En octubre de 2014, la vida de David Torres tomó un desvío doloroso cuando un desconocido con una corbata bolo, botas vaqueras y un sombrero de ala ancha entró en su sala en el vecindario de Elyria en Denver y anunció: “Nos vamos a apoderar de tu casa”.
El terreno de la familia, ubicado en una esquina, era una excelente propiedad para la expansión del anticuado Complejo Nacional del Oeste (National Western Complex), y Denver tenía la intención de apoderarse de la propiedad privada bajo su poder de expropiación, de ser necesario. El hombre vestido de vaquero informándole a Torres de la decisión era Kelly Leid, ex director ejecutivo de la Oficina del Complejo Nacional del Oeste de la alcaldía. Su mensaje era que la familia necesitaba empacar sus vidas y pertenencias y salirse antes que llegaran las máquinas niveladoras de la ciudad.
“Tuve ganas de llorar. Mi madre estaba en estado de confusión”, recuerda Torres, de 31 años, el hijo menor de Rose y Salvador Torres, quienes compraron la casa en 1987. “Era la casa donde crecimos”. Aunque mucho más se habló ese día, Torres dijo que el apoderamiento público es lo que más se quedó en la memoria de los presentes.
A partir de ese momento, Torres vivió tres años llenos de estrés durante los cuales puso su vida en pausa.
“Me convertí en una persona muy irritable. No podía dormir”, Torres dijo. Redujo sus horas de trabajo para lidiar con la planificación, empacar, buscar casa y las montañas de documentos que recibían de la ciudad. Él y su madre se unieron a un grupo de alrededor de 350 personas forzosamente desplazadas de los vecindarios de Elyria y Swansea en el nordeste de Denver para hacer espacio para un proyecto masivo de revitalización y aburguesamiento (gentrification), del cual el Complejo Nacional del Oeste es tan solo una parte.
David Torres se para frente al antiguo hogar de su familia en el vecindario de Elyria en el nordeste de Denver. Fotografía de Joe Mahoney / Encargado especial para The Colorado Trust
La historia de Torres refleja una narrativa conocida en las ciudades de Estados Unidos, desde Portland, Oregón hasta Brooklyn, Nueva York, en donde vecindarios más antiguos y tradicionalmente marginados están atravesando por cambios significativos. En algunos casos, la razón principal es la renovación o expansión de infraestructura aparentemente pública, como este proyecto en Denver. Sin embargo, tal transformación también con frecuencia se debe a la demanda en aumento entre recién llegados más adinerados, en su mayoría blancos, de viviendas en vecindarios urbanos modernos. De cualquier manera, el proceso con frecuencia resulta en residentes establecidos por mucho tiempo, en su mayoría gente de color, viéndose forzados a dejar sus hogares y comunidades.
Leid dijo que no estaba deseando compartir las noticias, pero que había elegido visitar en persona los 38 hogares y negocios desplazados por la remodelación del Complejo. “Creo que es una obligación como funcionario público presentarse ante de las personas y tener esas conversaciones difíciles”, explicó.
Leid dijo que su enfoque era en el mensaje, que incluyó “las reglas del juego que íbamos a usar”. No recuerda sus palabras y la manera que Torres describió.
“No, nunca usé ese tono”, Leid dijo. “Ciertamente siento que fui directo y franco con las personas, y si eso se entendió como que fui duro, esa realmente no fue mi intención. No fue fácil asistir a esas reuniones”.
Las respuestas físicas y emocionales de Torres hacia el desplazamiento no son inusuales. Un informe publicado en 2014 por el grupo Just Cause de defensa comunitaria y el Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda en California dijo que el aburguesamiento tiene consecuencias serias en la salud pública que pueden dañar el bienestar físico y psicológico de la persona desplazada.
“El aburguesamiento resulta en el desplazamiento, el cual causa estrés en las personas, lo cual puede empeorar condiciones de salud existentes como la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas”, dijo el Dr. Muntu Davis, un doctor y director del departamento de salud pública del Condado de Alameda. La carga emocional puede incluir trastornos del sueño, ansiedad, depresión y otras condiciones, agregó.
El análisis de California encontró que “el aburguesamiento puede aumentar las desigualdades de salud”, o las disparidades en salud causadas por las desventajas sociales y económicas.
En los vecindarios altamente aburguesados de Oakland, California, la gente desplazada sufre estrés financiero, traslados más largos para ir al trabajo y la pérdida de servicios de salud que, a su vez, tienen un impacto directo en su bienestar mental y físico, Davis dijo. Algunas personas se quedaron sin vivienda. Otras se vieron forzadas a vivir en condiciones en las que tenían dificultades para cubrir sus necesidades básicas, y tuvieron que elegir entre comprar comida o medicamentos, dijo.
La casa de la familia Torres es una de 111 propiedades residenciales y comerciales que se nivelarán en el nordeste de Denver: 38 a manos de la ciudad, 73 a manos del estado, según las cifras del Departamento de Transporte de Colorado (CDOT, por sus siglas en inglés) y el Complejo Nacional del Oeste. Estas propiedades incluyen el Colonial Manor Motel en East 46th Avenue, cuyos clientes son en su mayoría gente de bajos ingresos, según el gerente durante el día Yong Huh. CDOT está adquiriendo el motel y ayudará a reubicar a 20 adultos y niños que han vivido en el motel por lo menos 30 días, dijo Rebecca White, vocera de CDOT.
Los desplazamientos forzosos son parte de un esfuerzo ambicioso para reinventar y agrandar el Complejo Nacional del Oeste, un vestigio de 112 años que representa el antiguo Viejo Oeste en Denver; reconstruir una parte cercana de la carretera interestatal 70 (I-70); y, agregar vías y estaciones para el tren ligero en los vecindarios de Elyria y Swansea. Mientras que los proyectos son diferentes, la Ciudad de Denver, el Estado de Colorado y el Distrito de Transporte Regional se están asociando en la programación, monitorización de la contaminación, los cierres de calles y otros detalles.
“Es realmente significativo tener dos proyectos de dos billones de dólares en un área geográfica muy pequeña”, White dijo. “No creo que eso haya ocurrido antes en la historia de la Ciudad de Denver”.
La responsabilidad de CDOT, además de sumergir y tapar parte de I-70, es reconstruir las calles de los vecindarios cercanos a la carretera interestatal y agregar veredas de ocho pies de ancho, alumbrado y arboladas hasta con 150 árboles. CDOT también está construyendo carriles para bicicletas en calles designadas y proporcionando $2 millones para viviendas asequibles, con el fin de reemplazar algunas de las casas demolidas, White dijo.
Algunos residentes del área especulan que el objetivo subyacente de la ciudad es ayudar a preparar el camino para competir como sede de las Olimpiadas, con una carretera más ancha desde el aeropuerto y un Complejo Nacional del Oeste cuyo plan maestro incluye el diseño de un espacio para acomodar un “una gran pista olímpica para carreras de patinaje sobre hielo”. La Comisión Deportiva de Denver ha expresado públicamente su interés de traer las Olimpiadas de invierno a Colorado en 2026.
White, quien trabaja en CDOT, le restó importancia a la especulación sobre las Olimpiadas como una “teoría de conspiración”. Erika Martinez, la vocera del alcalde para la oficina del Complejo Nacional del Oeste, dijo: “Podría haber un edificio con espacio suficiente para un evento olímpico, pero no es por eso que lo estamos construyendo”.
Sin importar cómo se use el área en el nordeste de Denver en el futuro, los habitantes de Elyria y Swansea están sintiendo el impacto. Candi Cdebaca, una líder comunitaria e integrante de la cuarta generación de su familia en residir en Swansea, ha sido testigo directo de los efectos negativos en la salud que ocasionan los desplazamientos forzosos desde que los habitantes se enteraron de los planes de la ciudad para reurbanizar el área.
“El daño físico y psicológico del desplazamiento es real. Nadie parece entender la carga que conlleva lidiar con este nivel de estrés”, dijo Cdebaca, cuyos amigos cercanos han sido parte de aquellos forzados a dejar sus hogares.
Bajo la dirección del Dr. Davis, el Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda se encuentra entre los primeros en tratar al aburguesamiento como un problema de salud pública. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha identificado al aburguesamiento como un “problema de vivienda, económico y de salud”. El desplazamiento tiene efectos en la salud que contribuyen a las disparidades entre aquellos que viven en la pobreza, la gente de color y otras poblaciones, los CDC dijeron.
Sin embargo, Davis dijo que no se opone al desarrollo o al aburguesamiento. “Hay cosas buenas que resultan de las comunidades con ingresos combinados”, Davis agregó. “A veces, las escuelas mejoran. Los supermercados empiezan a aparecer”.
“La parte negativa es cuando a las personas se las desplaza forzosamente”.
La mayoría de los estudios que conectan al desplazamiento con las inequidades en salud se han enfocado en los desplazamientos masivos causados por desastres naturales, como el huracán Katrina; o en los trastornos económicos, como la crisis financiera de 2008, cuando millones de personas perdieron sus hogares por ejecución hipotecaria (foreclosure). Mientras que el aburguesamiento ha sido un tema de investigación popular, sus efectos en las personas que desplaza no están tan bien documentados.
Dawn Godbolt, PhD, un investigador enfocado en la equidad en salud para la organización sin fines de lucro Global Policy Solutions con base en Washington D.C., cree que la verdadera cara del aburguesamiento se mantiene escondida del público debido a que no existen muchos datos sobre las personas desplazadas.
“Nadie les da seguimiento. Nadie conoce la historia de cómo terminaron esas familias”, Godbolt dijo.
“Nos imaginamos que terminan en situaciones similares o peores. Asumimos esto con base en la realidad de que estas personas vivían en áreas listas para aburguesarse, y se vieron forzadas a irse o incapaces de pagar los precios”.
Los funcionarios en Denver dicen que no están dándoles seguimiento a los residentes desplazados forzosamente en Elyria y Swansea, y no saben cuáles son los efectos en la salud. “Nuestro enfoque es hacer que las personas lleguen a donde quieren ir”, dijo Martinez de la oficina del alcalde para el Centro Nacional del Oeste. “Si necesitan servicios, deben decirnos”.
En Oakland, obtener datos sobre las condiciones sociales y de salud de las personas desplazadas ha sido un desafío, Davis reconoció. “Es usualmente difícil darle seguimiento a la gente que ha sido desplazada. No es como si existiera un registro para (tales) personas”, explicó.
Algunos de los datos reunidos en Oakland se obtuvieron a través de una encuesta sobre vivienda asequible que la oficina de Davis y el departamento de la salud del comportamiento en el condado condujeron para determinar las necesidades de sus clientes. Muchos de los encuestados habían sido desplazados de áreas aburguesadas y tenían necesidades de salud, vivienda y otras necesidades, Davis dijo.
Hasta ahora, los desplazamientos forzosos en el nordeste de Denver han sido relativamente discretos. Mientras que el poder de expropiación es la ley bajo la cual el gobierno tiene el poder soberano de tomar por la fuerza una propiedad privada, los funcionarios estatales y de la ciudad han intentado suavizar el golpe comunicándose con los dueños e inquilinos bajo la Ley federal del Traslado Uniforme (URA, por sus siglas en inglés).
La URA, que el Congreso aprobó en 1970, establece estándares mínimos para el tratamiento justo y equitativo de las personas desplazadas forzosamente por proyectos que involucren a una agencia o fondos federales. La Administración Federal de Autopistas está supervisando el proyecto de I-70, el cual también recibe dólares federales. Leid dijo que la ciudad voluntariamente optó por usar las pautas de la URA, aunque el proyecto del Complejo Nacional del Oeste no recibe fondos federales.
“Es la diferencia entre negociaciones abiertas y dispuestas, en lugar de un gobierno imponiendo su autoridad para apoderase de la propiedad”, el señor White que trabaja con CDOT dijo.
Entre otras cosas, la URA requiere que se notifique por lo menos con 90 días de anticipación y se cubran los costos de la mudanza, y que se ofrezca un precio justo con base en el mercado por las propiedades residenciales y comerciales. A los propietarios desplazados en el nordeste de Denver se les está pagando la diferencia entre el valor del mercado del hogar que se demolerá y lo que costaría encontrar algo equivalente en otro lugar. A los inquilinos desplazados se les está reembolsando la diferencia por alquileres más altos hasta por 42 meses, o pueden combinar los pagos para recibir un enganche y comprar una casa, si califican, dijeron los funcionarios de CDOT y del Complejo Nacional del Oeste.
Tanto los funcionarios estatales como los de la ciudad resaltaron que el poder de expropiación se usaría como último recurso con los propietarios que se resistan, pidiéndole a la corte que declare la propiedad inhabitable a favor del gobierno. De ahí en adelante, las reglas de la URA volverían a aplicar.
Bajo el poder de expropiación, los inquilinos no tienen ningún derecho, más allá de recibir un reembolso por sus depósitos. Los propietarios tienen el derecho de que se les avise con tiempo y a “una compensación justa”. La Quinta enmienda de la Constitución de EE. UU., la cual se convirtió en la ley del país en 1971, estipula que “ni la propiedad privada se debe tomar para el uso público sin una compensación justa”. La 14ª enmienda extiende la cláusula de apoderamientos a los gobiernos estatales y locales, mientras que su cláusula de juicio justo dice que antes de privar a un/a ciudadano/a de la vida, libertad o propiedad, los gobiernos deben seguir procedimientos justos.
El valor justo con base en el mercado generalmente determina una compensación justa. Colorado se encuentra entre más de 40 estados que reformaron sus leyes estatales en años recientes para darles más protecciones a los propietarios.
Judy Delgato y su esposo Scott Poindexter, antiguos residentes de Elyria, aceptaron un pago único por una casa prefabricada en el Condado de Adams, pero no ha sido una transición fácil. La pareja no estaba preparada para la distancia más larga que Poindexter debe cubrir para llegar a su trabajo, ubicado cerca de su antiguo vecindario. Y sus gastos han aumentado muchísimo, de alrededor de $300 al mes por el alquiler y los servicios públicos en un dúplex de una habitación subsidiado por la Sección 8 en Elyria, a aproximadamente $1,500 por alquilar el terreno, los servicios públicos y el seguro de su nuevo hogar.
“Es muy estresante. Nos preguntamos: ¿tendremos o no tendremos electricidad el próximo mes?”, explicó Delgato, de 49 años, quien sufre de diabetes y no puede trabajar debido a una discapacidad. Desde que se mudaron, “nos cuesta comprar comida”, agregó. “A veces tenemos que ir a un banco de comida”.
El señor White que trabaja en CDOT dijo que los inquilinos recibieron asesoría financiera antes que el estado comprara hogares para ellos. “No existe ninguna situación en la que estamos poniendo a personas en un hogar que no pueden pagar”, White agregó.
El artista Don Callarman, de 78 años, se encuentra entre los residentes de Denver de mayor edad recientemente desplazados. Cuando CDOT lo forzó a dejar la propiedad que alquilaba en 46th Avenue y Josephine Street en Swansea, sintió mucho miedo y estrés, pero ahora ya está instalado en una pequeña casa a pocas millas de distancia en Globeville.
“El único problema con todo esto es que me hubiera gustado que sucediera hace 20 años”, Callarman dijo. “Tengo casi 80 años. No tengo tanta fuerza como solía tenerla, y no puedo moverme tan fácilmente. Esto hizo que la mudanza fuera más difícil”.
CDOT puso un buen enganche para ayudar a Callarman a comprar su nuevo hogar, pagó para mejorar las tuberías y cubrió los gastos de su mudanza.
“En general, estoy bastante contento”, dijo. “El pago de mi hipoteca es casi igual a lo que pagaba antes. Y hay un King Soopers nuevo a una milla de aquí”. Callarman depende de su seguro social y de las ganancias por vender sus obras de arte como ingresos.
Para algunas de las familias desplazadas, los efectos del cambio pueden ser “positivos y negativos al mismo tiempo, y a veces hasta podrían cancelarse mutuamente”, dijo Adam Lippert, PhD, profesor adjunto, sociólogo y demógrafo con la Universidad de Colorado en Denver. Esto depende de varios factores, como el lugar donde terminan restableciéndose y sus circunstancias, Lippert explicó.
Es demasiado temprano para saber si los efectos positivos y negativos del desplazamiento forzoso de la familia Torres se cancelarán mutuamente.
El día que la familia recibió la noticia de que su hogar se había declarado inhabitable para construir el nuevo Complejo Nacional del Oeste, Torres, su madre, sus hermanos y hermanas estaban de luto por su patriarca, quien había muerto dos semanas antes. Salvador Torres había comprado la casa victoriana de dos pisos 27 años antes, trabajó mucho para pagar la hipoteca completamente y era suya sin ningún tipo de gravamen al momento de su muerte. No era la ubicación perfecta, con un bulevar transitado y una carretera interestatal cercanos, y con el Complejo Nacional del Oeste justo enfrente, pero era su hogar.
“Hemos dicho que, si no se hubiera muerto antes que esto sucediera, este proceso lo hubiera matado”, David Torres dijo.
Quince años antes, Salvador Torres había perdido su negocio de reparaciones de automóviles en el cercano vecindario de Globeville debido a otro proyecto público de reurbanización para ampliar otra sección de I-70.
“Prácticamente hizo que el negocio de mi papá quebrara”, David Torres dijo. El negocio nunca se recuperó en su nueva ubicación, y su padre tuvo dificultades para mantener a su familia. La muerte de Salvador Torres a los 69 años fue debido a un ataque cardíaco, Torres dijo. Si los efectos de haber perdido su negocio tuvieron algo que ver con su muerte, su familia nunca lo sabrá.
Lo que sí saben es que Salvador Torres no hubiera cedido la casa de la familia sin haber luchado. David Torres decidió resistir los esfuerzos de la ciudad para reubicarlo a él y a su madre a un suburbio adjunto o a las afueras de la ciudad. Querían quedarse en Denver, y su madre quería continuar pasando a buscar a sus nietos a la escuela cinco días por semana sin manejar grandes distancias en medio de mucho tráfico.
También se opusieron a los esfuerzos de la ciudad para adquirir su hogar histórico por $200,000, el cual su agente de bienes raíces Steve Kinney dijo que “no era remotamente apropiado ni justo”, dado que los precios de las propiedades en el área están aumentando mucho debido a los futuros proyectos de reurbanización.
Torres contrató a un abogado, enlistó la ayuda de Kinney y organizó un plan. Por meses y meses, no hubo casas en venta por el precio que buscaba; aquellas que sí estaban disponibles no se comparaban con el hogar de cuatro habitaciones y dos baños de su familia. Mientras tanto, Kinney batalló con la compañía encargada de manejar los desplazamientos por el poder de expropiación, para aumentar la tasación de la casa en concordancia con una tasación privada. (La URA paga para que los residentes hagan sus propias tasaciones.)
Esta primavera pasada, exhaustos por la dura experiencia y con la oferta final de la ciudad de $499,999 en mano, incluyendo gastos para la mudanza, Torres y su madre le entregaron con lágrimas en los ojos las llaves de su casa a la ciudad y compraron un bungalow de ladrillos en el vecindario de Whittier a pocas millas de distancia.
No se comparaba con su hogar histórico. Pero tuvieron suerte de encontrarla en un buen vecindario, dado el mercado de viviendas tan competitivo en Denver. Torres está cerca de su trabajo en la fábrica de Purina, y su madre está a solo tres millas de la escuela en donde pasa a buscar a sus nietos.
“No queríamos dejar nuestra casa y nuestro vecindario. Lloro cada vez que pienso en eso”, dijo Rose Torres, de 70 años, limpiándose las lágrimas mientras se apoya en el borde de la ventana en su nuevo comedor. “Es donde criamos a nuestros hijos. Guarda tantas memorias”. Rose Torres dijo que no puede imaginarse visitar los restos de su antiguo hogar, y está tratando de que le guste el nuevo.
La persistencia de David Torres no se dio sin un costo importante. Ahora tiene una hipoteca y está aumentando sus horas de trabajo a 60 horas por semana para cubrir sus gastos. Sin embargo, ya no se siente tan irritable ni estresado, y está durmiendo más.
“Solo quiero bloquear esa parte de mi vida. Ha sido muy dolorosa”, dice. “Sin duda le robó años a mi vida”.
