Jonathan McMillan pasó años tratando de superar el estigma de una antigua condena criminal al momento de solicitar empleo. Una nueva ley en Colorado busca prevenir que las solicitudes laborales pregunten inicialmente sobre antecedentes criminales. Fotografía de Joe Mahoney / enviado especial para The Colorado Trust
Cuando tenía entre 20 y 30 años, Jonathan McMillan se acostumbró a escuchar la pregunta que mata carreras profesionales y a ver la casilla en la mayoría de las solicitudes laborales: “¿Te han condenado alguna vez por un crimen?”
Como exintegrante de una pandilla que había pasado tiempo en prisión, en libertad condicional, y luego otra vez en la cárcel por violar esa libertad condicional, McMillan se acostumbró a las frustraciones de “la casilla” durante los primeros años solicitando trabajo después de salir de la cárcel.
Pero después de que McMillan corrigiera su rumbo y ocupara puestos con el Departamento de Seguridad de Denver y, más tarde, como conector comunitario en el Consejo de la Ciudad de Denver (ahora ocupa un puesto en la mesa asesora del fiscal de distrito de la ciudad), se sorprendió al notar que la casilla seguía teniendo un estigma. Compró un automóvil y quería suplementar su empleo regular con trabajo de medio tiempo durante periodos festivos entregando paquetes o proporcionando traslados en coche a pedido.
Y ahí, en la primera pantalla de las solicitudes digitales para tales puestos, aparecía la pregunta sobre antecedentes criminales. Si marcabas “sí”, te enviaban directamente a una declaración que realmente quería decir: “adiós y buena suerte”.
“Soy solo una de millones de historias”, dijo McMillan, ahora con 46 años, y uno de los promotores del esfuerzo legislativo exitoso de este año para “prohibir la casilla” en las solicitudes laborales en Colorado. McMillan, quien es afroamericano, dijo que los desafíos se pueden multiplicar una y otra vez si calculas la inequidad de obstáculos en el empleo con base en la experiencia en el sistema criminal de justicia.
“Cuando observas a la población en Colorado, y a las personas negras en particular, y también observas [lo que pasa con] las personas marrones, una cantidad desproporcionada de personas están atrapadas en el sistema criminal de justicia”, McMillan dijo.
El problema no es solo el empleo, McMillan agregó: “Se extiende a la brecha de desempeño en educación, al porcentaje de personas sin hogar en Denver. Hay mucho trabajo por hacer para alcanzar la equidad en todos los principales sistemas de la sociedad aquí y en todo el país. No sé si ‘prohibir la casilla’ marque una gran diferencia en la desproporcionalidad de las prácticas de contratación, pero por lo menos es un comienzo”.
Después de años consecutivos de intentos fallidos, en 2019 la legislatura finalmente aceptó las demandas de los defensores para implementar la prohibición, la cual todavía permite que los empleadores pregunten sobre el contacto que ha tenido un candidato con el sistema legal pero solo después de una selección inicial. Por muchos años, una coalición de organizaciones no lucrativas, grupos que ofrecen servicios sociales y expertos legales había dicho que la casilla era una forma de discriminación laboral, y una causa principal de la reincidencia y prevención del avance económico, especialmente entre comunidades de color.
En Colorado, hay más de 1.8 millones de personas en la base estatal de datos de archivos criminales, según el Centro de Colorado sobre Leyes y Políticas (CCLP, por sus siglas en inglés), un beneficiario de la estrategia de Promoción de Equidad en Salud de The Colorado Trust y uno de los principales impulsores de los esfuerzos para prohibir la casilla. (La población total del estado es 5.7 millones.) Un reciente informe sobre justicia inteligente de la ACLU señaló que mientras que las personas afroamericanas constituyeron el 4 por ciento de la población en Colorado en 2017, representaron el 18 por ciento de las personas encarceladas. El porcentaje de gente latina encarcelada también era mayor que la población latina en general, la cual representaba el 19 por ciento de la población en el estado pero el 32 por ciento de la población detrás de las rejas.
Según el mismo informe de la ACLU, en 2014 Colorado tuvo la novena tasa de encarcelamiento más alta en el país entre la gente afroamericana, y la cuarta tasa más alta entre la gente latina, por cada 100,000 adultos.
Las leyes discriminatorias y su aplicación y las sentencias desiguales contribuyen a estas disparidades. Por ejemplo, por años, los requisitos de sentencias federales por poseer cocaína crack eran mucho más severos que las sentencias por poseer cocaína en polvo.
El Proyecto Nacional de Leyes Laborales presenta cantidades aún más pronunciadas y calcula que 70 millones de personas en EE. UU. tienen algún tipo de antecedente criminal. También señala que, en una encuesta de 2015, los hombres con antecedentes criminales representaron un increíble 34 por ciento de las personas desempleadas en edad productiva. Este es un porcentaje mucho mayor que la tasa nacional de desempleo en general. Un informe de la Institución Brookings sobre las inequidades nacionales en el encarcelamiento y la reincidencia encontró que solo el 55 por ciento de los exprisioneros tenían un ingreso declarable un año después de salir en libertad, y que las tasas de encarcelamiento en los códigos postales más problemáticos reflejaban importantes disparidades raciales y de pobreza.
Encontrar empleo, encontrar una vivienda y que te acepten para cursar estudios superiores o cursos de capacitación técnica son todos aspectos cruciales para disminuir la reincidencia y acabar con uno de los ciclos más viciosos entre los determinantes sociales de la salud, dijo Carol Peeples, fundadora de la organización lucrativa Remerg en Denver. Remerg, la cual busca reducir la reincidencia al ofrecer recursos de reintegración a personas en el sistema criminal de justicia, intenta “conectar a personas con la información que necesitan para empezar de nuevo”, Peeples dijo.
“Porque tenemos esta condición de encarcelamiento en este país, tenemos tantas personas con historias criminales”, Peeples dijo. “El empleo es imperativo para que la gente empiece de nuevo. Todos debemos tener ese primer trabajo, así que estamos tratando de reducir ese obstáculo”.
Y por mucho tiempo la infame casilla era el obstáculo más grande de todos.
“Cuando algunas de [las persona que atendemos] ven esa casilla, dejan de llenar la solicitud. Es un impedimento desde el principio”, dijo Tammy Bellofatto, directora de servicios vocacionales de la Coalición de Colorado para las Personas Sin Hogar y el Programa de Reintegración de los Veteranos Sin Hogar.
“Muchas veces, un empleador no quiere lidiar con alguien que ha estado involucrado con la justicia”, agregó. “Cuando un empleador recibe tantas solicitudes en línea como sucede últimamente, pueden seleccionarlos aún antes que lleguen a las entrevistas telefónicas. Es fácil poner [las casillas] de lado y decir: ‘Llamemos a esas otras personas”.
Los empleadores temen que un empleado con antecedentes criminales repita el comportamiento, o quizás solo estén evitando tener que ofrecer las modificaciones que conlleva contratar a exconvictos. Bellofatto señaló: Contratar a una persona en libertad bajo fianza o condicional quizás signifique lidiar requisitos como una visita regular para hablar con el supervisor de libertad condicional o una prueba de drogas.
Bellofatto lo sabe. El gobernador John Hickenlooper la exculpó en diciembre de 2018 por crímenes serios que incluían robo y sustancias controladas hace más de 10 años. La coalición para personas sin hogar le dio una oportunidad cuando obtuvo su trabajo actual, pero dice que nunca se olvidará de una solicitud anterior para un puesto en otra organización. Bellofatto marcó la casilla y les contó su historia en una entrevista preliminar; el empleador parecía emocionado con las posibilidades. Pero la explicación de Bellofatto nunca llegó al departamento de recursos humanos.
“Luego procesaron la verificación de antecedentes. La siguiente llamada que recibí fue un mensaje que decía: ‘No procederemos [contigo], y tú sabes por qué’. Eso fue devastador”, dijo.
La legislación para prohibir la casilla en Colorado empezará a implementarse en septiembre en negocios con más de 11 empleados, y dos años después con empleadores más pequeños. La propuesta de ley convirtió a Colorado en el 12º estado en cambiar esta antigua práctica laboral. El esfuerzo para prohibir la casilla se extendió este año en otras legislaciones, incluidas:
Las personas que se oponen a las “casillas” en el empleo, la vivienda y los estudios han trabajado en el tema por años, presentando propuestas de ley en múltiples sesiones legislativas y finalmente teniendo que enfrentarse a demasiada oposición de intereses comerciales que no querían nuevas restricciones en sus operaciones. Algunos grupos comerciales también temían que las prohibiciones dieran lugar a demandas legales costosas de solicitantes rechazados por razones legítimas. Los negociadores en las coaliciones de defensa continuamente modificaron las propuestas para incluir algunas de esas inquietudes. Por ejemplo, agregaron más excepciones por ciertos tipos de ofensas, desalentaron la litigación y retrasaron la prohibición de la casilla entre empleadores más pequeños.
Grupos comerciales también han señalado la defensa a favor de la reforma de la reconocida compañía conservadora Koch Industries, la cual anunció que eliminaría la casilla para sus 60,000 trabajos en 2015 y lanzó una campaña alentando a otros empleadores importantes para que hicieran lo mismo.
Este año, la Cámara de Comercio de Colorado dejó de oponerse, mientras que la mayoría demócrata en ambas cámaras de la legislatura impulsó más propuestas de ley a favor de la reforma en comités antiguamente dificultosos.
Un elemento clave para la Cámara de Comercio fue que la prohibición de la casilla en solicitudes laborales igual permitió que se verificaran antecedentes después de que el solicitante pasara a etapas más avanzadas en el proceso, dijo Loren Furman, vicepresidente senior para relaciones estatales y federales. “Es algo que apreciamos de quienes patrocinaron la propuesta de ley, observaron lo que pasó en legislaturas anteriores y lo tomaron en cuenta”, dijo. “Desearía que otros legisladores hicieron eso con más frecuencia”.
Quienes apoyan la prohibición y han estado trabajando en la investigación y creación de políticas sobre los determinantes sociales de la salud consideran el éxito de la prohibición de la casilla parte de un movimiento generalizado en Colorado y otros estados para abordar los obstáculos sistémicos que enfrentan las personas que buscan mejorar sus vidas. Las coaliciones están fortaleciendo los derechos del inquilino en casos de desalojo, reduciendo la fianza con dinero en efectivo (la cual con frecuencia mantiene a la gente tras las rejas aún antes que se escuchen sus casos) en crímenes menores, borrando condenas anteriores por marihuana, que ya es legal, y destruyendo las “prisiones por deudas” en donde los jueces mandan a gente a la cárcel por multas pendientes.
Estos problemas “no pueden examinarse independientemente”, dijo Jack Regenbogen, un abogado en CCLP especializado en la seguridad económica familiar y los asuntos políticos. Por ejemplo: una persona que no tiene hogar quizás termine con antecedentes penales por violar la prohibición de acampar en Denver. La condena criminal hace que sea más difícil encontrar vivienda permanente. Sin tener un domicilio permanente y con un antecedente penal, es más difícil encontrar trabajo. Alquilar un lugar más barato en Craigslist o dormir en las calles quizás signifique que no tendrá un recibo formal para solicitar asistencia pública con el alquiler.
“Es interesante cómo un problema puede repercutir y tener un efecto dominó”, Regenbogen dijo.
Peter Dybing ha visto esos efectos en cadena la mayor parte de su vida, tanto por errores personales como por las experiencias de sus clientes en la Coalición de Colorado para Personas Sin Hogar, en donde es director de seguridad.
Dybing dijo que le “apasiona” el tema de prohibir la casilla porque, cuando era adolescente, lo arrestaron por robo y pasó tiempo en la cárcel. Dijo que tuvo suerte de haber provenido de una familia relativamente privilegiada con la que podía contar, y que eso lo ayudó a obtener un trabajo después de salir en libertad.
Pero sus antecedentes siempre lo persiguieron: cuando quiso cambiar de carrera para convertirse en bombero, investigó 300 diferentes solicitudes de departamentos y encontró solo una que preguntaba sobre antecedentes criminales únicamente de los últimos siete años, para así contestar honestamente.
Trabajó 23 años como bombero antes de convertirse en defensor de las personas sin hogar. Una importante cantidad de estas personas se han visto involucradas con la justicia criminal algún momento en su vida.
“Veo a mis hermanos y hermanas y me doy cuenta de que es una letra escarlata de por vida, y una tragedia para las personas oprimidas por un sistema que no perdona”, Dybing dijo. Dybing recuerda completar una solicitud para ser padre voluntario en la escuela de su hijo, y la casilla sobre antecedentes criminales impidió que manejara en excursiones escolares.
“Salí de la cárcel hace más de 30 años y el trauma nunca desaparece”, dijo. Después de tres años trabajando a favor de la reforma, Dybing dijo que se siente satisfecho viendo que se prohíba la casilla y que se ofrezcan nuevas oportunidades a personas que están tratando de cambiar sus vidas.
Peeples, con ayuda de la organización Remerg, dijo que los empleadores en Colorado no deberían pensar en la nueva realidad como una restricción o un impedimento para su trabajo. La tasa estatal de desempleo está en un nivel históricamente bajo y los negocios están teniendo que aumentar sus salarios iniciales para atraer a trabajadores. Por lo tanto, considerar a un nuevo grupo de solicitantes será una bendición, dijo.
La casilla “ya ni tiene sentido para los empleadores”, Peeples dijo. “[Estaban] perdiendo la oportunidad de contratar a muy buenos solicitantes”.
