Mientras integrantes de la comunidad iban llegando a la Iglesia Shorter Community AME de Denver el 26 de septiembre, Robert Davis se mantenía ocupado distribuyendo folletos y abrazando a toda persona que entraba. La conversación comunitaria, la cual Davis estaba a punto de moderar, se centró en un tema al cual ha dedicado gran parte de su carrera: reimaginar el método que la sociedad usa para abordar la seguridad pública.
A los participantes se les pidió que contestaran una serie de preguntas en sus teléfonos. “¿Qué tan eficaz es el Departamento de Policía de Denver previniendo delitos? ¿Sanando el daño en la comunidad?” Esas fueron dos de las preguntas. Los presentes escucharon a funcionarios electos actuales y antiguos que están trabajando para reformar los sistemas de justicia penal en la ciudad, activistas que están ejerciendo presión para implementar cambios y un experto en salud pública que habló sobre las causas raíz de la violencia, las cuales con frecuencia son resultan del trauma y la opresión. Les pidieron a los asistentes que imaginaran un método diferente para abordar la seguridad pública, uno que no dependiera únicamente de las fuerzas de seguridad.
“Nos hemos convertido en [personas] muy flojas y dependientes de las fuerzas de seguridad pública para resolver todos nuestros problemas”, dijo Davis, un expastor que ahora ocupa el puesto de gerente de proyectos en el Grupo de Trabajo para Reimaginar la Vigilancia Policíaca y Seguridad Pública, una coalición de organizaciones que se formó en 2020 después de que la policía matara a George Floyd y Elijah McClain. “Creo que hemos estado preguntando las preguntas correctas. Pero se las estamos preguntando a las personas incorrectas”.
El objetivo del grupo es desafiar el argumento de que más vigilancia policíaca resulta en comunidades más seguras. En mayo de 2021, publicó un informe que describió con detalles maneras de invertir en comunidades históricamente marginadas; minimizar las interacciones innecesarias con las fuerzas de seguridad pública; reducir la delincuencia al aumentar el acceso a los servicios sociales; y, asegurar más supervisión e ideas de la comunidad en el establecimiento de normas de seguridad pública que no se enfoquen en las fuerzas de seguridad pública.
Una de las recomendaciones principales en el informe fue establecer una “oficina de seguridad vecinal” en Denver que albergue programas comunitarios para prevenir la violencia y que apoyen la salud mental fuera del sistema de justicia penal. Numerosas ciudades grandes han establecido oficinas similares alrededor del país.
Aunque algunas de esas oficinas son demasiado nuevas para evaluarlas, muchos modelos más antiguos han probado ser un éxito. Por ejemplo, la Oficina de Seguridad Vecinal en Richmond, California, ayudó a reducir la tasa de homicidios de la ciudad en un 62 por ciento en 15 años. (Cuando la oficina se estableció en 2007, la ciudad tenía la tasa de homicidios más alta en California, una tasa casi ocho veces mayor que el promedio nacional.) Oficinas similares se han establecido en ciudades como Milwaukee, Newark y Baltimore.
“Existe un cuerpo emergente de evidencia sobre los tipos de programas y métodos que estas oficinas respaldan y coordinan”, dijo Daniela Gilbert, directora de la iniciativa para Redefinir la Seguridad Pública del Instituto de Justicia Vera. (Gilbert participó en el grupo de trabajo y fue consultora durante la creación de su informe en 2021.) “Y no es una coincidencia que la cantidad de oficinas prácticamente se duplicara en 2020”.
El esfuerzo para crear una oficina de seguridad vecinal
Como respuesta a las recomendaciones del grupo de trabajo en Denver y con la instancia de integrantes del concejo de la ciudad, la Agencia de Derechos Humanos y Colaboraciones Comunitarias de Denver en la oficina del alcalde comisionó un estudio de seis meses en 2022 para explorar la viabilidad de establecer una oficina de seguridad vecinal. El informe resultante, el cual se publicó en abril de 2023, fue escrito por Sheila Huss, PhD, una profesora de justicia penal y asuntos públicos en la Universidad de Colorado en Denver (también conocida como CU Denver).
“Creo que el lenguaje que usé fue un ‘sí’ seguro pero cauto”, Huss dijo, hablando de su recomendación de crear una oficina de seguridad vecinal en Denver.
Pero la decisión de crear una nueva oficina adentro del gobierno municipal es decisión del nuevo alcalde de Denver, Mike Johnston. Davis se había reunido con Johnston antes de las elecciones para hablar sobre la posible oficina de seguridad vecinal. Johnston pareció estar interesado, Davis dijo. Se sintió esperanzado cuando el nuevo alcalde creó el comité de transición para el Bienestar Comunitario y Seguridad Vecinal y seleccionó a Lisa Calderón, MLS, JD, EdD, quien también fue candidata a la alcaldía contra Johnston y participó en la creación del grupo de trabajo, para que fuera colíder del comité. Davis también formó parte del comité de transición.
Después de organizar tres reuniones comunitarias, el comité de transición creó un plan general de implementación para una oficina de seguridad vecinal—incluidas fuentes de fondos, estructura y supervisión—y se lo presentó a la administración de Johnston antes que iniciara su mandato en julio. La propuesta describió una oficina que tendría tres ramas, enfocadas en alternativas, colaboraciones y soluciones.
Pero Davis dice que el comité nunca recibió una respuesta de la oficina del alcalde. (Johnston no estuvo disponible para una entrevista para esta historia.) En cambio, el comité y el grupo de trabajo recibieron una semirrespuesta cuando el presupuesto actualizado del alcalde para el año 2024, de 770 páginas de largo, se publicó el 14 de octubre.
El presupuesto incluyó un aumento de casi el 8 por ciento en los gastos para la seguridad pública de la ciudad, pero no incluyó fondo alguno para una nueva oficina enfocada en iniciativas de seguridad pública lideradas por la comunidad. La concejala de Denver Sarah Parady presentó una enmienda para invertir $1.5 millones en el establecimiento de dicha oficina, pero la enmienda fue rechazada. Actualmente, el 22 por ciento del presupuesto municipal de la ciudad se invierte en el Departamento de Seguridad Pública de la ciudad (la agencia coordinadora que incluye a la policía, el alguacil y a otros departamentos de Denver) con un total de más de $659 millones.
Cuando Davis leyó el presupuesto de Johnston para 2024, dijo que sintió como una “patada en el estómago”. En una carta a los integrantes del concejo de la ciudad con fecha del 13 de octubre, Johnston explicó que la enmienda de Parady no se aceptó porque no recibió una supermayoría de votos del concejo. (Ocho integrantes del concejo votaron a favor de la enmienda, un voto menos de lo que se necesita para una supermayoría.)
“Estamos examinando activamente las opciones para cómo estructurar nuestros servicios de seguridad en toda la ciudad, incluyendo la opción de crear una oficina de seguridad vecinal, y esperamos continuar nuestra labor en esto con el Concejo de la Ciudad”, Johnston escribió.
“Si podemos gastar $2 millones en pickleball, ciertamente podríamos haber encontrado $1.5 millones para financiar una oficina de seguridad vecinal”, Davis dijo, refiriéndose a la sección en el presupuesto del alcalde para la “implementación, mejora y mantenimiento de pickleball en toda la ciudad”.
Los defensores comunitarios no han perdido la esperanza de que se establezca una oficina de seguridad vecinal en el futuro, y dijeron que hay un fuerte apoyo entre los integrantes de la comunidad.
“Necesitamos desesperadamente una agencia de seguridad que esté afuera de las fuerzas de seguridad pública, para empezar a pensar sobre cómo reimaginamos la seguridad y cómo hacerlo de una forma basada en evidencia y antirracista”, Parady dijo durante una discusión sobre el presupuesto el 5 de octubre. “Nunca vamos, francamente, a obtener [eso] mediante nuestras agencias de seguridad”.
El comité de transición organizó una reunión el 6 de julio para escuchar a los residentes de Denver sobre lo que les gustaría ver en relación con la seguridad pública. Los integrantes del comité iniciaron la plática reconociendo la historia—incluidas las muertes a manos de la policía de Paul Childs en 2003, Alonzo Ashley en 2011 y Paul Castaway in 2015—y explicando por qué una oficina de seguridad vecinal puede ayudar a salvar vidas. La muerte de Childs desencadenó un movimiento que resultó en la creación de la Oficina del Monitor Independiente de Denver, una agencia con supervisión civil sobre los departamentos de la policía y el alguacil de Denver.
“¿Qué pasaría si Denver tuviera personal de respuesta—departamentos—que fueran mucho más capaces, que no tuvieran armas de fuego, que tuvieran paciencia, que tuvieran la capacitación para lidiar con este tipos de crisis en nuestra comunidad?” Alex Landau, cofundador del Proyecto de Justicia de Denver, dijo frente a los presentes. “Quizás todavía tendríamos a estos tres integrantes de la comunidad”.
Calderón, una profesora de justicia penal y directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Women Uprising, habló durante una conferencia de prensa el 19 de septiembre sobre la posible oficina de seguridad vecinal y cómo puede ayudar a reducir las interacciones entre las fuerzas de seguridad pública y los integrantes de la comunidad. El evento fue organizado en nombre de la familia de Brandon Cole, un hombre negro desarmado de 36 años que la Policía de Denver mató el 5 de agosto.
“Esto es parte de nuestro proceso para educar a nuestra comunidad y que se una a nosotros para decir que esto es algo por lo que vale la pena luchar, y esta es una oficina que queremos”, Calderón dijo sentada afuera de Denver Central Market en RiNo un día de septiembre. “No para la policía, no para el alcalde, sino para ustedes para que tengan opciones como una comunidad. Y contamos con los estudios para demostrar que es posible”.
El estudio de viabilidad de Denver
Huss, quien también ocupó el puesto de directora adjunta interina en el Centro para la Seguridad y Resiliencia Comunitaria en CU Denver, recomendó en su informe final que la nueva oficina se estableciera en la oficina del alcalde para darle más “autoridad y legitimidad”. (Mientras que la oficina quizás colabore con el Departamento de Seguridad Pública o la oficina del alcalde en proyectos específicos, Calderón y Davis quieren que la oficina opere y se financie independientemente.)
Huss sugirió, si la oficina se establece, crear un equipo de acción multidepartamental para coordinar esfuerzos entre agencias y determinar qué trabajo ya se está realizando, qué se podría agregar y en qué áreas se podrían establecer colaboraciones potenciales. Subrayó que las iniciativas deben diseñarse para abordar necesidades vecinales específicas.
“Ningún vecindario es igual en sus experiencias con el racismo histórico, con sus percepciones de la policía. Los vecindarios deben ser los que definen lo que la seguridad pública significa para ellos y lo que están dispuestos a hacer en cuestión de la respuesta”, dijo.
“Obviamente, si está sucediendo un crimen violento, esa es una respuesta de la policía”, agregó. “Pero… cuando no necesitas un policía armado para que responda a algo, ¿cuál es una respuesta eficaz?”
Ya existen algunas alternativas a la vigilancia policíaca en Denver, incluido el programa de Apoyo de Respuesta Asistida en Equipo (STAR, por sus siglas en inglés), el cual se estableció en 2020 como un programa piloto y ya se ha expandido a más vecindarios. El programa envía profesionales clínicos y paramédicos como respuesta a llamadas al 911 de bajo nivel, como crisis de salud mental, uso de sustancias o casos relacionados con pobreza, falta de vivienda y necesidades básicas. (El programa recibió un aumento de fondos en el presupuesto de Johnston para 2024.)
“Está diseñado para conectar a las personas con cosas que necesitan y cosas que las apoyarán”, dijo Vinnie Cervantes, director ejecutivo de la Alianza de Denver para la Respuesta de Salud en las Calles. Cervantes ayudó a establecer el programa de STAR.
Aunque Cervantes está de acuerdo con que debe haber más alternativas a la vigilancia policíaca en Denver, teme que una nueva oficina de seguridad vecinal duplique esfuerzos actuales. Dijo que muchos de los posibles programas que él consideraría en una oficina así quizás deban situarse en el Departamento de Salud Pública de la ciudad, dentro del cual STAR opera.
Calderón dijo que la intención no es mover programas actuales a la nueva oficina potencial. No quiere tener “batallas de campo” y no quisiera que una nueva oficina se quede estancada debido a la burocracia en una agencia existente.
“Solemos abordar la seguridad pública en términos muy estrictos del sistema penal legal”, dijo. “Esta oficina examinaría las cosas, las iniciativas que sabemos están trayendo [buenas cosas] a nuestra comunidad, y encontraría maneras de aumentar su capacidad”.
Gilbert, con el Instituto de Justicia Vera, dijo que los principales desafíos para establecer oficinas de seguridad vecinal con frecuencia son las fuentes financieras, estructuras de supervisión y expectativas.
“Estas oficinas con frecuencia están trabajando en entornos altamente politizados y que pueden generar expectativas no realistas sobre el ámbito o la cronología para [tener un] impacto”, dijo. “A estas oficinas con frecuencia las evalúan con un estándar muy diferente a los departamentos de policía en cuestiones de distribución de recursos”.
Usualmente, los programas enfocados en la intervención de la violencia pueden dar resultados positivos en uno a cinco años, Gilbert dijo, mientras que los programas enfocados en la prevención o transformación comunitaria pueden tardar de cinco años a décadas. A la larga, el éxito de una oficina depende de lo bien financiada que esté y cuánto apoyo comunitario tenga.
“Hay líderes en [el ámbito de la vigilancia policíaca] que entienden y valoran este trabajo”, Gilbert dijo, mencionando cuando el alcalde de Newark, Nueva Jersey, desvió 5 por ciento del presupuesto para la seguridad pública de la ciudad en la creación de la Oficina de Prevención de Violencia y Recuperación por Trauma. “Es importante reconocer lugares donde existe un reconocimiento de la importancia de múltiples métodos”.
Durante el evento comunitario el 26 de septiembre, el alguacil de Denver Elias Diggins, quien estaba entre los presentes junto con el jefe de la policía de Denver Ron Thomas, dijo que apoyaría la creación de una oficina de seguridad vecinal en Denver—siempre y cuando se diseñara y administrara en coordinación con las agencias de seguridad pública de la ciudad, no en oposición a ellas.
“Por supuesto, necesitamos más recursos para abordar lo que la comunidad está viviendo”, dijo.
Gilbert dijo que para que una nueva oficina fuera exitosa, sus líderes necesitan tener la autoridad adecuada para tomar decisiones y aprovechar sus fondos. Es una de las “principales lecciones aprendidas” que ha observado en otras ciudades.
“Que el director sea un gerente de nivel medio no prepara [a la oficina] para el éxito”, dijo. Si el director ocupa un puesto a nivel gabinete, con la misma autoridad o poder que el jefe de la policía, probablemente aumente su eficacia, agregó.
Próximos pasos
Davis ha sentido un ligero optimismo desde que Thomas y Armando Saldate, director ejecutivo del Departamento de Seguridad Pública de Denver, tomaron sus puestos respectivos en 2022. Han trabajado para implementar muchas de las recomendaciones establecidas en el informe del grupo de trabajo en 2021, pero queda mucho por hacer, Davis dijo.
“Son [parte de] las fuerzas de seguridad primero; es lo que es”, dijo. “Pero han sido intencionados tratando de tener conversaciones con nosotros y otras voces de la comunidad”.
Sin embargo, el cambio no es posible a menos que haya más participación de los integrantes de la comunidad, la cual Davis ha observado tristemente disminuir desde el verano de 2020, cuando cientos de miles de personas ocuparon las calles alrededor del país en manifestaciones contra la brutalidad policíaca y el racismo sistémico.
“Tenemos a una comunidad que responde solo a las situaciones más atroces, y eso no es sostenible”, Davis dijo. “Si no continuamos poniendo presión, vamos a empezar a retroceder”. Mencionó la decisión de las Escuelas Públicas de Denver de volver a poner agentes armados en las escuelas, a pesar de estudios que demuestran que con frecuencia se enfocan desproporcionadamente en los estudiantes de color.
Pero Davis no ha perdido la esperanza.
“No sé qué vendrá, pero sigue habiendo un deseo comunitario de crear algo mejor, de construir algo diferente”, dijo, “y eso no desaparecerá”.
Traducido por Alejandra X. Castañeda