Kari Litz de Wheat Ridge, Colo., con una foto de su hijo, Dominick Miller, quien actualmente está encarcelado. Miller empezó a recibir advertencias y suspensiones por su comportamiento en la escuela desde kindergarten, y tuvo una interacción con la policía en la escuela en octavo grado. “Hasta el día de hoy, estamos esperando que algún lugar no pierda la fe en él”, Litz dice. Fotografía de Joe Mahoney / enviado especial de The Colorado Trust
Kari Litz casi no puede acordarse de cuántas veces expulsaron a su hijo, Dominick Miller, de la escuela. Sucedió en su primer programa preescolar, donde dijeron que era demasiado agresivo y no obedecía. Tuvo una suspensión en sexto grado por no escuchar al director. Hubo cambios a tres diferentes escuelas medias y de high school y varios programas después de la escuela.
Litz, quien vive en Wheat Ridge, Colorado, adoptó a Miller a través del sistema de custodia temporal cuando tenía 15 meses. “Tuvo desafíos desde el día en que llegó a nuestro hogar”, Litz dice. “Usé mucho espagueti durante los primeros meses porque me lo tiraba—más de lo que esperarías con un niño pequeño”.
La primera vez que Miller apareció en el radar de los administradores escolares fue en kindergarten, cuando el director solía llamar regularmente a Litz por el comportamiento de su hijo. En la escuela, los desafíos de Miller con las funciones ejecutivas (una serie de aptitudes aprendidas relacionadas con el enfoque, el autocontrol y la priorización) hacían que fuera difícil para él estar al tanto de las tareas, recordar fechas y mantenerse enfocado.
Cuando se siente abrumado, “mi cerebro se convierte en papilla”, Miller dice. Al final del segundo grado, lo diagnosticaron con un trastorno del estado de ánimo y empezó a tomar medicamento; también le asignaron un plan del comportamiento, el cual terminó convirtiéndose en un plan de educación individualizada en cuarto grado. En séptimo grado, estuvo a punto de reprobar el año.
“Estaba recibiendo el mensaje de que era malo”, Litz dice. (Desde entonces, los diagnósticos de Miller se actualizaron a trastorno bipolar y trauma complejo.) Los maestros y administradores “estaban actuando como si él estuviera haciendo estas cosas a propósito y no es así—no puede controlarlo”.
Aunque Miller nunca lastimó a nadie, con frecuencia se rehusaba a cumplir las instrucciones de sus maestros; quizás tiraba cosas o, si le agarraban el brazo, empujaba a la persona para que lo dejara. Siempre que eso sucedía, llamaban a Litz para que fuera a buscar a su hijo, o Miller recibía una suspensión dentro o fuera de la escuela.
“Es que era un niño ansioso y nervioso y lo expresaba con enojo o durmiendo”, Miller dice. “Siento que ellos [los maestros] no entendían lo que estaba pasando, y se cerraban. No tenían la capacitación ni la experiencia para saber que no todos los niños encajan en un mismo molde”.
Cuando empezó a dormirse en la parte de atrás de las clases en la escuela media, Litz lo transfirió a una institución académica enfocada en estudiantes neurodivergentes.
Luego llamaron a la policía a la escuela.
A finales del octavo grado, Miller rompió una puerta, le dieron una multa por acoso y recibió una sentencia aplazada. El año siguiente, tiró una olla en al patio de la escuela después de pelearse verbalmente con otro estudiante. A los 17 años, Miller empezó a entrar y salir del sistema de detención juvenil por violaciones de su libertad condicional como desobedecer horarios.
Las cosas continuaron empeorando a partir de eso. Al poco tiempo de que lo liberaran de un centro de detención juvenil en febrero de 2019, Miller entró a robar en una refaccionaria de automóviles, evadió un programa de trabajo al que lo sentenciaron y terminó con una sentencia de tres años en prisión. En 2021, un mes después de que lo dejaran en libertad condicional, a Miller lo volvieron a arrestar por otro robo. Ahora que tiene 23 años, está cumpliendo una sentencia de seis años.
“Lo sigo mandando de aquí para allá”, Litz dice. “Hasta el día de hoy, estamos esperando que algún lugar no pierda la fe en él”.
Entre el ir y venir de una escuela a otra y de un programa especializado a acabar detrás de las rejas, la vida de Miller hasta ahora ha sido turbulenta. Pero su historia no es tan inusual. La secuencia de estudiante problemático en kindergarten a prisionero es lo suficientemente común que tiene su propio nombre: la ruta de la escuela a la prisión (en inglés: the school-to-prison pipeline).
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La ruta de la escuela a la prisión se refiere a las políticas y los procedimientos escolares que pueden llevar a que los estudiantes terminen en el sistema de justicia penal. Puede significar que los administradores dependan demasiado de normas disciplinarias, desde las suspensiones dentro y fuera de la escuela hasta el uso de métodos restrictivos o salones para el encierro. También puede incluir que una escuela dependa de o acuda a las fuerzas de seguridad o agentes escolares armados, en lugar del personal, para que se encarguen de problemas disciplinarios en la escuela, lo cual puede resultar en más arrestos en la escuela—“la manera más rápida para [ir] del salón de clases a la cárcel”, como dice la Unión Americana de Libertades Civiles.
“Le envía el mensaje al niño de que es malo”, dice Pam Bisceglia, directora ejecutiva de AdvocacyDenver, la cual trabaja para apoyar a las personas con discapacidades. “Los niños a quienes los sacan frecuentemente de la escuela debido al comportamiento, esas mismas escuelas, en lugar de la suspensión leve [como llamar a los padres para que los vayan a buscar], cuando van creciendo, ellas [las escuelas] llaman a la policía y hacen que multen al niño”.
Hay un desbalance en el tipo de estudiantes que reciben estos castigos. Los estudiantes de color, que se identifican como LGBTQ+ y aquellos con discapacidades tienen mayor probabilidad de que usen métodos restrictivos con ellos, los encierren o los disciplinen seriamente—y están sobrerrepresentados en el sistema de justicia penal.
El Departamento de Educación de EE. UU., por ejemplo, calcula que entre el 30 por ciento y el 60 por ciento de los adolescentes encarcelados tienen discapacidades. Un estudio longitudinal publicado en 2018 encontró que los jóvenes en custodia temporal como Miller (quien es blanco) están “sobrerrepresentados en la educación especial” y tienen “mayor probabilidad que sus pares de pasar por eventos disciplinarios en la escuela”; un estudio anterior encontró que casi un cuarto de los estudiantes en custodia temporal habían sido expulsados o suspendidos por lo menos una vez. El año pasado, CBS News reportó que “los niños con discapacidades documentadas tenían una probabilidad cuatro veces mayor de ser arrestados en la escuela”.
Por lo general, a los estudiantes negros los disciplinan en un porcentaje tres a cinco veces mayor que a sus pares blancos—una estadística que no ha cambiado mucho en los últimos 50 años, dice Kathryn Wiley, PhD, una profesora adjunta en el Departamento de Liderazgo Educativo y Estudios Políticos en la Universidad Howard que centra sus estudios en la disciplina y seguridad escolar. (Wiley recibió su maestría y doctorado en la Universidad de Colorado en Boulder y fue investigadora adjunta en la Universidad de Denver.)
Eso ciertamente suena verdadero en las Escuelas Públicas de Denver (DPS, por sus siglas en inglés), el distrito escolar más grande en el estado. Datos del Departamento de Educación de Colorado muestran que el 81 por ciento de los estudiantes disciplinados durante el año escolar 2022-23 eran negros/afroamericanos o hispanos/latinos. (“Disciplina” significa desde que los saquen del salón de clases hasta que interactúen con las fuerzas de seguridad pública.) Para ofrecer contexto: el 51.7 por ciento de los estudiantes en el distrito son hispanos, y el 13.7 por ciento son estudiantes negros.
Alrededor del estado, las disparidades raciales son menos obvias que en Denver, pero igual son desproporcionadas. El 45 por ciento de todos los estudiantes disciplinados en el estado en 2022-23 eran hispanos/latinos, el 38 por ciento eran blancos y el 9 por ciento, negros/afroamericanos. La población estudiantil en general de preescolar a 12º grado en Colorado es 51.2 por ciento blanca, 35 por ciento hispana/latina y 4.6 por ciento negra.
“Puede dejar a los niños sintiéndose como que no pertenecen en la escuela. Contribuye a toda una serie de problemas”, Wiley dice sobre las prácticas de disciplina escolar. “Se agrega a su expediente. Puede convertirse en un antecedente criminal. Se convierte en un punto de referencia en la escuela, y después el siguiente director en la high school ve que hay una suspensión y luego también se forma una idea negativa sobre ese niño”.
Laura Alford de Colorado Springs con su hijo Samuel de 14 años. A los 12 años, Samuel, quien está en el espectro autista, recibió una multa de la policía y fue suspendido de la escuela después de pegarle a un maestro con una regla de hule. Lo enviaron a un programa de desvío y su desempeño académico empeoró significativamente después del incidente. Fotografía de Joe Mahoney / enviado especial de The Colorado Trust
La mayoría de los eventos disciplinarios serios en la escuela también resultan debido a pequeñas infracciones.
Una investigación de ProPublica Illinois en 2019 encontró que, durante un solo año escolar, no hubo ninguna razón documentada de seguridad en más de un tercio de los 20,000 casos en los que a estudiantes los encerraron. (The Colorado Trust da fondos para el trabajo de ProPublica en Colorado.) Más del 40 por ciento de las derivaciones a las fuerzas de seguridad en las escuelas de Colorado durante el año escolar 2022-23 se relacionaron con violaciones por marihuana u “otras violaciones del código de conducta”, según datos del Departamento de Educación de Colorado. Durante ese mismo período, el 20 por ciento de todas las suspensiones fueron por “interferencia desobediente/rebelde o repetida”. El 22 por ciento de las expulsiones fueron causadas por violaciones por marihuana, mientras que el 17 por ciento fueron causadas por posesión de un arma.
“Existe esta idea de que la seguridad equivale al castigo y de que estamos creando escuelas más seguras cuando sacamos a niños o castigamos a niños por sus infracciones”, Wiley dice. “Pero la realidad es que a la mayoría de los estudiantes los suspenden por casos menores, como contestar o [decir] una grosería”.
Defensores comunitarios y padres dicen que la falta continua de personal, tiempo y recursos, junto con una falta de capacitación adecuada, ha empujado a las escuelas a ser más punitivas y a invalidar los derechos de los estudiantes en nombre de la seguridad. Colorado, por ejemplo, tiene “cientos de [puestos] vacantes” para maestros de educación especial, según reportajes de KRDO.
Un estudio publicado en 2019 encontró que los estudiantes en escuelas con tasas más altas de suspensiones tenían una probabilidad entre 15 y 20 por ciento mayor de estar encarcelados cuando adultos. “Las suspensiones escolares sirven como un punto decisivo negativo que expone a los jóvenes a un riesgo mucho mayor al encarcelamiento conforme hacen la transición a la adultez”, señaló otro estudio.
El gobierno federal admitió que no recopila datos adecuadamente en casos en que se usan métodos restrictivos o encierros en escuelas públicas. Con respecto a las estadísticas en Colorado, “es verdaderamente difícil saber porque se requiere que los distritos escolares produzcan un informe anual con esta información, pero no han tenido que llegar más allá del distrito hasta ahora”, dice Emily Harvey, líder del equipo de acceso comunitario y defensa juvenil en Disability Law Colorado.
Eso está cambiando. El estado aprobó legislación en 2022 que obliga al Departamento de Educación de Colorado a que reúna y recopile datos de todos los distritos escolares sobre suspensiones dentro y fuera de la escuela, expulsiones, estudiantes con quienes usaron esposas o métodos restrictivos, derivaciones a las fuerzas de seguridad y arrestos relacionados con la escuela. Se requerirá que informes subsecuentes se publiquen, por primera vez, en el sitio web del departamento a partir del verano de 2024.
“Estamos luchando para que a los niños los dejen ser niños—darles la libertad de cometer errores y que no los encierren como resultado de esos errores, o que no les pongan esposas o usen otros métodos restrictivos cada vez que cometen un error”, dice Dana Walters Flores, la coordinadora de campañas en Colorado para la Iniciativa de Justicia Juvenil en el Centro Nacional para Leyes Juveniles.
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El hijo de nueve años de Christie fue diagnosticado con autismo el año pasado. Empezó a exhibir lo que ella llama “comportamientos extremos” en segundo grado: pateaba y daba puñetazos que hacían agujeros en las paredes, tiraba sillas. (Nos pidió que no publicáramos su apellido y el nombre de su hijo para proteger su identidad.) Había tenido un plan individualizado de educación desde preescolar y pasado la mayor parte de su tiempo en un salón de educación especial.
A partir de kindergarten, con regularidad lo ponían en un salón tranquilo en su escuela de Highlands Ranch, aunque los administradores solo le dijeron a Christie en dos ocasiones, ambas en primer grado. Cuando su hijo lo mencionaba, Christie asumía que era un espacio para calmarse con sillas tipo puf y quizás algunos juguetes sensoriales o música relajante.
Se enteró de la verdad durante una muestra de arte de los estudiantes en mayo de 2022, casi al final del año cuando su hijo estaba en segundo grado. Él y uno de sus compañeros en la clase de educación especial llevaron a sus madres a una puerta en el salón de clases y señalaron lo que llamaron el “cuarto de tortura”. Ahí fue cuando Christie descubrió que el salón tranquilo era realmente un armario pequeño y oscuro con dos almohadas azules en el piso.
“Me rompió el corazón”, dice. “He estado mandando a mi hijo a la escuela para que obtenga una educación donde pensé que estaba seguro, y ha sido abusado en la escuela. Si yo encerrara a mi hijo en un armario en casa, estaría en la cárcel”.
Christie presentó una queja formal contra el Distrito Escolar RE-1 del Condado de Douglas en septiembre de 2022. Basado en sus conclusiones, el distrito se vio obligado a desarrollar un plan de medidas correctivas, proporcionar capacitación adicional al personal y actualizar procedimientos internos. El hijo de Christie también recibió 30 horas adicionales de enseñanza especializada y 32 horas de servicios para la salud mental.
El hijo de Christie es blanco, pero el informe de seguimiento del Distrito Escolar del Condado de Douglas publicado en mayo mostró que al 41 por ciento de los estudiantes negros los disciplinaron durante el año escolar 2021-22 en comparación con el 16 por ciento de los estudiantes blancos. En agosto, tres familias de estudiantes negros y birraciales iniciaron una demanda civil federal contra el distrito alegando un “racismo generalizado”.
Según las leyes de Colorado, el encierro todavía se permite “en una emergencia y con precaución extrema” después de que opciones menos restrictivas hayan fracasado o se determine que no son eficaces, pero no puede usarse como una forma de castigo ni disciplina o como parte de un plan para modificar el comportamiento (lo mismo corresponde con los métodos restrictivos). Las leyes estatales actualizadas en 2022 también describen que los cuartos para el encierro no pueden ser espacios que además se usan para almacenar cosas, espacios con artículos de limpieza ni oficinas y que a los estudiantes los deben monitorear continuamente, ya sea a través de una ventana o con una cámara de video. Tales cuartos recientemente atrajeron el escrutinio público después de que se descubriera que la Escuela Internacional McAuliffe en Denver estaba violando las normas de DPS al encerrar a estudiantes sin la supervisión apropiada en cuartos que estaban bajo llave o se mantenían cerrados.
Cuando Wiley estaba trabajando como investigadora en la Universidad de Denver, observó que se enviaba a estudiantes a cuartos vacíos como castigo o se les daban tareas para que hicieran “como una sanción”.
“Ese cuarto nunca se vacía”, dice. “Es como una situación de ‘si lo construyes, vienen’. Si eres director de una escuela y autorizas un salón donde puedes enviar a los niños durante el día escolar, la gente lo va a usar”.
Ya sea que a los estudiantes los saquen del salón de clases a través del encierro, los métodos restrictivos, la expulsión o la suspensión, el resultado es un impacto significativo en el aprendizaje.
Los estudiantes en escuelas públicas de Estados Unidos pierden más de 11 millones de días de enseñanza debido a suspensiones fuera de la escuela cada año, según un informe de 2020 del Centro para la Corrección de los Derechos Civiles y del Instituto de Políticas para el Aprendizaje. Los estudiantes negros se ven más afectados en todos los niveles de la educación primaria: Por cada 100 estudiantes inscritos, los estudiantes negros de educación secundaria perdieron 82 días más de enseñanza que sus compañeros blancos; para los varones negros específicamente, fueron 132 días. En la escuela primaria, la diferencia fue de 20 días, y para todo el espectro de kindergarten a 12º grado, fue de 51 días.
A nivel nacional, las personas que están encarceladas tienen una probabilidad bastante mayor de contar con bajos niveles de alfabetismo. Los estudiantes que no están leyendo a nivel de grado en tercer grado tienen una probabilidad cuatro veces menor de graduarse de high school, una realidad que también tiene una fuerte correlación con las interacciones con el sistema de justicia penal.
“Hay tantos niños que entran a un salón de clases y no pueden leer, y cuando llegan al tercer grado empiezan a [portarse mal]”, dice Erin Pier, codirectora del Proyecto de Justicia Transformadora en el Centro del Defensor Juvenil de Colorado. “Es más fácil ser el niño que hace tonterías, que está causando problemas y meterse en problemas que ser el niño que se mete en problemas porque no puede leer”.
Christie dice que su hijo “casi no fue a la escuela” el año pasado debido a la frecuencia con que los administradores la llamaban para que fuera a buscarlo. También lo suspendieron por un total de siete días.
Litz, la madre que vive en Wheat Ridge, dijo que se dio cuenta con base en los exámenes de tercer grado de su hijo que realmente no estaba aprendiendo mucho. “Siempre y cuando no se portara mal, todos estaban contentos y si recibía o no una educación era irrelevante”, dice de cómo percibía ella la actitud del personal en la escuela de su hijo.
Para los estudiantes con un pasado traumático, estas respuestas disciplinarias pueden empeorar problemas existentes de salud mental. También pueden afectar los resultados de salud de sus padres. Un estudio publicado en octubre, el cual se basó en entrevistas con 50 padres de niños negros y blancos con discapacidades diagnosticadas, encontró que los padres estuvieron tan traumatizados por las experiencias de sus hijos con suspensiones fuera de la escuela, encierros y métodos restrictivos que los padres desarrollaron depresión, hipertensión, apoplejía, vómitos producidos por el estrés y otras condiciones.
Laura Alford, una madre en Colorado Springs, cuyo hijo Samuel recibió múltiples suspensiones, todavía tiene síntomas físicos dos años después de que llamaran a la policía por su hijo de 12 años.
“Todavía siento escalofríos cuando mi teléfono suena… Todavía tengo altos niveles de ansiedad. Tengo palpitaciones cardiacas”, dice. “Siento físicamente como si todavía no me hubiera recuperado totalmente”.
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Antes de tomar su puesto en el Centro del Defensor Juvenil de Colorado, Pier pasó 12 años trabajando como psicóloga escolar, la mitad de ellos en las Escuelas Públicas de Aurora. Durante su tiempo ahí, observó a un agente escolar armado mantener a niños en el suelo, “taclear” a estudiantes y ponerles esposas a otros. A algunos los pusieron en patrullas de la policía.
“A estos los designan como el ‘niño problema’. En lugar de darles una segunda oportunidad, en lugar de reparar la relación con el niño, a muchos de estos niños les ponen un blanco en la espalda después de su primer [incidente] y prácticamente los sacan del salón de clases”, dice. “[Somos] directamente responsables de que inicien la ruta de la escuela a la prisión”.
Por lo menos uno de los estudiantes ahora está cumpliendo una sentencia de 40 años en prisión.
Los agentes de la policía no siempre están directamente involucrados en la disciplina escolar, pero pueden estarlo. En junio, el Consejo Escolar de Denver, el cual supervisa el distrito escolar del condado, votó para permitir que agentes regresaran a las escuelas, cambiando una norma de 2020 que los prohibía. La decisión fue en gran parte una respuesta a la muerte de un estudiante por arma de fuego y al tiroteo no mortal de dos administradores en East High School en dos situaciones diferentes a principios de este año. Algunos defensores comunitarios y padres han compartido inquietudes sobre el cambio normativo porque los estudiantes de color enfrentan una probabilidad mayor de que los multen o deriven a las agencias de seguridad pública.
“Mientras más interacciones tengan los estudiantes, y especialmente los estudiantes de color, con las fuerzas de seguridad pública, más probable será que terminen en el sistema de justicia penal”, concuerda Krista Spurgin, directora ejecutiva de Stand for Children Colorado, una organización sin fines de lucro enfocada en la equidad educativa y la justicia racial. “Entendemos la necesidad de controlar la disciplina, pero si no tienes la perspectiva de entender lo que significa que un estudiante interactúe con las fuerzas de seguridad de forma negativa en un edificio escolar y a lo que eso puede llevar, no estamos realmente siendo holísticos en el método para mantener seguros a los estudiantes. Esas son soluciones a corto plazo que están causando problemas a largo plazo para nuestros estudiantes”.
En diciembre de 2021, al hijo de Laura Alford, Samuel—quien está en el espectro autista y va a la escuela en el Distrito Escolar 20 de la Academia en Colorado Springs—lo suspendieron a los 12 años por pegarle a un maestro con una regla de hule. Fue la última de una larga lista de suspensiones durante su año en séptimo grado, pero fue la primera vez que se involucró a la policía.
Cuando Samuel se dio cuenta de que el maestro iba a presentar cargos, se sentó en un rincón del salón y lloró. No recuerda que nadie intentara reconfortarlo. “Pensé que me llevarían a la cárcel”, recuerda.
Más tarde ese mismo día, un policía llegó a su casa, escribió una multa e hizo que Samuel la firmara.
“No entendía por qué la escuela iba a presentar cargos en su contra”, Alford dice. “Esta es supuestamente la escuela que lo está apoyando. Tiene una discapacidad. Pensé que entendían que él tenía una discapacidad. No tenía sentido en mi cerebro por qué estaban presentando cargos en contra de un [niño] de 12 años”.
A Samuel, quien es blanco, lo enviaron a un programa de desvío para menores, el cual completó; sus antecedentes se borraron. Pero el evento “cambió la trayectoria completa de su educación”, Alford dice. “Hasta ese momento, había tenido buenas calificaciones, todas As y Bs. El semestre después de los cargos, estaba reprobando todas sus materias. Nuestra familia estaba traumatizada por toda la situación”.
Examinando el pasado, Samuel, quien ahora tiene 14 años, reconoce que su respuesta furiosa—con frecuencia tirando cosas o volteando escritorios—solía empeorar cuando lo castigaban en lugar de darle el espacio para procesar sus sentimientos. “Estoy empezando a ver un patrón”, dice. “Cuando había disciplina, mi enojo era más violento—y cuando no había disciplina, solo había como plática, era menos [violento]”.
Samuel está empezando a pensar en regresar a la escuela pública. No piensa mucho sobre lo que sucedió hace dos años y siente que ha madurado lo suficiente como para intentarlo otra vez.
La historia es diferente para Dominick Miller, a quien todavía le quedan varios años en su sentencia de prisión.
“Creo que todo tiene que ver con no haber recibido la ayuda que necesitaba en la escuela en el momento más importante”, dice. “Ni las decisiones de nadie más ni la falta de apoyo de nadie más me pueden poner aquí [en prisión]. Mis propios problemas me pusieron aquí. Pero creo que hubiera ayudado tener esa estabilidad y apoyo en las escuelas”.
Traducido por Alejandra X. Castañeda
