Fotografía de liveslow vía iStock
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En los 21 años desde que Jeanette Vizguerra llegó a Colorado de México, ella crió a sus hijos, inició un negocio y superó seis esfuerzos de las autoridades migratorias federales para deportarla. Pero un plan reciente de la Oficina del Censo de EE. UU. ha debilitado su fe.
Por primera vez en 70 años, el gobierno de EE. UU. planea pedirles a todos los hogares que marquen el estatus de ciudadanía de cada persona en el hogar durante el Censo de 2020.
“Para mí, es muy mala, esta pregunta”, dijo Vizguerra, de 46 años, la madre activista con cuatro hijos que buscó refugio contra las autoridades migratorias en el sótano de una iglesia en Denver el año pasado.
Tres de los hijos de Vizguerra son ciudadanos estadounidenses. El cuarto recibió Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA (por sus siglas en inglés). Vizguerra dejó el santuario en la iglesia el año pasado después de recibir la ayuda de legisladores en Washington, D.C. Esto le ha permitido continuar la lucha contra su deportación en la corte de inmigraciones.
Vizguerra es una de miles de decenas de personas indocumentadas en Colorado, y millones a nivel nacional, que se enfrentan a un futuro incierto bajo el gobierno de Trump. “Me daría miedo poner esta información en la encuesta [censal]. Otras personas también tendrán miedo de que el gobierno comparta esta información con otras agencias, y que la policía o inmigraciones vengan a nuestras casas”, agregó.
La pregunta sobre la ciudadanía también ha inquietado al gobernador de Colorado John Hickenlooper, quien se opone fuertemente a incluir la pregunta en el censo decenal. “La Constitución dice que se deben contar todas las personas en cada estado”, Hickenlooper dijo. “No dice que se deben contar todos los ciudadanos”.
Si miles de inmigrantes, temerosos de que los deporten, o a sus parientes o amigos, o simplemente porque les preocupa su privacidad, deciden no participar en la encuesta obligatoria de 2010, esto distorsionará la exactitud del número de personas que viven en Colorado, y tendría consecuencias de gran alcance.
“Lo que nos preocupa es que se contarán menos personas”, el Gobernador dijo. “Eso afectaría la cantidad de dinero que recibimos del gobierno federal en fondos esenciales para el transporte, los servicios humanos y más”.
El Comité Asesor Científico del Censo, un panel de expertos que asesora a la Oficina del Censo, ha dicho que la decisión de agregar la pregunta sobre el estatus de ciudadanía a la encuesta de 2020 se basó en una “lógica defectuosa” que quizás ponga en peligro la exactitud y privacidad del conteo de personas.
“No importa cuánto diga la Oficina del Censo que ‘mantendrá la confidencialidad de tus datos’, los comentarios en Twitter hablan de cómo la pregunta sobre ciudadanía se usará para intimidar a la gente que no está aquí legalmente”, dijo D. Sunshine Hillygus, PhD, integrante del panel y profesora de ciencias políticas en la Universidad Duke. Hillygus, quien hizo estos comentarios durante la reunión del 29 de marzo del comité, agregó que “eso creará un desafío increíble para la Oficina del Censo en los años venideros”.
Colorado es uno de los estados de más rápido crecimiento en el país, dijo la demógrafa estatal Elizabeth Garner. In 2010, la población de Colorado sumaba un poco más de 5 millones de personas. En 2017, ya había aumentado en 578,000 personas más, según los pronósticos derivados de las muestras anuales de la Encuesta Comunitaria Americana (ACS, por sus siglas en inglés).
Hickenlooper se unió a 19 procuradores generales estatales demócratas e independientes que mandaron una carta al Secretario de Comercio de EE. UU. Wilbur Ross, quien dirige la Oficina del Censo, oponiéndose a la solicitud del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) de agregar la pregunta sobre ciudadanía al Censo de 2020. Un grupo de estados y ciudades también presentó una demanda contra el gobierno de Trump para tratar de prevenir que se incluya la pregunta.
La justificación del DOJ para incluir la pregunta es que, para poder aplicar más eficazmente la Ley de los Derechos a Votar, necesita “datos censales sobre la edad de votación de la población ciudadana a nivel bloque censal”.
Cynthia Coffman, procuradora general de Colorado, concuerda con Ross en que la pregunta sobre ciudadanía en el Censo de 2020 es “necesaria para proporcionar datos completos y precisos”. Ella se unió a procuradores generales de Oklahoma y Louisiana al expresar públicamente su apoyo.
“El objetivo del Censo es producir una imagen tan exacta como sea posible de la composición de nuestro vasto y diverso país para que se represente apropiadamente a toda la gente que vive dentro de sus fronteras”, Coffman dijo.
La Constitución requiere que el gobierno cuente cada 10 años a todas las personas que viven en territorio estadounidense. Los números de la población, reunidos desde 1790, determinan la cantidad de puestos en el Congreso que cada estado recibe y ayuda a definir los límites de los distritos congresales, al igual que los distritos legislativos, distritos escolares y precintos para votar. El conteo censal también se usa para distribuir más de $675 billones de fondos federales entre los estados y funciona como la base para estudios sobre salud pública y otros temas.
Colorado depende mucho de los dólares federales para financiar programas de salud y seguridad pública, educación, agricultura y otros. En general, los fondos federales constituyeron el 30 por ciento del presupuesto general de fondos de $27.8 billones en 2017.
En relación con la distribución del poder político, debido a que la Cámara de Representantes de EE. UU. tiene un total invariable de 435 puestos, los estados con las poblaciones de más rápido crecimiento reciben más puestos en el Congreso. Mientras tanto, aquellos que no estén creciendo tan rápidamente pierden puestos. Colorado obtuvo su séptimo puesto en el Congreso después del Censo en el año 2000, y con base en los cálculos de la población en 2017, el estado está posicionado para obtener un octavo puesto si la población continúa creciendo al mismo ritmo hasta 2020.
“La redistribución de los distritos [electorales] será un enorme factor en Colorado”, Garner dijo. “Definitivamente estamos en fila para recibir un octavo puesto si logramos obtener un buen conteo [censal]”.
Aproximadamente una de cada 10 personas en Colorado, o 537,000 en 2015, son inmigrantes. Esto significa que nacieron en otro país, según el Consejo Americano de Inmigración, un grupo independiente sin fines de lucro con base en Washington, D.C. que ofrece servicios legales a inmigrantes. Se cree que menos de 200,000 son inmigrantes indocumentados, y la mayoría vive en el área metropolitana de Denver, según cifras de varios grupos de investigación.
La mayoría de las personas que migran a Colorado, tanto las que viven aquí legalmente como aquellas sin documentos, son de México. A nivel nacional en 2014, había cerca de 11 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos.
Alyssa Reed, una abogada de asuntos migratorios basada en Denver, cree que el Censo de 2020, con la pregunta sobre ciudadanía incluida, aumentará los temores que ya existen entre la comunidad inmigrante, especialmente si los trabajadores del Censo tocan a la puerta de las personas que no responden, lo cual es una práctica común.
“Estoy segura de que muchos, muchos inmigrantes no van a responder al Censo de 2020 por miedo… de que el gobierno quizás tenga objetivos malvados…y que quizás use esa información en su contra”, Reed dijo. “Las comunidades con muchos inmigrantes, hasta inmigrantes legales que podrían dudar en contestar la pregunta, se van a encontrar infrarrepresentadas [políticamente]”.
El temor subyacente, Garner dijo es que “la información podría potencialmente usarse como se hizo en los años 1940 con los campos de internamiento y los japoneses-estadounidenses”. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Congreso aprobó la Ley de 1942 de Poderes de la Segunda Guerra, la cual revocó las protecciones de confidencialidad federal contra la publicación de información personal censal. Permitió que la Oficina del Censo ayudara al gobierno a reubicar a las personas estadounidenses de origen japonés, en Colorado y otros seis estados, en campos de internamiento al revelar datos bloque por bloque sobre el lugar donde vivían. (La oficina mantuvo que no proporcionó micro datos que revelaron los nombres y otra información individual, necesariamente.) Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, la Oficina del Censo también compartió información de códigos postales sobre estadounidenses de origen árabe con el Departamento de Seguridad Nacional.
El sitio web de la Oficina del Censo dice que es ilegal revelar “información de identificación personal” por 72 años después de un censo decenal. El Título 13 del código de EE. UU. especifica: “Ninguna agencia gubernamental o corte puede usar la información personal contra las personas que contesten [la encuesta]”.
El Departamento de Comercio de EE. UU. anunció en marzo que la pregunta sobre ciudadanía en la encuesta del Censo de 2020 usará las mismas palabras que ya se usan en la ACS, la cual pide a quienes contesten que marquen una de cinco categorías para describir su estatus de ciudadanía. Tres categorías se relacionan con personas que son ciudadanas de EE. UU. al momento de nacer, una se relaciona con los ciudadanos naturalizados y la quinta categoría es una casilla para marcar: “No, no soy ciudadano/a de EE. UU.”.
Garner explicó que la pregunta está escrita de tal forma que “no se relaciona con la legalidad del estatus no ciudadano de la gente que vive aquí. La gente sin ciudadanía igual ser legal en Estados Unidos”. Por ejemplo, los residentes legales permanentes o los extranjeros con permiso de trabajo o visas para estudiantes no son ciudadanos, pero están aquí legalmente.
El abogado de Vizguerra, Hans Meyer, dijo que la pregunta sobre ciudadanía “podría ayudar a identificar poblaciones con más exactitud, lo cual es el objetivo del Censo”. Sin embargo, “en el ambiente actual antinmigrante y nativista del gobierno de Trump, dicha pregunta casi con seguridad hará que la gente no participe, y quizás ese sea el objetivo verdadero”.
Varios medios importantes de comunicación reportaron que defensores de derechos civiles y demócratas temen que obtener un conteo más bajo de grupos clave podría desviar la representación y el poder político y los dólares federales fuera de los estados con poblaciones numerosas de inmigrantes.
Georges C. Benjamin, MD, director ejecutivo de la Asociación Americana de Salud Pública, dijo que le “preocupa mucho” que el miedo y la desconfianza causen una disminución en el porcentaje participativo de las comunidades inmigrantes en el Censo de 2020, y que ocasionen un efecto dominó que empeoren a largo plazo las desigualdades de salud en comunidades vulnerables.
“En salud pública, es crucial obtener información precisa sobre toda la población”, Benjamin dijo. “Si no sabemos los números, no sabemos lo que hay ahí y no podemos planear para eso”.
Las comunidades inmigrantes podrían desarrollar más problemas de salud, como depresión, ansiedad y enfermedades crónicas, y tener acceso a menos programas vitales para su bienestar, Benjamin explicó. “Al final del día, [la pregunta] termina empeorando los problemas desproporcionados que tenemos con la equidad en salud en el país”.
