Terri Singer, profesional clínica con North Ridge Behavioral Health y parte del programa de respuesta conjunta, prepara su radio para iniciar su turno en el Departamento de Policía de Evans el 9 de octubre de 2020. Fotografía de Joe Mahoney / enviado especial de The Colorado Trust
El jefe del Departamento de Policía de Greeley, Rafael Gutierrez, no anhela regresar a un pasado más simple, cuando los operadores telefónicos recibían una llamada de alguien amenazando con suicidarse y su única opción realista eran esposar a la persona y que pasara un breve período en la cárcel bajo frecuente vigilancia.
Este tipo de episodio usualmente terminaba con la persona en libertad y de regreso a su comunidad, y en pocos día o semanas, se recibía exactamente la misma llamada sobre la misma persona.
Durante la mayor parte de los últimos dos años, el Departamento de Policía en Greeley y sus socios en el cercano departamento policíaco de Evans han tenido una mejor opción: Un profesional capacitado en salud mental de la organización North Range Behavioral Health puede ir con ellos para responder a la llamada, evaluar el riesgo de suicidio y otros problemas de salud mental desde una perspectiva profesional, y conseguir tratamiento de hospitalización o citas de asesoría a la persona con problemas sin necesidad de arrestarla ineficazmente.
“Sus conocimientos lidiando con personas suicidas son grandes”, Gutierrez dijo de sus compañeros de respuesta conjunta. “Podemos usar un método unificado y desarrollar un mejor plan para lidiar con esa persona a largo plazo. Antes, usábamos métodos policíacos para abordar [estas situaciones]. Realmente cambiaron nuestra perspectiva”.
Líderes de seguridad y salud pública alrededor del país están experimentando con alternativas a los métodos policíacos tradicionales, como resultado de las manifestaciones nacionales por las muertes a manos de la policía de personas de color pasando por crisis de salud mental, además de estudios más específicos sobre comunidades encarceladas.
La primera evaluación integral de programas patrocinados por el estado de respuesta compartida como el de Greeley y Evans muestra que están reduciendo la cantidad de arrestos y aumentando las conexiones a otros servicios comunitarios en casos de salud mental en los cuales los policías dijeron que antes su única opción era llevar a las personas a la cárcel. El Instituto de Salud de Colorado (CHI, por sus siglas en inglés) y la Oficina para la Salud del Comportamiento del Departamento de Servicios Humanos dijeron que, aunque todavía es difícil reunir cifras exactas, encuestas de departamentos de policía muestran una mejora importante en el manejo de personas que presentan un comportamiento no criminal pero desesperado. (El CHI es beneficiario de The Colorado Trust.)
Los profesionales que acompañan para responder a este tipo de llamadas y que la Oficina para la Salud del Comportamiento patrocina en ocho sitios en Colorado respondieron a 4,357 llamadas entre agosto de 2018 y agosto de 2019, según el informe. Estos profesionales participaron en 165 llamadas al mes en el sitio con más llamadas (el Condado de Larimer), y en 19 llamadas en el sitio con menos llamadas (Broomfield).
Los usuarios frecuentes de los servicios de emergencia constituyeron un alto porcentaje de las llamadas, lo cual sucede con frecuencia entre personas sin hogar, que mencionan el suicidio, sufren por el abuso de sustancias y desafíos similares. En Broomfield, la evaluación del CHI encontró que casi el 30 por ciento de los contactos realizados con el método unificado de respuesta fueron con “usuarios frecuentes” del sistema de emergencias, y en Longmont el porcentaje fue de un poco más de 23.
Mientras más tiempo duraron los programas de respuesta unificada, según el informe, más éxito tuvieron en desviar a las personas para que no enfrentaran “medidas formales”, es decir, arrestos, admisiones involuntarias por razones de salud mental o el transporte a salas de emergencia. Durante el primer mes de funcionamiento, el 36 por ciento de los programas dijeron que podían con frecuencia o siempre desviar a las personas para que no terminaran en una sala de emergencias. Sin embargo, un año después, más de la mitad dijeron haber alcanzado ese mismo éxito.
“Es una manera de aliviar la carga de los socorristas y proporcionar el servicio que ayude a conectar a las personas para que interactúen con los servicios que necesitan”, dijo Emily Richardson, gerenta de programas de respuesta unificada en la Oficina para la Salud del Comportamiento.
Numerosos empleados de seguridad pública le dijeron al CHI que nueva capacitación y sus experiencias con profesionales de respuesta conjunta habían aumentado lo que entienden sobre los desafíos de salud mental y creado más opciones para desempeñar su trabajo. Durante sesiones de capacitación, los policías y otros socorristas y los profesionales de respuesta conjunta aprendieron los unos de los otros sobre cómo reducir la intensidad de ciertas situaciones, mantenerse sanos y salvos, y qué recursos externos existen, entre otras cosas.
“Algunos de los policías más nuevos están viendo que no todas las llamadas a las que responden se relacionan con un crimen”, un policía dijo al CHI.
“No creo que podamos ignorar la parte sobre actitudes entre el personal de seguridad pública”, Richardson dijo. “La gente involucrada en estos encuentros entienden mejor lo que es justo y cómo tratarse con respeto”.
Los programas locales existen gracias a una ley que la legislatura estatal aprobó en 2017 otorgando $2.9 millones de impuestos recaudados al legalizar la marihuana a programas de respuesta conjunta. Otros $400,000 se obtuvieron a través de una serie de subsidios federales, y legisladores agregaron $1.5 millones del Fondo General para lanzar más programas en otros sitios en 2020. En estadísticas citadas frecuentemente durante discusiones sobre la propuesta de ley, promotores de estos programas señalaron que casi la mitad de las personas encarceladas en Colorado enfrentan desafíos de salud mental, y alrededor del 74 por ciento sufren trastornos por abuso de sustancias.
Varios formatos de programas de respuesta conjunta para que vayan en el mismo vehículo o den seguimiento a lo que hagan los policías y otros socorristas se han hecho más comunes en EE. UU., y en materias de emergencia.
El Centro para la Salud Mental de Aurora trabajó con personal policíaco, de bomberos y médico para crear el programa de intervención, revisando los archivos de las salas de emergencias en hospitales para encontrar a los usuarios frecuentes y comunicarse con ellos para ofrecerles recursos. Las opciones incluyen citas para recibir asesoría de salud mental, servicios para obtener medicamentos con receta, ayuda para que personas sin hogar encuentren vivienda y asesoría explicando servicio médicos a veteranos militares, entre otras. Las llamadas a los servicios de emergencia de los 10 usuarios más frecuentes disminuyeron de 360 llamadas al año antes que el programa empezara a 146 en los primeros 12 meses de intervenciones.
El Distrito de Transporte Regional (RTD, por sus siglas en inglés) también adoptó un programa de respuesta conjunta, y estableció un contrato con el Centro para la Salud Mental de Denver con profesionales que pueden responder con la policía de RTD y de Denver a llamadas sobre personas agitadas en autobuses, durmiendo en paradas de RTD o teniendo confrontaciones con los conductores.
A mediados de septiembre, la Ciudad de Aurora designó su propio dinero para un nuevo tipo de programa de respuesta conjunta, en el cual profesionales clínicos planean acompañar en el mismo vehículo a paramédicos y socorristas respondiendo a llamadas al 911 que claramente no sean emergencias médicas ni policíacas.
El CHI señaló que su estudio tiene limitaciones, incluida la falta de datos exactos del tipo producido al comparar a quienes se ayudó con un grupo de control. Líderes de los programas también dijeron que tanto los policías como los asesores de salud mental deben seguir capacitándose y alinear sus políticas de derivación a servicios alternativos.
En Greeley y Evans, Gutierrez dijo, los policías quieren ampliar aún más la alianza con los servicios locales de salud mental.
“Estamos examinando la posibilidad de expandir nuestro horario, hacer un análisis de las llamadas y ver si se necesita más después de la 1 de la madrugada, cuando recibimos más de las llamadas alimentadas por el alcohol u [otra] sustancia”, dijo.
