Fotografía de katifcam vía iStock
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Como comisionado del Condado de Otero en el sudeste de Colorado, Keith Goodwin piensa frecuentemente sobre los costos humanos del cambio social y sobre cómo ese cambio afectará el presupuesto del condado.
Por eso Goodwin recuerda muy bien una de las veces que la epidemia de los opioides en el sur de Colorado lo afectó profundamente.
Estaba escuchando al médico forense del condado hablar sobre cambios en el presupuesto, y surgió el tema de las bolsas para transportar cadáveres. El médico forense necesitaba comprar más de las que había calculado para el presupuesto porque las muertes por sobredosis de drogas estaban reduciendo la reserva de bolsas más rápido de lo esperado.
“Es horrible calcular las cosas a través del médico forense porque significa que para entonces ya es demasiado tarde”, Goodwin dijo.
Cerca de ahí hacia el sudoeste, en el aún más pequeño Condado de Huerfano, el administrador John Galusha usa sus propias medidas para calcular cómo el aumento dramático de prescripciones para opioides en la última década ha afectado a Walsenburg y los ranchos vecinos.
“Veo a diario las listas de los encarcelados”, Galusha dijo, “y es por ‘sustancias controladas’, ‘sustancias controladas’, ‘sustancias controladas’”.
Si le preguntas a cualquier líder de una ciudad o condado rural en Colorado cómo se dan cuenta de que la epidemia de los opioides está causando daños humanos y fiscales, las respuestas llegan rápidamente. Distritos de ambulancias que no pueden abastecerse de suficiente Narcan para revertir las sobredosis de opioides. Agencias dedicadas al bienestar infantil que no encuentran suficientes familias temporales para cuidar de los niños separados de padres adictos. Cárceles cuyos costos médicos han aumentado dramáticamente debido a la adicción. Médicos forenses pagando por autopsias y costos de funerales para habitantes adictos que mueren sin nada.
“No tenemos esa cantidad de dinero”, dijo Vonnie Valdez, médica forense en el Condado de Huerfano.
Esa declaración franca es lo que alimenta una nueva serie de demandas contra los opioides a la que se han unido ciudades y condados a lo largo de Colorado, incluidos los condados altamente afectados en el sureste: Alamosa, Chaffee, Conejos, Huerfano, Las Animas y Otero. Al unirse a una ola nacional de demandas consolidándose rápidamente en una corte federal de Ohio, las jurisdicciones de Colorado buscan que fabricantes y distribuidores importantes, como Purdue Pharma y Teva Pharmaceuticals, las compensen por los costos de la adicción a los opioides.
Los datos crudos en los condados rurales de Colorado parecen pocos, con docenas de sobredosis y muertes y cientos de visitas a la sala de emergencias, pero los costos humanos y fiscales son proporcionalmente enormes, comparados con los de las áreas urbanas.
Las demandas, basadas en el Acuerdo maestro del tabaco, en donde los fabricantes de cigarrillos están pagando billones de dólares a los gobiernos estatales, afirman que los fabricantes de opioides participaron en actividades de mercadeo fraudulentas y negligentes, al mismo tiempo que se enriquecieron a expensas de los presupuestos locales dedicados a proporcionar servicios.
Entre otras afirmaciones, las demandas dicen que Purdue, Teva y otros engañaron a los médicos y pacientes sobre los peligros de la adicción a los opioides; hicieron afirmaciones falsas sobre cuánto tiempo los opioides serían eficaces antes que se necesitara otra dosis; y, financiaron a médicos y grupos importantes de defensa del paciente que promovieron la amplia prescripción de los opioides para tratar el dolor común.
Uno de los abogados líderes a nivel nacional en los casos de opioides también diseñó el acuerdo con las compañías tabacaleras. Los defensores citan al procurador general de Mississippi, Mike Moore, quien resumiendo la lógica dijo: las demandas se “basan en una simple idea: si causas la crisis de salud, pagas por ella”.
Samuel Mitchell, uno de los abogados de Denver que está liderando las demandas, agregó que se sintió muy afectado al hablar con funcionarios de seguridad pública en el Condado de Las Animas sobre el impacto desigual que han tenido los opioides en las poblaciones pequeñas y rurales.
“No tienen suficiente dinero para comprar Narcan; tienen que decidir entre comprar munición, botiquines para reunir evidencia o Narcan, o guantes resistentes a las agujas”, Mitchel dijo.
El Condado de Conejos vio duplicarse su número de muertes por sobredosis, añadió, “no porque se duplicara el número de habitantes que sufrían de dolor o su población, sino porque los fabricantes sabían que cuando se volvieran adictos, serían adictos de por vida”.
Los fabricantes acusados en las demandas han hecho declaraciones pero no entrevistas sobre las acusaciones. Los documentos que han presentado ante la corte pidiendo que se rechacen las demandas aseveran que los demandantes nunca mencionan los nombres de médicos recetantes a quienes supuestamente engañaron con mercadeo falso. También dicen que los costos sociales con los que cargan las ciudades y los condados son el resultado del uso delictivo indebido o de la adicción dentro de una cadena de consumidores de opioides que no tienen nada que ver con la fabricación de un producto aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).
En una declaración reenviada por Robert Josephson, director ejecutivo de comunicaciones, Purdue Pharma dijo: “Estamos profundamente preocupados por la crisis de prescripción y abuso ilícito de los opioides y nos comprometemos a formar parte de la solución. Como una compañía basada en la ciencia, debemos balancear el acceso de los pacientes a medicamentos aprobados por la FDA con esfuerzos colaborativos para resolver este desafío de salud pública. Aunque nuestros productos suman menos del 2% del total de las recetas de opioides, como compañía, hemos distribuido la Pauta de los [Centros de Control y Prevención de Enfermedades o CDC] para recetar opioides en el tratamiento del dolor crónico y hemos desarrollado tres de los primeros cuatro medicamentos con opioides aprobados por la FDA que incluyen propiedades para evitar el abuso; [también] nos hemos asociado con agencias de seguridad pública para asegurar el acceso a la naloxona. Rechazamos vehementemente estas acusaciones y esperamos la oportunidad de presentar nuestra defensa”.
Por lo pronto, la colaboración entre abogados motivados y líderes locales está creando una nueva fuente informativa sobre los costos humanos y fiscales causados por la epidemia de los opioides en Colorado.
Los condados que forman parte de las demandas ocupan algunos de los lugares más bajos en su habilidad para cubrir las necesidades de servicios sociales y de salud. Casi todos los condados que actualmente forman parte de las demandas figuran entre aquellos con los ingresos per cápita más bajos en Colorado. El Condado de Conejo, por ejemplo, tuvo un ingreso per cápita de $17,541, en comparación con el promedio estatal de $30,151, según datos censales.
En muchos condados rurales, hay pocos (si los hay) centros para el tratamiento hospitalario del abuso de drogas, y los administradores de servicios sociales dicen que podrían usar fácilmente la mayor parte de sus presupuestos en tratamientos caros contra la adicción o espacios en hogares de grupos en la Ladera Occidental.
La demanda a la que se ha unido el Condado de Alamosa dice que el condado gastó casi $3 millones entre 2012 y 2017 en gastos relacionados con los opioides, desde servicios de bienestar infantil hasta honorarios legales para adopciones y terapia. El Condado de Conejos dice en la demanda que sus pagos anuales por el seguro médico aumentaron $200,000 “como resultado de la crisis de los opioides”.
Los costos relacionados se suman rápidamente. El aumento en el uso de drogas inyectadas, ya que quienes se vuelven adictos a las píldoras con opioides con frecuencia terminan cambiando a la heroína más barata y disponible en las calles, inevitablemente resulta en un aumento de los casos de enfermedades transmitidas con agujas, como la hepatitis C y el VIH.
Un informe a nivel estatal sobre el impacto del abuso de opioides dijo que los nuevos casos “potencialmente relacionados” de hepatitis C aumentaron un 80 por ciento de 2011 a 2015, a 729 casos por año. Funcionarios estatales de Medicaid ya expresaron temor sobre los costos eventualmente abrumadores solo por tratar la hepatitis C, con nuevos tratamientos de medicamentos eficaces costando alrededor de decenas de miles de dólares por paciente.
Las familias afectadas por la crisis también sienten el impacto devastador del ciclo de dependencia, crimen y bienestar infantil en sus finanzas, en áreas del estado en donde ya es un desafío encontrar ingresos para subsistir.
La demanda presentada por cinco condados cita un análisis de un economista de la Universidad de Princeton que afirma: “Solo la prescripción de opioides constituye el 20% de la reducción total en la participación laboral entre los hombres en edad productiva entre 2014 y 2016 y el 25% de una menor reducción en la participación laboral entre las mujeres”.
Los fabricantes se están defendiendo al decir que las demandas nunca conectan directamente a los medicamentos fabricados y recetados legalmente con las maneras en las que se han abusado. Sin embargo, las demandas sí se esfuerzan por caracterizar a los opioides en casi la misma manera como previas demandas de clase caracterizaron al tabaco: como inherentemente peligrosos, con sus fabricantes y publicistas engañando a los consumidores sobre los riesgos.
Mientras tanto, los fabricantes continúan beneficiándose del enorme mercado que ayudaron a crear. Las ventas producidas por Purdue del popular analgésico OxyContin han fluctuado entre $2 y $3 billones al año desde 2009, según dijo la última demanda.
Valdez, la médica forense del Condado de Huerfano, agregó que las muertes por sobredosis en su condado parecen haberse estabilizado en años recientes, en parte debido al aumento de restricciones y recomendaciones en la prescripción de opioides. En 2015, su primer año como médica forense, hubo cuatro muertes por sobredosis en su condado de 6,500 personas, de todo tipo de fuentes. En 2016, hubo seis, con la sobredosis más común siendo por opioides con receta, heroína y metanfetamina. En 2017, bajaron otra vez a tres.
Además de la enorme carga humana, los gastos por cada caso son un problema para el pequeño presupuesto de su condado, Valdez explicó. En años recientes, los administradores han aumentado de cero en 2015 a $1,000 en 2017 el presupuesto forense para funerales de personas indigentes.
Pero cada autopsia por sobredosis cuesta $1,400, Valdez dijo. A veces, cuando una persona muere por sobredosis, ha tenido problemas de adicción por tanto tiempo que sus familiares se han distanciado totalmente de ella. El condado invierte horas de trabajo para comunicarse con parientes y, con frecuencia, no encuentra a nadie dispuesto a participar en el funeral, por lo que asume los costos de cientos o miles de dólares más por el entierro.
Con la implementación de medidas severas en la prescripción de opioides, Valdez dijo, teme que ahora las sobredosis aumenten debido a drogas más fáciles de encontrar en las calles, como heroína y metanfetamina.
Funcionarios locales en Colorado dicen que se sienten animados por noticias de un juez en Ohio que está presionando para consolidar todos los casos legales a nivel nacional y organizar a las partes en conversaciones para aceptar un acuerdo de clase. Dicen que si reciben alguna compensación por los casos, usarían primero el dinero para establecer servicios de salud mental y tratamiento contra la adicción en áreas de Colorado por largo tiempo marginadas en esas áreas, al igual que en programas educativos para adolescentes.
“No creo que nadie espere que la demanda resulte en una gran cantidad de dinero, pero si el condado puede obtener tratamiento y fondos para eso, esa es una de las motivaciones principales”, dijo Priscilla “Peter” Fraser, quien hasta junio era administradora del Condado de Las Animas.
Sin embargo, los funcionarios del sur de Colorado son realistas sobre las dificultades y el tiempo que conllevan las demandas en comparación con cualquier dinero local que pudieran recibir de cualquier acuerdo relacionado con los opioides. También saben que hasta los fondos por el acuerdo del tabaco se han convertido en un desafío político desde que se firmaron, con recortes periódicos de presupuestos convirtiéndose en tentación para que Colorado y otros estados redirijan esos fondos a otras necesidades.
En el Condado de Las Animas, Fraser dijo, hay un sentimiento de cooperación con condados vecinos seriamente afectados por los opioides para crear opciones de tratamiento a nivel regional, ya sea vía “telesalud” o en instalaciones físicas más convenientes para los pacientes que manejar a Pueblo, Colorado Springs y Denver.
El proceso de descubrir evidencia en la demanda legal también podría ayudar a condados más pequeños a reunir información convincente cuando soliciten subsidios federales que el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés) anunció esta primavera. El gobierno de Trump dijo que estaba usando al USDA como un lugar para almacenar fondos donde solicitantes locales puedan crear servicios como centros móviles de tratamiento.
Galusha en el Condado de Huerfano dijo que le gustaría recibir un poco de dinero para agregar a los servicios de salud mental en el diminuto departamento de salud de Huerfano. A este departamento lo describe como el equivalente de una casa rodante individual para tres empleados, sin una sala de reuniones.
“Necesitamos poner un edificio en el cual las personas entren sin miedo, y darles un espacio para trabajar”, Galusha concluyó.
