadora estatal Julie Gonzales, una demócrata de Denver.
Los legisladores estatales recibirán novedades en 2028 sobre cómo el nuevo programa está cumpliendo o no sus objetivos, según la ley. Martinez espera encargar un estudio en los próximos años para evaluar la reincidencia, las tasas de empleo y los salarios que una persona recibe después de salir en libertad.
Mishra espera que un mejor acceso a la educación entre los estudiantes encarcelados resulte en mayores cambios sistémicos en el sistema de justicia penal. Igual espera que las personas con sentencias por delitos violentos graves también reciban la oportunidad de reducir su sentencia si obtienen un título universitario.
“Necesitamos castigar por crímenes porque vivimos en una sociedad civilizada. Pero no necesitamos castigarlos tanto que los empeoramos”, Mishra dijo. “Necesitan que les demos las herramientas para mejorarse a sí mismos, y luego motivarlos para hacerlo. Y ahí es donde la educación funciona”.
En la actualidad, tres instituciones de educación superior en Colorado ofrecen programas en prisiones: la Universidad Estatal de Adams, el Colegio Comunitario de Pueblo y el Colegio Estatal de Trinidad. Ninguna institución ofrece un doctorado para estudiantes encarcelados, y Adams ofrece el único programa acreditado para una maestría. Photo by Eli Imadali / Special to The Colorado Trust
Traducido por Alejandra X. Castañeda
