Laura se preocupa con frecuencia por su hijo Andrew, a quien diagnosticaron con esquizofrenia pero se rehúsa a tomar medicamento o ir a terapia. Reconoce al equipo de respuesta conjunta en Durango, Colo., donde Andrew vive, por ayudarla a mantenerlo seguro. “Lo entienden”, dice. Fotografía de Corey Robinson / enviado especial de The Colorado Trust
Ya habían pasado más de 24 horas desde que el hijo de Laura, Andrew, se comunicara con ella. El joven de 30 años, a quien habían diagnosticado con esquizofrenia años antes, estaba viviendo solo y había elegido no tomar su medicamente con regularidad ni ir a terapia. Su familia respetó su deseo de tener algo de independencia, pero también acordaron que se aparecerían en el apartamento de Andrew en Durango si pasaba más de un día sin hablar con él o verlo. (Laura pidió que solo usáramos sus nombres de pila para proteger la privacidad de su hijo.)
Después de repetidas llamadas telefónicas y golpes a la puerta principal del apartamento de Andrew sin ninguna respuesta, lo cual era inusual, Laura decidió llamar para pedir refuerzos y que se hiciera un chequeo de su bienestar. Aunque nunca ha presentado un peligro para otros, Andrew a veces enfrenta desafíos para concentrarse o se olvida de cuidarse a sí mismo—una vez, en un estado de paranoia en medio del invierno, tiró su calefactor portátil afuera—y a su madre le preocupaba que no estuviera bien.
Pero en lugar de llamar a las fuerzas de seguridad pública, Laura se comunicó con CORE, el programa de respuesta conjunta que se lanzó en 2021 en Durango. Como una colaboración entre el Departamento de Policía de Durango y Axis Health System, CORE coloca a dos policías capacitados en la intervención de crisis con dos profesionales clínicos de Axis Health.
Los modelos de respuesta conjunta por lo general tienen a policías y clínicos especializados en la salud mental para responder juntos a llamadas relacionadas con la salud del comportamiento, aunque los programas pueden emplear diferentes métodos. Los esfuerzos ganaron terreno por todo el país a raíz del asesinato de George Floyd en mayo de 2020 y por demandas de reformas en la policía.
La Administración de Salud del Comportamiento en Colorado (BHA, por sus siglas en inglés, y antiguamente la Oficina para la Salud del Comportamiento) empezó a financiar esfuerzos de respuesta conjunta en 2018 y ahora respalda 31 iniciativas de ese tipo. Alrededor de 20 programas más existen en el estado.
Entre julio de 2020 y junio de 2021, equipos de respuesta conjunta respaldados por la BHA realizaron casi 26,000 contactos. Menos del 3 por ciento de las llamadas activas resultaron en un arresto.
“Si podemos mantener a alguien fuera del sistema de justicia, la probabilidad de que se recupere es mucho mayor que si termina en el sistema de justicia”, dice Ray Merenstein, director ejecutivo de la división de Colorado de la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales (NAMI, por sus siglas en inglés).
Los programas de respuesta conjunta en Colorado históricamente se han encontrado principalmente en centros urbanos; la participación de las comunidades rurales como Durango ha sido más lenta, pero están empezando a ganar terreno. Cerca de un cuarto de los programas de respuesta conjunta que ahora reciben fondos de la BHA se encuentran en condados rurales. Presupuestos, la disponibilidad de personal y áreas de cobertura más amplias presentan desafíos para iniciarlas.
Sin embargo, las regiones que han invertido en estos esfuerzos están observando beneficios.
“La habilidad de tener a un profesional que salga y pueda diagnosticar esto, evaluarlo y entender qué recursos están disponibles para nuestra comunidad que no son necesariamente esposas y los tribunales es bueno”, dice Bob Brammer, jefe del Departamento de Policía de Durango. “Podemos criminalizar casi cualquier situación—hay muchas leyes en los libros—pero eso no será necesariamente un impulso con soluciones ni a beneficio de una persona o comunidad”.
Laura ha interactuado con CORE un puñado de veces a lo largo de este año, y a veces ha llamado al equipo más de una vez por semana para que evalúen a Andrew (él tiene que aceptar hablar con ellos para que el personal clínico realice una breve evaluación). En julio, lo derivaron para que lo mantuvieran por razones mentales durante cinco días en el hospital local, que se pusiera al día con su medicamento y que lo estabilizaran. Esa fue la tercera vez que necesitó esos cuidados este el último año.
“En estos momentos, ellos [el equipo de CORE] son su único recurso porque se rehúsa a ir a terapia”, dice Laura, y agrega que la infraestructura de servicios para la salud mental en Durango es limitada. “Estamos tratando de evitar que se quede sin hogar y completamente sin recursos. [CORE] es gran parte de eso”.
El día que Laura solicitó que se hiciera una visita para asegurar el bienestar de Andrew, el equipo de CORE entró a su apartamento y lo encontró sentado en el baño totalmente vestido. Estaba bien. Dijo que solo no tenía ganas de hablar con nadie.
Laura no solo sintió alivio al escuchar la noticia, sino también porque un equipo capacitado en cuidados para la salud mental y en cómo intervenir durante una crisis respondió a su hijo. Disminuye, ligeramente, las preocupaciones con las que carga.
“No siempre es cuando hay una crisis”, Laura dice. “Están más dispuestos a ver cómo está y si necesita [algo más]. Hay confianza porque han trabajado con él a lo largo del tiempo. Lo entienden”.
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Después de que la policía le disparara y matara a Christian Glass, de 22 años, mientras estaba sentado en su automóvil en junio de 2020, el subalguacil del Condado de Clear Creek Bruce Snelling le dijo al diario The Colorado Sun que la oficina del alguacil recibe muy pocas llamadas relacionadas con la salud mental como para que valiera la pena lanzar un programa de respuesta conjunta.
The Colorado Sun (en donde The Colorado Trust financia un puesto de reportero) encontró que más de la mitad de los condados de Colorado—principalmente en localidades rurales y montañosas—no tienen programas de respuesta conjunta. Sin embargo, comunidades rurales pequeñas son sede de la mayoría de los departamentos de policía en el país.
La Asociación Americana de Psicología encontró que cerca del 20 por ciento de las llamadas a las fuerzas de seguridad pública están relacionadas con un problema de salud mental.
Animar a los policías para que se capaciten sobre cómo intervenir en una crisis también ayuda a desviar las respuestas hacia un “modelo [para reducir la intensidad], no basado en el modelo de las fuerzas de seguridad”, dice Merenstein de NAMI. (Los policías que forman parte de CORE en Durango recibieron esa capacitación, al igual que algunos en Alamosa.) La plataforma normativa de la organización nacional, por ejemplo, dice que “NAMI cree que por lo menos el 25 por ciento del personal de las fuerzas de seguridad que responden a emergencias en cada jurisdicción deberían recibir capacitación por un mínimo de 40 horas en concordancia con los estándares del modelo de intervención de la policía en una crisis para así garantizar más la seguridad, una reducción apropiada de la intensidad, consecuencias menos letales y oportunidades [para recibir] tratamiento”.
A Tim Dellett lo contrataron en 2022 como el primer profesional de respuesta conjunta en Alamosa, Colo., en el Valle de San Luis. “Soy solo una persona en una cadena de apoyo que se proporciona aquí en la comunidad”, dice. Fotografía de John McEvoy / enviado especial de The Colorado Trust
Más allá de problemas persistentes relacionados con la falta de fondos, las comunidades y regiones rurales también enfrentan obstáculos adicionales para lanzar estas iniciativas de respuesta conjunta. Estos desafíos incluyen áreas geográficas grandes a las que toma tiempo llegar; departamentos policíacos pequeños que quizás no puedan asignar un policía para que solo forme parte de un equipo de respuesta conjunta; y, la necesidad de cubrir múltiples jurisdicciones, cada una de las cuales quizás tengan diferentes procesos y líderes, incluso en tierras tribales.
Recursos como camas psiquiátricas en hospitales o instalaciones residenciales para recibir tratamiento también son pocos en estas localidades, así que las salas y el personal de emergencia pueden terminar sobrecargados. Datos de septiembre de 2022 muestran que más de 2 millones de coloradenses viven en “áreas con escasez de profesionales dedicados a la salud mental”; el estado necesita contratar a más de 100 profesionales para atender adecuadamente a la población. Un mapa más reciente que usa datos federales muestra que todos los condados de Colorado enfrentan esta escasez.
Además de eso, encontrar a profesionales capacitados dispuestos a trabajar en áreas rurales es generalmente más desafiante. Encontrar a aquellos dispuestos a además responder a emergencias es aún más difícil.
“¿Tenemos suficientes llamadas como para que nuestros departamentos ofrezcan un programa en áreas rurales? Eso es algo que se continúa investigando alrededor del estado”, dice Molly Rodriguez, directora de servicios para crisis en Axis Health System, el cual administra 11 clínicas en el centro y sudoeste de Colorado. “Sí creo que hay un menor volumen de llamadas en algunas áreas que causaría dificultades para encontrar personal eficientemente y que valiera la pena”.
Pero hay maneras creativas para que las regiones trabajen con lo que tienen. Los Equipos de Respuesta Conjunta en al Área de Pitkin, por ejemplo, son una colaboración de varias jurisdicciones entre agencias de seguridad pública (el Departamento de Policía de Aspen, el Departamento de Policía de Snowmass Village y la Oficina del Alguacil del Condado de Pitkin) que emplea a especialistas de apoyo como parte de su programa. Justo al este, el Equipo de Respuesta para la Evaluación Mental en Todo el Sistema del Condado de Summit, el cual funciona desde la oficina del alguacil, incorpora un componente de gestión de casos.
En la primavera de 2022, el Condado de Montezuma lanzó un Programa de Intervención Comunitaria (CIP, por sus siglas en inglés) con fondos de un subsidio. El programa incluye un trabajador social y un técnico médico de emergencias en lugar de un policía. (Las fuerzas de seguridad quizás sigan respondiendo inicialmente o pasen manejando para asegurar que la escena sea segura para el equipo de CIP.) Ahora hay dos equipos encargados del condado de 2,040 millas, el cual incluye Cortez, Mancos y Dolores; entre enero y julio, respondieron a 545 llamadas, incluidas de seguimiento.
El programa ha “sido una bendición”, dice Jim Spratlen, gerente de emergencias en el condado y gerente administrativo de CIP.
Los distritos también pueden considerar opciones de telemedicina, transferir llamadas de menor nivel al 998 (la línea telefónica nacional para la prevención del suicidio y la crisis) para gestionar los casos por teléfono, o modificar los requisitos de su personal clínico. Por ejemplo, pueden contratar a gerentes de atención con un título universitario de cuatro años en lugar de trabajadores sociales con una maestría, según dijo Ernest Stevens, subdirector de la división de salud del comportamiento en el Concejo del Centro de Justicia de Gobiernos Estatales en Nueva York.
Estas modificaciones de los modelos de respuesta conjunta también pueden ayudar a resolver algunas de las inquietudes de la comunidad relacionadas con que las fuerzas de seguridad respondan a cualquier crisis de salud mental—y preocupaciones de que estos programas continúen perpetuando el racismo sistémico en el sistema de justicia.
“A los policías se los debe capacitar de manera diferente, y tienen que permitir que el profesional de salud mental haga lo que hace. No tiene que ver con una lucha por el poder”, dice Renata Hedrington Jones, PhD, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales Negros. Ha sido trabajadora social por 50 años y solía acompañar a policías en Richmond, Virginia, a finales de los años 1980.
“No podemos ser rígidos en cómo examinamos estos programas… Siempre me alegra cuando los programas están pensando creativamente e intentando hacer lo que puedan para cubrir las necesidades de la comunidad”, dice Emily Anderson, una trabajadora social clínica certificada y gerenta de servicios de respuesta conjunta en la BHA de Colorado. “Hemos sido muy intencionados en cómo estructuramos el programa para asegurar que no tengamos ningún tipo de perspectiva purista”.
Los fondos del estado han aumentado junto con un creciente interés en esfuerzos de respuesta conjunta. Dos propuestas legislativas estatales el año pasado (SB22-145 y SB22-196) pusieron millones de dólares a disposición a través de subsidios; más dinero proviene del Fondo de Dinero por Impuestos en la Marihuana, el Fondo General Estatal y programas federales. Y justo esta semana, la oficina del gobernador anunció una expansión de los equipos estatales de Respuesta Móvil a Crisis, los cuales se envían en todos los condados y cuentan con un período de hasta dos horas para responder en comunidades rurales y fronterizas.
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La mayoría de las llamadas a las que responde Matt Teague, un trabajador social clínico certificado con el equipo de CORE en Durango, tienen que ver con visitas para asegurar el bienestar, de personas pensando en suicidarse o por problemas médicos. Tener un equipo independiente de respuesta conjunta libera a los policías para que respondan a actividades criminales o emergencias—los trabajos para los cuales se apuntaron. (Un informe publicado en octubre de 2021 por el Instituto de Salud de Colorado, un beneficiario de The Colorado Trust, encontró que “el personal de respuesta conjunta redujo la participación innecesaria de las fuerzas de seguridad en una de cada tres llamadas”.) Esto también significa que el equipo de Teague puede pasar más tiempo con la persona que necesita ayuda, tanto en el momento como después, potencialmente previniendo futuras crisis.
“Integramos el seguimiento en el programa. Al día siguiente, regresamos a la casa o hacemos una llamada”, Teague dice. “Hay casos donde estamos limitando la cantidad de personas que normalmente pasarían por una internación involuntaria porque podemos gestionar más eficazmente la crisis… También tratamos de realizar un trabajo preventivo”.
El equipo de CIP en el Condado de Montezuma cuenta con bicicletas de montaña que usan para visitar a las personas y asegurar que sepan que existen si necesitan ayuda.
Laura, la mamá de Durango, considera al equipo de CORE un recurso no solo para su hijo sino también para ella. El personal de respuesta conjunta habla con ella sobre sus inquietudes, comparte recursos y se comunica después de cualquier evaluación. Si el equipo está dando vueltas y se encuentra con su hijo, también establecen contacto con él.
“Me gusta que ahora lo conocen”, dice. “Lo han visto cuando está muy bien y cuando no”.
Teague y otros en puestos similares quizás también estén mejor conectados con los recursos del área que los policías. Eso ayuda a Teague y a sus colegas a realizar las derivaciones apropiadas y fortalecer relaciones entre grupos históricamente desconectados, como un departamento de policía y el banco local de alimentos.
“Siempre parece que estamos faltos de información como clínicos que trabajamos en el mundo de las crisis. La implementación de estos equipos ha creado otra puerta para que las personas tengan acceso a servicios, a los cuales no han tenido acceso históricamente”, dice Rodriguez de Axis Health.
Algunos pueblos rurales han observado suficientes pruebas en un par de años como para querer invertir aún más en esfuerzos de respuesta conjunta.
El equipo de CORE de Durango respondió a más de 1,000 llamadas el año pasado. El programa ahora es una parte esencial de la comunidad, con residentes como Laura solicitando específicamente a CORE cuando se comunican con los servicios de emergencia. Hasta los policías que inicialmente se resistían a la idea han empezado a solicitar la ayuda de CORE durante casos, dice Brammer, el jefe de policía. Su objetivo es establecer un equipo de cuatro policías y cuatro profesionales clínicos.
Alamosa recientemente expandió su programa de un año de antigüedad. El Departamento de Policía de Alamosa contrató a su primer profesional clínico de respuesta conjunta en agosto de 2022; un segundo empleado se unió en junio.
Los profesionales de respuesta conjunta de Alamosa, Colo., Tim Dellett (izq.) y Connie Brydges (centro) ayudan a Karen Smith (der.) en el campamento de St. Benedict en Alamosa el 21 de agosto, 2023. Fotografía de John McEvoy / enviado especial de The Colorado Trust
“Dependemos de un recurso muy limitado aquí en el Valle de San Luis”, dice Ken Anderson, el jefe de policía en Alamosa. “Tener a una persona certificada para que pueda manejar estas cosas ha sido crucial… Ha aliviado [a la división de patrullas de] tener que dedicarse a situaciones que no son de emergencia. Le ha proporcionado a la comunidad tratamiento profesional. Ha dirigido los recursos que están disponibles a las personas que los necesitan en lugar de que las fuerzas de seguridad tengamos que apostar en qué es lo que vamos a hacer”.
El primer profesional clínico de Alamosa es Tim Dellett. Llega a las situaciones en un automóvil no marcado, con ropa de civil, usando un chaleco amarillo fosforescente que dice “profesional de respuesta conjunta” (en inglés: co-responder) escrito al frente y atrás. Actualmente trabaja cinco días a la semana y atiende a cerca de 50 clientes a través de una colaboración con Valley-Wide Health Systems.
Entre sus clientes figura un residente del área que anteriormente llamaba al 911 más de 20 veces al día. Esas llamadas distraían al personal telefónico de emergencia de responder a las súplicas del resto del valle. Ahora, sus llamadas van directamente a Dellett.
El profesional cínico también visita regularmente el campamento permanente de St. Benedict donde acampan personas sin vivienda para establecer una buena relación. Distribuye su número móvil por cualquier necesidad que no sea de emergencia.
“Soy solo una persona en una cadena de apoyo que se proporciona aquí en la comunidad”, Dellett dice. “Tengo una serie diferente de herramientas y diferentes opciones”.
El puesto de Dellett actualmente está financiado por tres años y solo cubre Alamosa, no todo el Valle de San Luis.
“¿No sería bueno que pudiéramos cubrir todo el valle?” dice. “La necesidad existe”.
Traducido por Alejandra X. Castañeda
