Arron Julian, director de la Oficina del Enlace para Parientes Indígenas Desaparecidos o Asesinados, en su oficina el 6 de enero de 2023. Fotografía de Eli Imadali / enviado especial de The Colorado Trust
Arron Julian, director de la Oficina del Enlace para Parientes Indígenas Desaparecidos o Asesinados, en su oficina el 6 de enero de 2023. Fotografía de Eli Imadali / enviado especial de The Colorado Trust
Una nueva oficina estatal busca que se imparta justicia para las víctimas indígenas que han sufrido violencia en Colorado.
En noviembre, Arron Julian se convirtió en el director de Oficina del Enlace para Parientes Indígenas Desaparecidos o Asesinados en Colorado. Las comunidades indígenas enfrentan niveles desproporcionados de violencia en todo el país, pero las investigaciones de sus casos con frecuencia suponen desafíos entre jurisdicciones y se convierten en fuente de frustración para las familias de las víctimas.
Julian tiene la tarea de ayudar a mejorar la respuesta estatal a estos casos. A solo aproximadamente 100 días de ocupar su puesto, Julian está enfocándose en establecer sus prioridades principales: fortalecer relaciones e implementar programas clave.
“Vamos muy adelantados en el poco tiempo que hemos estado funcionando, y nos estamos moviendo lo más rápido posible para despertar conciencia e [implementar iniciativas de] capacitación de manera universal”, dijo.
La oficina, una de las primeras en su tipo en el país, se estableció a través de una ley estatal aprobada en 2022. Se creó para ser una herramienta mejorada en los esfuerzos del estado para aumentar su respuesta en las investigaciones de personas desaparecidas y casos de homicidio relacionados con víctimas indígenas.
Julian, un integrante de la tribu Apache Jicarilla en Nuevo México, cuenta con 36 años de experiencia en seguridad pública. Ha trabajado en múltiples tribus, ocupando el puesto de jefe de policía, líder tribal y como coordinador de un equipo de respuesta en casos de asalto sexual. También supervisó una fuerza de seguridad de alrededor de 6,000 empleados de cinco países diferentes mientras trabajaba como contratista civil para el Departamento de Estado de EE. UU.
Julian ya confía en que esta nueva oficina y puesto pueden marcan la diferencia. “No quiero ser demasiado presuntuoso, pero sé que estamos liderando el camino y haciendo que este sea un estupendo programa”, dijo.
Olvidadas en la incertidumbre
A nivel nacional, las comunidades indígenas enfrentan un mayor riesgo de violencia que otros grupos demográficos.
Es difícil definir el alcance de esta violencia: la recolección de datos por mucho tiempo ha sido lenta e irregular. Sin embargo, algunos patrones son claros. Entre las mujeres que viven en reservas indígenas, la tasa de homicidio es 10 veces mayor en comparación con el promedio nacional. Más de cuatro de cinco adultos indoamericanos y nativos de Alaska han sufrido algún tipo de violencia en su vida. Notablemente, las personas no nativas cometen la mayoría de estos actos violentos, según datos federales.
Por años, las comunidades nativas han sabido sobre estas tendencias, por lo menos anecdóticamente, dijo Raven Payment, una integrante del Grupo de Trabajo sobre Parientes Indígenas Desaparecidos y Asesinados en Colorado, un grupo de defensores locales.
“Me gustaría señalar que muchos de los casos de violencia no se reportan”, dijo Payment, descendiente de las naciones Kanien’kehá ka y Ojibwe. “Nunca he conocido a alguna mujer nativa que no haya sufrido violencia en su vida”.
Cuando los casos sí se reportan, las investigaciones enfrentan sus propios desafíos. La incertidumbre sobre si un caso involucra la jurisdicción tribal, estatal o federal puede retrasar la respuesta inicial. Las comunidades indígenas quizás no confíen en las fuerzas de seguridad y, en lugar de reportar su caso ante esas fuerzas, elijan reportarlo a organizaciones locales, Julian dijo.
La tribu Ute de la Montaña Ute conoce bien estos desafíos. La reserva de 600,000 acres abarca partes de Colorado, Nuevo México y Utah, y depende de la Oficina de Asuntos Indios (BIA, por sus siglas en inglés) de EE. UU. en la aplicación de las fuerzas de seguridad tribal. Las investigaciones enfrentan problemas por la falta de personal y fondos y de comunicación entre diversas agencias, dijo Manuel Heart, el jefe de la tribu.
La unidad local de la BIA cuenta con siete u ocho agentes que trabajan turnos de 12 horas y pueden tardar una hora y media para responder en algunas áreas de la reserva. Otras agencias de seguridad pública no conocen bien la reserva rural, y la falta de comunicación entre agencias y comunidades deja a algunas familias sintiéndose olvidadas en la incertidumbre, Heart dijo.
“Hemos tenido algunos [casos de parientes indígenas desaparecidos y asesinados], y ha sido frustrante no lograr que las fuerzas de seguridad y otros colaboradores realmente ayuden”, Heart dijo.
Además, cuando las investigaciones se completan, los casos no siempre se llevan a juicio. A nivel federal, la Oficina del Fiscal de EE. UU. se rehusó a enjuiciar el 32 por ciento de los casos en tierras indígenas en 2019. Entre 2016 y 2018, la oficina se rehusó a enjuiciar entre el 34 y 39 por ciento de los casos. La razón más común fue evidencia insuficiente, según un informe de 2019 publicado por el Departamento de Justicia.
El sistema ha dejado a las comunidades indígenas con un sentimiento de injusticia y un ciclo de trauma, Payment dijo. Como integrante del grupo de trabajo, pasó cuatro días ayudando a parientes que estaban buscando a Wanbli Oyate Vigil Black Elk, un hombre lakota que desapareció en Denver y fue encontrado muerto a principios de enero. Su muerte fue investigada, pero no aparentaba ser de naturaleza sospechosa, según dijo la Policía de Denver en enero.
Mientras Payment observaba a la familia de Wanbli Oyate Vigil Black Elk sufrir con la tragedia, su propia familia la observó sobrellevar lo que había presenciado, cada familia tratando de apoyarse entre sí.
“Existe este efecto dominó de trauma y pena y dolor humano. Afecta a todos los que te rodean”, dijo.
El progreso alcanzado hasta ahora
La ley de 2022 que creó la nueva oficina estatal busca abordar estos problemas, y el trabajo de Julian es respaldar a las agencias estatales mientras dan pasos para cumplir con sus obligaciones.
La ley incluye una larga lista de quehaceres, incluida una mejor recolección de datos y nuevos reportes anuales que cubren el alcance y manejo de los casos de personas indígenas desaparecidas y asesinadas. Las agencias estatales invertirán más tiempo en casos sin resolver y en corregir los archivos que identifican erróneamente el grupo racial de las víctimas indígenas.
Una alerta obligatoria de personas indígenas desaparecidas, la cual se lanzó el 30 de diciembre de 2022, busca ayudar a las agencias de seguridad pública para que aclaren las dudas jurisdiccionales y responden más rápidamente a casos nuevos. La oficina del enlace se estableció para resolver problemas de comunicación entre agencias y mejorar las relaciones con las comunidades.
El 27 de noviembre de 2022, el séptimo día de Julian en su puesto, se reportó la desaparición de Raeanna “Nikki” Burch-Woodhull en la tribu india Ute del Sur en el sudoeste de Colorado cerca de Durango.
Burch-Woodhull, quien estaba en su segundo trimestre de embarazo, fue encontrada muerta más tarde. Tenía dos hijos y se crio en la reserva Ute del Sur, según informes de la prensa. Una semana después, se arrestó a un hombre de Ignacio, Colorado bajo sospecha de homicidio de segundo grado.
Julian, quien estaba reuniéndose en ese momento con representantes tribales de la cercana reserva Ute de la Montaña Ute, trabajó con integrantes de la comunidad en su puesto de enlace durante la investigación inicial. En los primeros 40 días, la oficina ayudó con siete casos más de personas desaparecidas o asesinadas, Julian dijo.
“Es de gran urgencia para mí. Es la pasión de mi vida y mi carrera ayudar a las víctimas de este tipo de crímenes”, Julian dijo. “He trabajado en diferentes tribus, y hemos hecho muchas cosas para… obtener algún tipo de conclusión para la familia”.
2023 y más allá
Payment, quien ayudó a que se aprobara la propuesta legislativa en 2022, dijo que establecer relaciones e informar a las comunidades son clave para la oficina en su primera etapa.
Le preocupa que la oposición contra la propuesta durante el proceso legislativo continúe y debilite la oficina internamente. Al principio, el gobernador Jared Polis y su administración no apoyaron que se incluyera a la oficina del enlace en la propuesta.
“Mi esperanza es que, conforme los años pasen, las fuerzas de seguridad tengan una mejor caja de herramientas para responder de manera más sensible”, dijo. “Y luego, de forma similar, vamos a empezar a encontrar respuestas para estas familias, para la gente que ha sido brutalmente asesinada”.
Como jefe tribal, Heart apoya a la oficina del enlace y dijo que Julian necesitará tiempo para desarrollar tanto su papel como la oficina en sí. Pero ya tiene inquietudes sobre el personal y los fondos.
“Es un departamento valioso, pero necesita financiarse cada año”, Heart dijo. “[Conseguir] fondos será un desafío”.
El Departamento de Seguridad Pública de Colorado, donde la oficina del enlace se encuentra ubicada, tiene $619,889 para usar en actividades relacionadas con personas indígenas desaparecidas y asesinadas durante el año fiscal 2022-23. De esa cantidad, $228,433 son para la oficina.
Julian, quien ha sido el único empleado de la oficina, tendrá un empleado que trabajará para él este año. Los otros 2.5 puestos que la legislación obliga ayudarán al Buró de Investigación de Colorado (CBI, por sus siglas en inglés), según el Departamento de Seguridad Pública.
Sin suficientes empleados y fondos, la oficina fracasará, Heart dijo. Pero en el futuro, su éxito podría resultar en nuevas posibilidades, especialmente gracias a la recolección de datos. Más datos ayudarán a evaluar la eficacia de la respuesta estatal, informarán el desarrollo de la oficina y ofrecerán una resolución para las familias, dijo.
“Tenemos que trabajar juntos de mejor forma para el futuro de nuestros niños y de los niños que no llegan todavía, y de todos nuestros parientes que están aquí y los que hemos perdido”, Heart dijo.
Cuando piensa en los años por venir, Julian espera que se ofrezcan más recursos a familias que buscan una resolución y conectarse con defensores comunitarios. Planea tener más apoyo en la oficina y realizar campañas de prevención de violencia y educación por todo el estado. Y quiere que la comunidad en general sepa sobre la oficina y su trabajo.
“No puedo hacerlo yo solo”, Julian dijo. “Necesito la ayuda de todos”.
Traducido por Alejandra X. Castañeda
