Los registros han causado que las personas condenadas por delitos sexuales se concentren en algunas comunidades, incluida la ciudad de Sterling, Colorado. Fotografía de Austin Humphreys
Los registros han causado que las personas condenadas por delitos sexuales se concentren en algunas comunidades, incluida la ciudad de Sterling, Colorado. Fotografía de Austin Humphreys
Las leyes que requieren catalogar, y poner a disposición del público, los nombres de ofensores sexuales condenados llevan los nombres de niños agredidos sexualmente y asesinados por abusadores que ya habían cometido crímenes sexuales. El objetivo era prevenir que a otros niños les ocurriera lo mismo.
La Ley Jacob Wetterling. La Ley de Megan. La Ley Adam Walsh de Protección y Seguridad Infantil.
Quizás la intención de las leyes sea irrefutable. Pero en todo el pais, han concentrado a los agresores sexuales principalmente en vecindarios de bajos ingresos.
Esa distribución desigual es “una de las consecuencias no previstas de los registros sobre agresores sexuales”, dijo Mary Evans, profesora adjunta de criminología y justicia penal en la Universidad del Norte de Colorado. “Los únicos lugares de la sociedad que les permiten volver a ingresar son las áreas socialmente desafiadas”.
Cuando se aprobaron las leyes que obligan a que los agresores sexuales se registren con las autoridades locales, y que esos registros se pongan a disposición del público, pocos se opusieron. (La ley de Colorado se aprobó en 2002.) Pero ahora, algunas personas se están preguntando si los registros públicos tienen un objetivo útil. Más y más estudios de investigación demuestran que estos registros ofrecen poca protección y podrían contribuir a que los agresores sexuales cometan más crímenes.
En el vecindario de East Colfax en Denver, hay 87 agresores sexuales registrados, según la base de datos de agresores sexuales del Buró de Investigaciones de Colorado (CBI, por sus siglas en inglés). El vecindario tiene una población de solo cerca de 11,000, según datos del Censo de EE. UU. que reporta la Fundación Piton.
Muchos de esos habitantes no tienen hogar. Un solo motel en Colfax figura como el domicilio de 22 agresores sexuales. Entre los residentes de East Colfax, la tasa de pobreza es de alrededor del 30 por ciento.
En julio de 2019, el pudiente vecindario de Cherry Creek en Denver no albergaba ni un agresor sexual, según el CBI. Hay dos en el aún más acaudalado vecindario de Country Club justo al oeste. La población conjunta de estos dos vecindarios es de 9,810.
En Cherry Creek, el 2 por ciento de las familias viven en la pobreza, según datos censales. El Censo de 2016 muestra que ninguna familia en Country Club vivía en la pobreza.
Los números de agresores sexuales son aproximados. La mayoría de los agresores deben reportarse cada 90 días y cada vez que cambian de domicilio, pero los registros indican que algunos no se reportan regularmente. Sin embargo, las estadísticas sobre la pobreza y los lugares donde viven los agresores sexuales son constantes a lo largo y ancho de Denver y el estado.
Aspen, con aproximadamente 7,000 habitantes, ingresos medios por hogar de $64,594 y una tasa de pobreza del 9.5 por ciento, según datos del Censo, alberga tres agresores sexuales. La Junta, con una población de aproximadamente 7,000, pero en donde los ingresos medios por hogar son de $32,437 y el 27 por ciento de los habitantes viven en la pobreza, tiene 33 agresores sexuales registrados.
Angela Garcia, integrante del grupo vecinal Globeville First en Denver, no está tan segura de que esas consecuencias sean inesperadas. En comunidades con bajos ingresos, “¿quién se va a quejar? Cuando te sientes ignorada, cuando te sientes invisible, cuando sientes que tu voz no cuenta”.
Excluidos por la zonificación y rechazados
Colorado no es uno de los 30 estados que impide que los agresores sexuales registrados vivan en lugares cercanos a donde se reúnen niños, como parques y escuelas. Pero varias ciudades, incluidas Greeley, Commerce City e Englewood, promulgaron (o intentaron promulgar) restricciones de zonificación para alcanzar objetivos similares. En 2006, Englewood adoptó una ordenanza que prácticamente hubiera excluido a agresores sexuales de casi toda la ciudad. Esa ordenanza se modificó después de varios desafíos legales.
“Es una consecuencia desafortunada de la sociedad y de la forma como el capital social funciona que las comunidades con bajos ingresos sean más vulnerables a concentraciones mayores de agresores sexuales”, dijo Grant Duwe, director de investigaciones y evaluaciones para el Departamento de Correccionales en Minnesota. Duwe ha realizado varios estudios sobre el tema.
Las restricciones de zonificación, en su mayoría aprobadas en comunidades más pudientes, son una explicación. Es mucho más probable que los propietarios en vecindarios con mayores ingresos verifiquen los antecedentes de inquilinos potenciales, y que excluyan a agresores sexuales, Evans dijo. Los obstáculos económicos también contribuyen.
“Necesitas cierta cantidad de recursos para completar la terapia exigida”, dijo Christopher Braddock, un abogado de Denver que representa a varios agresores sexuales. “Y, los trabajos que puedes obtener mientras eres un agresor [registrado] no son trabajos que pagan salarios altos. Y ese es un serio problema”.
Al mismo tiempo, encontrar un propietario en un vecindario pudiente que le alquile a un agresor sexual es prácticamente imposible, dijo Alison Rutterberg, una abogada en Bolder que representa a delincuentes que están desafiando el registro estatal público de agresores sexuales.
A principios de este año, el gobernador Jared Polis ratificó una ley, respaldada por legisladores demócratas, para limitar la habilidad de un propietario de usar antecedentes penales en su decisión de si alquilarle o no a una persona. Pero la ley incluyó un exención que permite a los propietarios tomar en cuenta cualquier ofensa que obligue a un posible inquilino registrarse como agresor sexual.
“Tengo clientes que pueden pagar alquileres en lugares caros, pero a menos que sean dueños de su propiedad, no logran conseguir vivienda”, Ruttenberg dijo. “Los propietarios en vecindarios con ingresos más bajos son menos selectivos de sus inquilinos. Tengo muchos clientes con buenos trabajos que viven en moteles de mala muerte en Colfax y que podrían vivir en otro lugar”.
Temor y valores de la propiedad en descenso
El impacto en estas ciudades, poblados y vecindarios en donde los agresores sexuales viven en grandes cantidades es difícil de evaluar, pero es improbable que la mayoría de los residentes tengan una actitud de “vive y deja vivir”. Dos de las consecuencias más comunes de que los agresores sexuales se congreguen en un vecindario son valores de la propiedad más bajos y temor, Duwe dijo.
Un estudio publicado en 2008 en la revista American Economic Review respalda esa aserción. Usando datos reunidos en Carolina del Norte, los investigadores calcularon que “un solo agresor sexual disminuye los valores de las propiedades más cercanas en alrededor de $5,500 por hogar”, pero agregó que “este efecto se desvanece rápidamente con la distancia entre los hogares y el agresor; los hogares de 0.1 a 0.3 millas de distancia no parecen verse afectados”.
El temor que los agresores sexuales producen está bien documentado. En junio de 2007, por ejemplo, integrantes de una pequeña comunidad en el estado de Nueva York se enteraron de que dos agresores sexuales estaban viviendo en su vecindario. Su reacción incluyó la publicación de carteles frente a los hogares de los delincuentes que decían “Aquí viven monstruos”. También intentaron que desalojaran a los agresores.
Carla Padilla sabe un poco sobre ese temor.
La familia de Padilla ha vivido en el vecindario de Globeville, un vecindario en el norte de Denver, por cinco generaciones. En mayo de este año, el CBI mencionaba en su lista a 167 agresores sexuales registrados en el código postal 80216, el cual incluye la mayor parte de los vecindarios de Globeville y Elyria-Swansea. Y con el verano en plena marcha y sus nietas de vacaciones de la preparatoria, Padilla sabe que estarán afuera y, potencialmente, cerca de algunos de esos individuos registrados.
“Vivimos a media cuadra de un parque. No podemos obligarlas a que se queden adentro todo el verano, así que les enseñamos a que estén atentas”, dijo. “Pero igual miro por la ventana cada cinco minutos, checando [que estén bien]”.
Un tema del que pocos hablan
Cuando el tema tiene que ver con restringir el acceso de los agresores sexuales a ciertos vecindarios, los funcionarios electos, residentes y activistas comunitarios dicen todo lo que piensan. Pero cuando la plática cambia hacia el número desproporcionado de agresores sexuales que ya están viviendo en un área, esos mismo grupos con frecuencia no tienen nada que decir.
Para escribir este artículo, nos tratamos de comunicar con docenas de grupos vecinales, personas que trabajan a favor de los jóvenes marginados, funcionarios electos y otras personas en el oeste de Denver, el vecindario de East Colfax y otros lugares. Paul Lopez, exintegrante del Consejo de la Ciudad y cuyo distrito incluía Sun Valley, Lincoln Park y otros vecindarios en el oeste de Denver con altas cantidades de agresores sexuales, se rehusó a comentar. (Cuando nos tratamos de comunicar con él, Lopez estaba haciendo campaña para convertirse en el secretario de la Ciudad de Denver. Ganó en las elecciones.) Otros sugirieron fuentes alternativas de información. Sin embargo, básicamente, no respondieron para nada a mensajes solicitando comentarios sobre el tema.
Los vecindarios en East Colfax y el oeste de Denver, vecindarios con algunas de las tasas de pobreza más altas en la ciudad y grandes cantidades de agresores sexuales registrados, están atravesando esfuerzos importantes de reurbanización. Denver invirtió millones para comprar y renovar propiedades y está trabajando para atraer inversiones privadas en esas áreas. Por ejemplo, en 2017, Denver anunció planes de comprar un conocido club nocturno en East Colfax que ofrecía baile al desnudo y un lote vacante cercano. El club nocturno estaba ubicado justo enfrente de uno de los hoteles que alberga a un gran número de agresores sexuales. Tanto el club como el lote vacante se designaron para reurbanizarlos con una combinación de viviendas y negocios.
El silencio con frecuencia se extiende entre los residentes de esos vecindarios, y Padilla cree saber la razón.
Sospecha que ella está más conciente del problema que la mayoría; trabaja en el despacho de un abogado cuyos clientes incluyen agresores sexuales. Muchos de sus vecinos, Padilla dijo, tienen otras preocupaciones más inmediatas.
“Estamos luchando contra la contaminación, estamos en un desierto alimentario, hay mucho crimen. Globeville tiene tantas batallas”, Padilla dijo. Que haya agresores sexuales viviendo en la cercanía quizás no sea lo más importante para muchos residentes, piensa.
Si agregamos a esto que muchos residentes en vecindarios con bajos recursos no hablan inglés como lengua materna, la probabilidad de que ingresen a internet para ver el registro de agresores sexuales es poca. “Y si eres indocumentado, no vas a causar problemas”, Padilla dijo.
También dijo que muchos de sus vecinos en Globeville alquilan mes a mes, sin un contrato de alquiler firmado. “Así que, si se quejan ante el propietario, el propietario solo les dirá que se muden”.
Estudios respaldan lo que Padilla ha observado, Evans dijo: “Los residentes de vecindarios más acaudalados suelen tener niveles más altos de estudios y acceso a internet, así que es más probable que verifiquen quién está en su vecindario”.
Temores vs. realidades
Cuando las comunidades pudientes aprueban normas de zonificación que excluyen a agresores sexuales, con frecuencia lo hacen porque creen ampliamente en que vivir cerca de agresores sexuales expone a las personas, especialmente a los niños, a un riesgo mayor. Pero muy pocos datos existen para respaldar estas suposiciones.
En un artículo publicado en 2017 por la Asociación Estadounidense de Abogados, Jill S. Levenson, investigadora especializada en políticas de crímenes sexuales, mencionó que, según el Departamento de Justicia de EE. UU., el 93 por ciento de los niños víctimas de crímenes sexuales sufren abuso a manos de parientes, amigos o conocidos. “Los agresores sexuales no abusan de los niños porque viven cerca de escuelas. Los agreden cuando pueden establecer relaciones con niños y sus familias y se aprovechan de sus puestos de familiaridad, confianza y autoridad”, Levinson escribió.
Un estudio de cerca de 10,000 agresores sexuales encontró que se arrestó nuevamente al 5.3 por ciento de ellos por un crimen sexual dentro de los tres años después de liberarlos de la cárcel, en comparación con el 68 por ciento de todas las personas liberadas por otros tipo de crímenes. Sin embargo, los autores señalaron que las denuncias de crímenes sexuales son notoriamente bajas.
Un factor que aumenta la probabilidad de que un agresor cometa otro crimen sexual: vivir en un vecindario marginado.
“Cuando las personas se reincorporan a la sociedad, necesitan tres cosas para no cometer otro delito: un trabajo, vivienda y conexiones en la comunidad”, Evans dijo. Irse a vivir a una comunidad inestable y con desafíos “es una receta para que reincidan”.
En un estudio publicado en 2010 en la Revista de Investigaciones sobre Crímenes y Delincuencia (Journal of Research in Crime and Delinquency), un equipo de la Universidad de California en Irvine reportó que cuando agresores sexuales viven en vecindarios marginados, “esos vecindarios quizás no puedan cubrir las necesidades sociales y de salud, como de vivienda, oportunidades laborales, tratamiento contra las drogas, atención médica y asesoría, de agresores en libertad condicional”.
Los investigadores también encontraron que es más probable que los agresores sexuales terminen en vecindarios marginados en comparación con otros criminales, incluidos aquellos que han pasado mucho más tiempo en prisión.
“Los agresores sexuales pasan por un ciclo descendente particularmente pernicioso en la calidad de su vecindario: no solo los liberan en vecindarios con desventajas más concentradas e inestabilidad residencial que a otros delincuentes en libertad condicional, sino que también se cambian a peores vecindarios… con cada mudanza”, los investigadores encontraron.
Para muchos, los múltiples cambios de domicilio resultan en la falta de hogar.
La falta de hogar predomina entre los agresores sexuales. En Sterling, una pequeña ciudad en el nordeste de Colorado, 11 de los 55 agresores sexuales registrados en la ciudad no tienen ahogar. El mapa del CBI muestra un grupo de siete agresores sexuales viviendo en un área subdesarrollada junto al río South Platte en la ciudad de Sheridan, en donde los ingresos promedio son un poco más de $40,000 y la tasa de pobreza es del 21.5 por ciento, según datos del Censo.
Gran parte del tratamiento que reciben actualmente los agresores sexuales se centra en reintegrarlos a sus comunidades, dijo Apryl Alexander, profesora adjunta en la escuela superior de psicología profesional de la Universidad de Denver. Alexander es directora del Programa Ambulatorio de Recuperación de Aptitudes en el Instituto Forense de Denver para la Investigación, el Servicio y la Capacitación (Denver FIRST, por sus siglas en inglés).
“Cuando tenemos estas restricciones de residencia, las personas se ven desplazadas”, lo cual dificulta establecer esos lazos que ayudan a prevenir que los agresores cometan crímenes adicionales, dijo.
La falta de hogar hace que la reintegración sea prácticamente imposible. También crea dificultades importantes para las agencias de seguridad pública que intentan monitorear a los agresores, Evans dijo.
Las dudas están aumentando sobre si los registros de agresores sexuales protegen a los niños, o a cualquier persona. “Casi ningún estudio bien controlado muestra algún beneficio cuantificable de la práctica de notificar a las comunidades sobre agresores sexuales que viven en ellas”, Eli Lehrer, presidente la organización de investigaciones no lucrativa Instituto R Street, escribió recientemente en Asuntos Nacionales (National Affairs), una publicación del Instituto Americano Empresarial, un centro conservador de investigaciones.
Entonces, ¿para qué continuar con una ley que concentra aún más las desventajas, en forma de temores y pobreza, entre las familias con bajos ingresos?
Alexander no tuvo respuesta. “Esa es una pregunta para el público en general y los legisladores”.
(Esta historia se publicó en colaboración con The Colorado Sun.)
