Fotografía de JANIFEST vía iStock
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Los prisioneros con enfermedades mentales continúan luchando por reconocimiento y servicios en un sistema cambiante de cuidados para la salud el comportamiento en el Departamento de Correcciones de Colorado (CDOC, por sus siglas en inglés). Esto según dice un informe reciente que llevó a cabo la Oficina del Auditor Estatal.
Los auditores encontraron que a los prisioneros con enfermedades mentales no se les diagnostica o da seguimiento continuo en el sistema, lo cual a veces resulta en el aislamiento, o confinamiento en solitario, inapropiado (o hasta ilegal) o la segregación disciplinaria.
El 6 de diciembre, durante una audiencia del Comité Legislativo Auditor, líderes del CDOC aceptaron muchas de las recomendaciones del informe, pero defendieron mejoras recientes.
En una declaración, el departamento dijo que “muchos de los resultados de la auditoría se pueden atribuir a la aclimatación mientras buscamos crear, proporcionar e implementar nuevos programas innovadores y progresistas”.
El CDOC también asignó culpabilidad a un sistema anticuado de computación, el cual se reemplazará en dos a cuatro años, y a la falta de personal. En los años fiscales 2015 y 2016, hubo un 20 por ciento de puestos vacantes en el programa de salud mental.
Probablemente no existe un lugar en el que las disparidades en salud sean más evidentes que en las prisiones. Las personas encarceladas sufren tasas más altas de tuberculosis, VIH/SIDA y hepatitis C, según el Centro de Salud y Derechos Humanos de los Prisioneros de Brown University. La diabetes, la hipertensión y el asma también son más prevalentes entre los prisioneros, y ciertos estudios han encontrado que los prisioneros no reciben tratamiento para condiciones físicas crónicas durante su encarcelamiento.
En 2014, el 27 por ciento de los hombres y el 72 por ciento de las mujeres recluidos en el sistema de prisiones de Colorado tuvo necesidades médicas moderadas a severas—porcentajes mucho más altos que los de la población en general.
Las disparidades raciales también son más profundas entre las personas encarceladas y el resto de los habitantes de Colorado. Según un análisis de Rocky Mountain PBS News, en 2014, los adultos negros tenían una probabilidad seis veces mayor de estar en una cárcel o prisión en Colorado que los adultos blancos. Para los adultos latinos, la probabilidad era una y media veces mayor.
En las prisiones se concentran personas con enfermedades mentales. De las 17,977 confinadas en prisiones de Colorado a finales de 2015, los auditores encontraron que el 43 por ciento tenía una diagnosis psiquiátrica. Además, el 74 por ciento necesitaba tratamiento contra el abuso de sustancias, según el informe de la auditoría.
“He aceptado el hecho de que dirijo la institución de salud mental más grande en el estado de Colorado”, dijo Rick Raemisch, director ejecutivo de CDOC durante la reciente audiencia legislativa.
En 2011, legisladores y líderes de prisiones en Colorado empezaron a reexaminar el uso del aislamiento en las prisiones. Dos años después, las prisiones implementaron un programa para prisioneros con necesidades de salud mental con el objetivo de resolver problemas de comportamiento utilizando tratamiento en lugar de aislamiento.
Las reformas solo se relacionaron con las prisiones, no con las cárceles en donde se detienen a las personas antes de un juicio. Con la propuesta 64 de ley del Senado en 2014, los legisladores de Colorado prohibieron el uso del aislamiento a largo plazo para los prisioneros con enfermedades mentales serias, excepto en las circunstancias más extremas.
A pesar de la nueva ley, los auditores encontraron violaciones en 2014 y 2015, incluyendo:
Además, el personal de las prisiones no llevó a cabo examinaciones de salud mental antes o durante el aislamiento de los prisioneros.
Se ha demostrado que el aislamiento o confinamiento en solitario empeora o crea enfermedades psiquiátricas, resultando en delirio, pensamientos repetitivos excesivos y automutilación o ideas suicidas, entre otros problemas. Colorado tiene el porcentaje más bajo de aislamiento de prisioneros en la nación, según un análisis de las reformas de prisiones estatales producido por la organización Solitary Watch.
El programa de estadía interna para el tratamiento de prisioneros con enfermedades mentales debe ofrecer 20 horas semanales de tiempo en actividades afuera de las celdas, incluyendo 10 horas de tiempo terapéutico. Los auditores encontraron que el departamento no podía monitorizar cuánto tiempo afuera de sus celdas se les ofrecía a los prisioneros. Los datos que sí existían mostraron que el 38 por ciento de los prisioneros no recibieron las 10 horas semanales de tiempo terapéutico. Cuando sí se les ofrecía, los prisioneros rechazaban el programa terapéutico 57 por ciento de las veces.
Renae Jordan, directora de servicios clínicos y penitenciarios del CDOC, dijo a los legisladores durante la audiencia que el departamento estuvo de acuerdo con las recomendaciones de los auditores y que empezó a implementar reformas adicionales desde que los auditores hicieron la evaluación.
El aislamiento inapropiado es un problema constante, dijo Rebecca Wallace, abogada de planta para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Colorado. Sin embargo, el grupo “confía” en que no es la intención del CDOC mantener en aislamiento a prisioneros con enfermedades mentales. Wallace dijo que el número de aislamientos inapropiados reflejado en la auditoría “es casi con certeza un número menor al real”.
Raemisch dijo que la auditoría llegó en un momento en el que las prisiones están tratando de alcanzar una “visión” de reformas.
“Sigue siendo una tarea en progreso”, Raemisch dijo. “Estamos haciendo lo mejor posible dentro de las circunstancias”.
La habilidad de contratar y mantener empleados profesionales fue central en cada problema identificado, agregó Trey Standley, gerente legislativo de la auditoría.
“Cabe mencionar que eso afecta todos los asuntos que examinamos”, dijo.
Otro de los temas identificados en el informe de la auditoría fue que el CDOC no contaba con objetivos cuantificables y maneras de evaluar los logros alcanzados con las reformas que marcan a Colorado como un líder en el tratamiento de la salud mental en las prisiones.
“Entendemos que ese sea su objetivo e intención, pero ¿cómo lo saben? ¿Cómo saben que eso es lo que está pasando?”, dijo Monica Bowers, auditora adjunta del estado, durante una entrevista.
Muchas de las deficiencias que los auditores resaltaron fueron las mismas que la ACLU de Colorado mencionó en una carta a Raemisch en enero de 2016. La carta elogió los cambios hechos hasta ahora y recomendó hacer uso de un equipo independiente de expertos médicos liderados por un psiquiatra forense para evaluar el programa de salud mental y el diagnóstico de prisioneros desde una perspectiva médica. Raemisch rechazó esa recomendación.
La reciente auditoría estatal no examinó la calidad del tratamiento para la salud del comportamiento ni la precisión de los diagnósticos de la salud mental de los prisioneros. Esto hace que todavía exista la necesidad de obtener información, Wallace dijo.
“Hemos avanzado mucho bajo el liderazgo de Rick Raemisch, pero traer a expertos clínicos externos para hacer realidad total la promesa de estas reformas parece ser un paso lógico para resolver algunos de los problemas identificados en la auditoría y en nuestra carta”, Wallace concluyó.
